9 de julio de 2018 16:53

El caso de tortura contra un grupo de escolares llega a audiencia de juzgamiento, en Guayaquil

El plantel donde se registraron los abusos contra los niños fue intervenido por el Ministerio de Educación, aplicando el acuerdo ministerial 100 A. Foto: Archivo / EL COMERCIO

El plantel donde se registraron los abusos contra los niños fue intervenido por el Ministerio de Educación, aplicando el acuerdo ministerial 100 A. Foto: Archivo / EL COMERCIO

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Elena Paucar

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La audiencia de juzgamiento por tortura contra dos docentes fiscales está programada para las 08:15 del martes 10 de julio del 2018. Eduardo B. S. y Máximo M. M. fueron acusados de amarrar y agredir a un grupo de estudiantes de 7 años, dentro del baño de un colegio público del norte de Guayaquil. Otros dos maestros son procesados por violación.

Según el artículo 151 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), el delito de tortura es sancionado con pena privativa de libertad de 7 a 10 años.

La sanción puede llegar hasta 13 años si el afectado es menor de 18 años.
El caso fue denunciado en octubre de 2017. Cuatro niños fueron las víctimas. Ellos confesaron a sus padres que fueron amenazados con cuchillos, atados con cuerdas y abusados sexualmente en los baños del plantel por maestros de la sección secundaria.

“Esperamos lograr una sentencia definitiva, que se les dé una sanción y que ya termine esto”, dijo la madre de uno de los niños. Tres de los pequeños fueron cambiados a otras instituciones educativas y aún reciben ayuda sicológica.

El plantel donde se registraron los abusos fue intervenido por el Ministerio de Educación, aplicando el acuerdo ministerial 100 A. Según ese documento la intervención puede durar hasta un año y busca solucionar problemas que contraríen el normal funcionamiento de las instituciones o por casos de conmoción.

La subsecretaría de Educación de la zona 8, Ericka Laínez, indicó que ese proceso está por concluir. Esta fase incluyó una auditoría y acompañamiento psicológico a los estudiantes.

Cuando se suscitó el hecho, las paredes del plantel fueron manchadas con insultos. Para restar espacio a las ofensas, la comunidad educativa pintó un colorido mural en la parte posterior de la escuela donde estudian 1 800 niños.

Ahora el lugar tiene guardianía privada, hay nuevas autoridades, se reforzaron las escuelas para padres y se reconformó el Departamento de Consejería Estudiantil (DECE). “Algunos docentes salieron y otros fueron cambiados de acuerdo a la necesidad que reflejó la auditoría educativa para poner el perfil más idóneo”, indicó la subsecretaria.

También hubo cambios en la infraestructura. Los baños, el sitio donde ocurrían los abusos, tienen ahora ventanales en las puertas. Y casi siempre hay maestros o padres vigilando.

“Siempre estuvimos aquí, porque nos preocupaba el consumo de drogas. Pero nunca pensamos que unos maestros harían algo tan terrible”, dice una de las madres brigadistas.

Las mujeres controlan las canchas, cuidan bajo las escalares, los corredores de las aulas, recorren los patios laterales y los baños. “Algunas pasamos todo el día aquí, las dos jornadas para cuidar a los niños”, agrega otra integrante de las brigadas.

En el país se han dictado 1 531 sentencias por delitos de agresión sexual contra menores en el ámbito escolar, entre enero de 2015 y abril de 2018. De ese total, el 78% obtuvo fallos condenatorios, según datos de la Fiscalía General del Estado.

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