19 de February de 2015 21:51

Comisión pule base legal del acuerdo con los transportistas

Rodas transportistas

Los alcances de la negociación se hicieron públicos, el 21 de enero, en la Tribuna del Sur. Archivo Alfredo Lagla/EL COMERCIO

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Mayra Pacheco
mpacheco@elcomercio.com
Quito

El sustento legal del acuerdo firmado entre los transportistas de buses y el Municipio es un tema que está en la mira. Este 20 de febrero, casi un mes después de que se hizo el anuncio público, se conocerán detalles de este documento en la Comisión de Movilidad. Mañana está previsto tratar el tema en el Concejo.

La entrega de recursos públicos, por parte del Cabildo a 2 385 transportistas de buses motivó varias consultas legales, para su correspondiente sustento. El Código de Planificación y Finanzas Públicas establece que las entidades públicas tienen prohibido destinar dinero no reembolsable a entes privados; pero establece excepciones. Se calcula que para entregar estas compensaciones económicas condicionadas, el Municipio destinará como tope USD 20 millones al año. Para obtener los recursos se harán ajustes en los costos de viajes, consultoría y renovación de mobiliario. La normativa técnica y legal estaría lista. Daniela Chacón, vicealcaldesa y miembro de la Comisión de Movilidad, señaló que el acuerdo está sustentado. Se cuenta con el informe jurídico, certificación presupuestaria y motivaciones técnicas.

Las normativas tomadas como referencia para entregar las asignaciones a los transportistas son una resolución de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (Senplades)
En este documento, emitido el 27 de enero, se establece como prioridad la entrega de recursos económicos para el Proyecto para el fortalecimiento y mejora de la calidad del servicio de transporte para el período 2012-2015. Son más de 262 millones para transportistas de buses interprovinciales. “Esto es un precedente jurídico”, precisó Chacón.

Aparte otro sustento sería la resolución C0028 del Concejo Metropolitano, vigente desde el 2011, donde se establece la factibilidad de entregar recursos a entidades privadas para la ejecución de proyectos en beneficio de la colectividad.

Pero, Cristóbal Buendía, presidente del Observatorio de Movilidad, explicó que, según la normativa, la entrega de donaciones o asignaciones no reembolsables es viable cuando es a favor de entidades privadas sin fines de lucro enfocadas en investigación científica, educación, salud, inclusión social.

Las donaciones, otra figura legal, están destinadas para la ejecución de proyectos prioritarios de inversión en beneficio directo de la colectividad. Estos deben ser priorizados por las entidades de planificación correspondiente según el caso.
Además para ejecutar los desembolsos se debe contar con una partida presupuestaria. “Los transportistas no son entes sin fines de lucro ni están incluidos estos costos en el presupuesto del Municipio”, mencionó Buendía.

La base legal que servirá de sustento preocupa también a concejales de Alianza País. Jorge Albán mencionó que tomando como referencia el Código de Finanzas, el Cabildo estaría imposibilitado de entregar estas compensaciones. Consideró que podría haber justificaciones, porque el servicio de transporte es público. “El sustento legal para hacer la transferencia de recursos públicos debe estar justificado”.

Por esto, Albán mencionó que se tomará su tiempo para revisar la documentación, porque la aprobación del acuerdo es un asunto serio que requiere mucha responsabilidad: se debe hacer reformas al presupuesto y establecer garantías para que los transportistas cumplan los compromisos.

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