23 de December de 2009 00:00

El techo para los pobres lleva el sello de Hogar de Cristo

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El padre jesuita   Roberto Costa, ex director del programa Hogar de Cristo, es una de las personas que más conoce la historia de este original proyecto que se desarrolla en el Ecuador. 

El cuenta que  en 1971 se instaló la primera vivienda en           Mapasingue. En esos días, los integrantes de este proyecto levantaban  una casa prefabricada (de caña guadúa y madera) en un día.  Ahora, 28 años después, se registra  una media de entre  10 000 y 12 000 viviendas por año
.
Las poblaciones pobres de Guayaquil son las más favorecidas con este proyecto. Se trata de personas que viven en barrios marginales, especialmente aquellos que son producto de invasiones.

Cada casa tiene un costo   desde USD  840. Inicialmente tenían  una superficie de 24 m², ahora tienen  48m², con la posibilidad de que se puede extender la construcción. Ellos pagan este valor ya sea financiándose con el Bono de la Vivienda, que entrega el Estado, o acordando pagos directos que se realizan mensualmente.

Costa, en 2008, dijo: “Al contrario de lo que la mayoría de la sociedad cree, no hay mora entre los beneficiarios del programa. Son muy buenos pagadores. Hogar de Cristo solo tiene un
3%      de impago”.

LEY DE
COMUNICACIÓN

‘La Ley debe ampliar la participación de los ciudadanos’

ENTREVISTA A ANUNZIATTA  VALDEZ
 
SUBDIRECTORA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Redacción  Guayaquil

¿La ciudadanía ha tenido participación en el debate del proyecto de Ley de Comunicación?

Lamentablemente no. La ciudadanía ha tenido algún conocimiento orientado por los intereses de cada sector, medios y el Gobierno, pero no  un debate serio y realmente   informado. No se ha generado un debate  en el que  se posibilite analizar las diferentes visiones y,  sobre todo, la necesidad de que se respete el derecho que tenemos todos  a la libertad de expresión.

¿Por qué no ha ocurrido?

Porque el interés de quienes promovieron el proyecto inicial no ha tenido como eje   la protección del derecho de la ciudadanía, sino el  control desde el poder central a  cualquier aspecto que no sea  favorable a la  posición del Gobierno. Eso preocupa mucho porque uno de los derechos fundamentales de los ciudadanos es tener una amplia posibilidad de expresión,  lo cual no implica que no haya  sanciones para quienes  abusan  de ese derecho.

¿El proyecto de Ley garantiza la libertad de expresión de los diferentes sectores ciudadanos?

El acuerdo al que han llegado los jefes de bloque de la Asamblea  para poner aspectos básicos en consenso es un gran avance. Sin embargo, en el proyecto  no hay  ningún límite al uso y abuso del Gobierno Central y de algunos gobiernos locales  en los medios de comunicación, para hacer una exaltación de su obra, aun en épocas de campaña. No es posible que el poder utilice ese recurso para consolidarse eternamente en detrimento de los otros candidatos. La Ley no  puede dejar de considerar ese aspecto y limitarlo porque ese sí  es un abuso de un derecho.

¿Cuál es el papel que debe cumplir la ciudadanía en   una   Ley de Comunicación?

Aparte de informarse, que es algo básico, debe participar como veedora  del cumplimiento de las normas. Debe posibilitar foros  y espacios para que cuando se vulneren los derechos, estos sean reparados. Una Ley donde la ciudadanía no la hace suya es letra muerta, como la mayoría de leyes en el Ecuador.

¿Y la ciudadanía ecuatoriana ha cumplido con ese rol de veedor?


No ha cumplido porque es una ciudadanía muy débil. No hay esa convicción de defender los derechos. Cuando se elige por votación popular se delega al funcionario, casi se le da un cheque en blanco para que haga lo que quiera.  Lo único que se reserva el ciudadano es la posibilidad de  no volver a elegirlo en la próxima elección. Tenemos que avanzar hacia  una ciudadanía mucho más comprometida, donde los derechos sean vistos como una forma dinámica y constante dentro de la consolidación de una democracia.

¿Este proyecto de Ley de Comunicación lo garantiza?

Aún falta. La Ley parte de una concepción centralista. No se ve ningún espíritu o   norma que tienda a   un proceso más diversificado, más allá de lo comunitario. Debiera ampliar   la participación de los ciudadanos a nivel micro y ampliar ese espectro que está entre el poder del Gobierno y los  medios privados.

¿Una mejor distribución del espectro radioeléctrico  ayudaría?

Sí, pero debe ser equitativa. Se debiera promover que los sectores comunitarios sean  parte del proceso de comunicación.  


¿Representantes de la ciudadanía deben integrar un Consejo de Comunicación que sancione a los medios?
Sí, pero no deben estar representantes del Gobierno ni de los poderes fácticos. Deben ser ciudadanos con alto prestigio y  éticos, y con un verdadero  compromiso con la defensa de los derechos ciudadanos.  
Pero ¿ un consejo debe sancionar a los medios?
Ningún consejo puede cerrar un medio de comunicación por criterios o contenidos. Puede cerrar,  luego de un proceso de verificación, algún programa que atente contra los derechos de los niños y adolescentes  y otros establecidos en el Art. 19 de la Constitución. Eso sí,  debe ser sancionado porque atenta contra un derecho ciudadano.


¿La inclusión de ciudadanos dentro del Consejo de Comunicación  garantiza que exista una mayor inclusión y participación de la ciudadanía?
El hecho de que estén ciudadanos que no representen a los poderes fácticos es un avance respecto a un mejor rol de la ciudadanía, pero eso no implica que la mayoría nos sintamos parte de ese proceso.

Entonces, ¿qué  mecanismos deberían   establecerse para    incluir a la ciudadanía?
La ley debería facilitar procesos de veeduría ciudadana.     Debiera  aterrizar en espacios cantonales y de juntas parroquiales en donde se analicen los  contenidos y la  programación de los medios para que esa  programación   refleje positivamente   la idiosincrasia nacional.

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