20 de enero de 2016 00:00

34 testigos citados en juicio de terrorismo contra 2 dirigentes

Manuel Trujillo (izquierda) y Manuela Pacheco (derecha) son las dos personas investigadas por terrorismo. Foto: Glenda Giacometti / EL COMERCIO

Manuel Trujillo (izquierda) y Manuela Pacheco (derecha) son las dos personas investigadas por terrorismo. Foto: Glenda Giacometti / EL COMERCIO

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Cristina Márquez

Cuatro policías heridos y una patrulla averiada. Ese fue el resultado de un enfrentamiento que en el 2012 ocurrió en San Pablo de Amalí, una comunidad situada a 60 minutos de Chillanes, en los límites entre Bolívar y Los Ríos. Eso motivó una acusación por terrorismo, sabotaje y daño a bienes públicos contra dos personas.

Manuel Trujillo y Manuela Pacheco son los procesados.
Ambos son dirigentes de la comunidad que enfrentaron a una Hidroeléctrica por una intervención en el río Dulcepamba. Los comuneros dicen que no había los permisos necesarios para la construcción de un proyecto y la expropiación de terrenos privados. La empresa asegura lo contrario.

La mañana de ayer, ellos llegaron al edificio del Tribunal de Garantías Penales de Bolívar acompañados por activistas sociales, integrantes de organizaciones ecológicas y los dirigentes de la Conaie, y sus organizaciones en Bolívar.
Allí comenzó la audiencia de juzgamiento por terrorismo.
La Fiscalía de Bolívar presentó 19 testigos (17 son policías).

Mientras que la defensa acudió con 15 testigos. En total, 34 personas darán su testimonio en este proceso judicial. “No estamos aquí por ser terroristas, estamos aquí porque nuestra protesta por los derechos del agua y la naturaleza es criminalizada”, dijo Trujillo, un hombre de 53 años.

Él es presidente de la comunidad y asegura que subsiste de lo que cosecha en sus huertas de cacao y naranja.

Según él, el 14 de agosto del 2012, salió de su casa a recoger la fruta y cuando retornó a su comunidad ya se había iniciado el enfrentamiento. “Encontré a mi esposa y a mi nieta llorando en las gradas, había un fuerte olor por el gas lacrimógeno; empezaron a sonar los tiros y me alejé corriendo, junto a mi familia”.

Él afronta 30 procesos judiciales relacionados con la protesta. Las demandas fueron presentadas desde el 2008 por secuestro, sabotaje, daño a bienes públicos, terrorismo.

Manuela Pacheco, otra líder comunitaria, enfrenta los mismos cargos. Sin embargo, ella afirma que no estuvo presente durante los enfrentamientos.

Diego Soria, gerente de Hidrotambo, Hidroeléctrica a la que se señala en este caso, afirma que la empresa no tomó represalias contra dirigentes. “Los procesos judiciales que enfrentan las dos personas fueron impuestos por personas naturales que no están vinculadas a nuestra empresa”.

Las demandas fueron presentadas por guardias de seguridad y trabajadores de la empresa, y por la Fiscalía de Bolívar. Esto, basado en un parte policial presentado por un oficial y en el que se indica que cuatro miembros de su unidad fueron agredidos.
En el documento también se indicó que los uniformados fueron golpeados durante esas protestas.

Diario EL COMERCIO intentó dialogar con la parte acusadora. Pero se informó que la entrevista podría ser concedida únicamente después de la audiencia de juzgamiento.

El conflicto entre los pobladores y la Hidroeléctrica se inició en el 2007, cuando según los habitantes la empresa ingresó a sus predios sin permisos y sin difundir el proyecto. Soria señala que Hidrotambo cuenta con todos los permisos y licencias ambientales para la explotación eléctrica.

Los afectados se organizaron para pedir apoyo de organizaciones como la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh).

Daniel Véjar, abogado de este organismo, señaló que “no hay las evidencias” que sustenten el delito de terrorismo organizado”. También pidieron apoyo de la Defensoría del Pueblo. Hasta el cierre de esta edición seguía la audiencia.

Informe  
La audiencia comenzó ayer en la provincia de Bolívar. Dos personas fueron procesadas tras una protesta del 2012.

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