La Fenatu también quiere saber si continuará el Plan Renova, para el proceso de renovación vehicular, y otros beneficios como el bono de chatarrización y de compensación, valores que varían según el tamaño del vehículo y su antigüedad. Foto: Cortesía Fenatu
La Federación Nacional de Transportistas Urbanos (Fenatu) quiere sumarse al diálogo convocado por el presidente Lenín Moreno.
Este sábado 15 de julio del 2017, su dirigente nacional, Manuel Medina, presentó una serie de peticiones del gremio, que esperan incluir en la agenda de reuniones nacionales convocadas por el Ejecutivo.“De esta forma buscamos una salida a las deudas que el Estado tienen con los transportistas”, dijo Medina poco después de leer los pedidos ante los agremiados, que se concentraron en una sede del norte de Guayaquil.
Entre sus solicitudes está la regulación de las tarifas, una competencia que fue asignada a los gobiernos autónomos descentralizados. En este tema, los transportistas esperan que el Gobierno haga un seguimiento del trabajo de los municipios.
También requieren que se cancelen las compensaciones impagas. Esto en relación al subsidio que se otorga a adultos mayores, personas con discapacidad y estudiantes.
Los dirigentes aseguran que los valores que recibía por esa compensación, de parte del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, se suspendieron en el 2014 para el transporte urbano.
“Exigimos el pago de lo adeudado y que el Estado asuma directamente con los beneficiados el subsidio”, dijo Medina.
La Fenatu también quiere saber si continuará el Plan Renova, para el proceso de renovación vehicular, y otros beneficios como el bono de chatarrización (entre USD 7 000 y 5 000) y de compensación (USD 9 000 a 17 000), valores que varían según el tamaño del vehículo y su antigüedad.
Otra de las demandas es la importación exonerada de unidades, solamente en chasis o chasis con carrocería. “Pedimos que, para aprovechar el beneficio de la exoneración, se nos permita un cupo de importación directa, tanto de llantas como de vehículos, en chasis o terminados”.
A los transportistas urbanos además les inquieta las sanciones incluidas en el Código Orgánico Integral Penal (COIP) y en la Ley de Tránsito, con multas que van desde rebajas de puntos en la licencia de conducir hasta prisión en ciertos casos. “Es inconstitucional ser dos veces sancionados por la misma causal.
Esta normativa jurídica debe ser derogada”, comentó Medina.
En mayo pasado, varios gremios hicieron un pronunciamiento similar en Quito.
En esa ocasión, se mencionó que el Gobierno les adeuda USD 218 millones por concepto de subsidio de tarifas reducidas, entre el 2014 y 2016. Durante la campaña, el presidente Moreno ofreció seguir con las mejoras a favor de este grupo.