27 de octubre de 2016 00:00

Taxistas pagan hasta 10 000 para legalizar su operación

Actualmente, en la urbe se cuenta con 14 236 taxis autorizados a prestar el servicio de transporte de pasajeros. Foto: Alfredo Lagla / EL COMERCIO

Actualmente, en la urbe se cuenta con 14 236 taxis autorizados a prestar el servicio de transporte de pasajeros. Foto: Alfredo Lagla / EL COMERCIO

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Mayra Pacheco

Solicitar dinero a cambio de un cupo para regularizar un taxi se ha vuelto una práctica recurrente en Quito. Algunos propietarios de autos, que no tienen permisos para operar en al ciudad, han entregado entre USD 400 y 10 000 a supuestos dirigentes. Con este desembolso, aspiran a asegurarse una plaza de trabajo, que por ahora no se conoce si se abrirá.

El estudio que determinará cuál es realmente la oferta y demanda del servicio de taxis en Quito fue recién adjudicado el 24 de octubre. Esta labor está a cargo del consorcio Propraxis-GSD+.

Los resultados de esta consultoría se conocerán en 90 días, es decir, entre enero y febrero del 2017. Así sostuvo Sergio Garnica, concejal independiente e integrante de la Comisión de Movilidad.

Actualmente, en la urbe se cuenta con 14 236 taxis autorizados a prestar el servicio de transporte de pasajeros. Del otro lado, los no formales, se estima que son 6 517. En este medio de transporte se realizan a diario 160 000 viajes, según datos de la Secretaría de Movilidad.

Los conductores de los automotores no regularizados confluyen en los mismos espacios que sus colegas ‘los legales’. Acuden a sitios de concurrencia masiva, atienden clientes previa una llamada, pero se diferencian por tener placas de auto particular (blancas) y no contar con el registro municipal (sello verde).

Entre estas unidades se encuentra la de Raúl C. Él trabaja hace un año en los exteriores de un centro comercial en el sur. En su caso, ser parte de una compañía que tiene taxis por regularizar le costó USD 10 000. Aunque es profesional, optó por este oficio, porque no encontraba una plaza disponible para su especialidad. Raúl C. dijo que en otras cooperativas legales a las que pretendía ingresar le pedían “entre 15 000 y 25 000”.

La cantidad cancelada es considerada una transacción acertada para Raúl C. A su criterio, USD 10 000 guardados en el banco no representan “nada”. En cambio, invertidos en una empresa de taxis, en el mejor de los escenarios, le permitirá trabajar tranquilamente cuando “salgan los papeles”, como han ofrecido los dirigentes de su compañía.

Este optimismo no es compartido por otros conductores de taxis no regulares. Manuel R., quien intentó entrar con un vehículo particular para legalizarlo en una compañía en el suroriente de Quito, abandonó el procedimiento por falta de confianza en el trámite.

Los montos que le solicitaban para garantizarle un cupo durante la supuesta regularización variaban a medida que transcurría el tiempo. Al inicio, le solicitaron cerca de USD 1 000, luego fueron
4 000 y llegó hasta 8 000. Parte de los recursos, según Manuel A., eran para entregar a los contactos que aseguraban la asignación de estos cupos. Pero resolvió no pagar, porque conoce que en este tipo de permisos se emiten mediante un sorteo público. Tampoco denunció este caso, por falta de evidencias.

Del dinero entregado, en la mayoría de los casos la única constancia son solo los comprobantes de depósitos en entidades bancarias. Carlos A., comerciante, aspiraba a trabajar como taxista ‘legal’, se respalda en estos documentos ­para asegurar que pagó a supuestos dirigentes de una compañía del sur de Quito cerca de USD 1 150.

Los cupos para regularizar nuevos taxis no tienen costo. De hecho, a la fecha, ni siquiera se conoce si se requieren o no más unidades en Quito, enfatizó Garnica. “Los pagos realizados no son ninguna garantía para ser parte de este procedimiento”.

Por esto, el edil exhortó a las personas perjudicadas a denunciar este tipo de casos. El mismo llamado hizo Darío Tapia, secretario de Movilidad.

En el Frente de Taxistas en Proceso de Regularización, representado por William Aguagüiña, se tramitan 25 procesos por ventas de supuestos cupos para legalizar taxis. Los montos solicitados oscilan entre USD 1 000 y 5 000.

Según Aguagüiña, para solicitar dinero a los interesados en un cupo, los supuestos dirigentes recurren a dos figuras. Una es constituir una compañía e iniciar una acción de protección para que se garantice el derecho al trabajo. Y otra es asegurar que se tienen nexos que entregarán cupos apenas se inicie un nuevo proceso de regularización.

Tapia mencionó que en el supuesto caso de que se requiera regularizar más unidades, se dará prioridad a las operadoras históricas que están legalmente constituidas o a postulantes que participaron en el proceso de legalización anterior, en el 2011.

Carlos Brunis, presidente de la Unión de Cooperativas en Taxis de Pichincha, precisó que por ahora no se abrirán nuevas plazas, mientras no se conozcan los resultados del estudio.

Infografía taxis Quito


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