13 de enero del 2017 00:00

5 032 personas de Esmeraldas y Manabí viven en refugios

Julia Deli vive en un refugio de  madera y zinc, en la avenida Unidad Nacional de Bahía de Caráquez. Foto: Juan Carlos Pérez para EL COMERCIO

Julia Deli vive en un refugio de madera y zinc, en la avenida Unidad Nacional de Bahía de Caráquez. Foto: Juan Carlos Pérez para EL COMERCIO

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María Victoria Espinosa
Redactora (I)
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Nueve meses después del terremoto del 16 de abril, 5 032 personas damnificadas de Manabí y Esmeraldas aún viven en refugios, que fueron levantados en los costados de las vías o en las veredas. Paralelamente, 5 556 personas siguen en los albergues administrados por el Estado.

Según el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), entre el 2016 y principios de este año, la cantidad de ese tipo de vivienda bajó. Durante el primer trimestre del terremoto, 12 036 personas vivieron en refugios.

En los 69 refugios registrados por las autoridades constan los 11 que se abrieron en el cantón Atacames, luego del sismo de 5.1 grados que se presentó el 19 de diciembre.

La ministra de esa Cartera, Lídice Larrea, señala que la disminución, sobre todo en Manabí, se debe a la entrega de incentivos para la reconstrucción, construcción y arrendamiento de viviendas.

Sin embargo, no todas las personas de los refugios se han acogido a los incentivos. Otras no van a los albergues porque no están de acuerdo con los controles y reglas, o porque no tienen un lugar amplio para guardar sus pertenencias.

Las lluvias registradas en las dos primeras semanas de este año son el principal problema que soportan, pues el agua se filtra por el plástico o zinc, que sirven de techo a las covachas.

Rosa Quijije vive desde hace ocho meses en un refugio de Pedernales. Antes del terremoto arrendaba una casa en el centro de la ciudad. “Esa casa se derrumbó y el dueño murió”. Cuando quiso acceder a un bono le pidieron el contrato de arrendamiento. “No teníamos nada de eso. Por eso decidimos salir adelante por nuestro propio esfuerzo”.

El alcalde de Pedernales, Gabriel Alcívar, asegura que aún se pueden acceder a incentivos, aunque para eso deben vivir en los tres albergues oficiales. Dice que al estar cerca de las vías interprovinciales se exponen a accidentes. “Se ha tratado de convencerles que vayan a albergues, pero no se ha logrado”.

Con el pasar de los meses, las personas han arreglado mejor los 69 refugios levantados en las dos provincias. Las paredes de plástico están adornadas con fotografías, cuadros o almanaques. En el de Ana Briones, en Pedernales, están pegadas las fotos de dos de sus cuatro hijas, que no viven con ella.

Briones llevó a sus hijas de 7 y 10 años a la casa de un familiar en La Concordia para que las cuidaran mientras ella consigue un trabajo estable. “Me duele estar sin ellas, pero en este momento no puedo mantenerlas. Las otras dos están más grandes y entienden mejor lo que está pasando”.

Una situación similar vive José Zambrano con su familia en Bahía de Caráquez. Aunque él ya tiene el incentivo, no sabe cuándo construirá su casa.

Su refugio está ubicado en un parterre de la avenida Unidad Nacional. Ellos accedieron al bono de reconstrucción. “Nos dieron prioridad porque una de mis hijas tiene 42% de discapacidad intelectual. Pero aún no nos dicen cuándo podemos construir”. La ministra Larrea explica que se debe cumplir con un cronograma de entrega a los favorecidos.

Zambrano cuenta que no podrá aguantar mucho tiempo en ese sitio, debido a que el invierno empezó y la lluvia se filtra por el plástico y el zinc de su covacha. En esa ciudad, 77 familias viven en refugios.

En el refugio Loma de Jama, José Rosales cuenta que desde la semana pasada la lluvia ha ingresado a las carpas donde viven 20 familias. “Nos mojamos y se dañaron los colchones. Solo nos quedaron dos y ahí dormimos 6 personas”.

Para combatir los efectos del invierno, el Municipio les entregó palets de madera, para que reforzaran sus covachas. “Se les pide que vayan a los albergues si las lluvias siguen. Se elabora un plan de contingencia”, indica el vicealcalde de Jama, Robert Castro.

Martha Sosa vive en un refugio en el centro de Jama. Ella señala que en agosto trató de salir del refugio con sus cinco hijos. Viajó hasta Santo Domingo para trabajar en una empresa de productos de limpieza para el hogar. “Solo pude estar tres meses, porque se acabó el contrato a prueba y regresé”.

Dice que no fue al albergue porque hay muchas normas. “Se debe informar a dónde vamos. Se apagan las luces a cierta hora y no hay libertad para que nos visiten”.

La dirigente del refugio Loma en Jama, María Cedeño, señala que las 20 familias se quedaron en los refugios porque ahí están sus terrenos.

El Municipio realiza un estudio y lo más probable es que sean trasladados a otro lugar. Están en una ladera, que es una zona de riesgo, según la Secretaría de Gestión de Riesgos.

Las 20 familias están inscritas para los incentivos de construcción en un nuevo terreno. “No sabemos si serán terrenos como los nuestros o serán casas pequeñas. Por eso no queremos irnos hasta que al menos salgamos favorecidos con los bonos”, dice Cedeño.

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