13 de octubre de 2014 12:13

Terrorismo, delito investigado en el caso Luluncoto, ahora tiene nuevas penas

Los jóvenes del denominado grupo 'Los 10 de Luluncoto' aún deben enfrentar el proceso judicial por terrorismo. Foto: Archivo/ EL COMERCIO

Los jóvenes del denominado grupo 'Los 10 de Luluncoto' aún deben enfrentar el proceso judicial por terrorismo. Foto: Archivo/ EL COMERCIO

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Redacción Seguridad

La detención ocurrió el 3 de marzo del 2012. Ese día, 10 jóvenes fueron detenidos en un departamento ubicado en Luluncoto, un barrio del sur de la capital, en el operativo denominado Sol Rojo. El grupo fue sentenciado a un año de prisión por tentativa de actos de terrorismo, pues se los vinculó con la explosión de tres bombas panfletarias en el 2011, en Quito, Guayaquil y Cuenca.

¿Cómo se juzga el terrorismo? En el nuevo Código Integral Penal, vigente desde el 10 de agosto pasado, la palabra terrorista aparece 25 veces.

A continuación mire las penalidades para este delito.

En el artículo 349 se dice que la persona que promueva, dirija o participe en organizaciones armadas, comandos, grupos de combate, grupos o células terroristas, destinadas a subvertir el orden público, sustituir las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, atacarlas o interferir su normal desempeño, será sancionada con cárcel de cinco a siete años.

En cambio, en el artículo 366 se dice que la persona que individualmente o formando asociaciones armadas, provoque o mantenga en estado de terror a la población o a un sector de ella, mediante actos que pongan en peligro la vida, la integridad física o la libertad de las personas o pongan en peligro las edificaciones, medios de comunicación, transporte, valiéndose de medios capaces de causar estragos, será sancionada con pena privativa de libertad de 10 a 13 años.

Además, la persona que en forma individual o colectiva, de manera directa o indirecta, proporcione, ofrezca, organice o recolecte fondos o activos, de origen lícito o ilícito, con la intención de que se utilicen o a sabiendas de que serán utilizados para financiar en todo o en parte, la comisión de los delitos de terrorismo; o cualquier otro acto destinado a causar la muerte o lesiones corporales graves a un civil o a cualquier otra persona que no participe directamente en las hostilidades en una situación de conflicto armado (…) será sancionada con pena privativa de libertad de siete a diez años.

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