11 de abril de 2017 10:38

Taxistas legales quieren evitar más competencia informal

El secretario de Movilidad del Municipio, Darío Tapia, dijo que se conformará una comisión para dialogar con el gremio de los taxis legales sobre un posible aumento de unidades de ese transporte en el Distrito. Foto: Alfredo Lagla/ EL COMERCIO

El secretario de Movilidad del Municipio, Darío Tapia, dijo que se conformará una comisión para dialogar con el gremio de los taxis legales sobre un posible aumento de unidades de ese transporte en el Distrito. Foto: Alfredo Lagla/ EL COMERCIO

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Mayra Pacheco
Redactora (I)
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El estudio sobre la oferta y demanda de taxis en el Distrito causa controversia. Sin tener aún los resultados, caravanas de taxistas convencionales se desplazaron ayer, lunes 10 de abril,  por 16 puntos de la urbe para mostrar su postura frente a este proceso y solicitar que se fortalezcan los controles a las unidades informales.

La presencia masiva de conductores de taxis en las vías generó congestión vehicular, desde las 06:30 hasta las 11:00. Además, el servicio fue limitado. El Municipio analizará posibles sanciones.
Fueron alrededor de 10 000 taxistas con sus unidades vacías -sin pasajeros-, las que participaron en esta manifestación, mencionó Carlos Brunis, presidente de la Unión de Cooperativas de Transporte en Taxi de Pichincha.

De esta manera, parte del gremio amarillo expresó su inconformidad ante la posibilidad de que un estudio determine que se requieran más unidades. “Si el estudio es serio, técnico, responsable y transparente, prácticamente el resultado debería ser cero”, enfatizó Brunis.

En el Distrito, 15 500 unidades de taxis están autorizadas a brindar este servicio. Por su parte, el número de conductores que trabajan al margen de la normativa se calculó en 6 517 en octubre del 2016, pero una información actualizada se tendrá con los resultados de los estudios, informó Darío Tapia, secretario metropolitano de Movilidad.


Aparte de estos datos, constará un diagnóstico sobre la cobertura y la calidad del servicio en Quito. Está previsto que el informe completo se conozca a fines de abril.

En función de esta información, el Concejo Metropolitano autorizará o no la regularización de más taxis. Pero los conductores de las unidades legales resolvieron, ayer, adelantarse y exponer su malestar. El paro es el comienzo y no tiene un tinte político, sostuvo Brunis.

La motivación para tomar esta medida fue la situación “insostenible” que atraviesa actualmente el gremio, según Brunis, quien estima que la competencia informal ha hecho que los ingresos de los taxistas pasen de USD 35 diarios a 20.

Por esto, los conductores de taxis regularizados solicitaron también que se intensifiquen los controles en contra de quienes prestan el servicio sin tener los permisos o vienen de Mejía y Rumiñahui.

Durante el 2016 y lo que va del 2017 alrededor de 6 000 personas han sido sancionadas por prestar el servicio de taxi al margen de la norma. Por transportar pasajeros sin contar con los permisos, el Código Orgánico Integral Penal (COIP) establece una multa de USD 750, la reducción de 10 puntos en la licencia y la retención de las unidades durante siete días mínimo.

Para analizar las demandas del gremio amarillo, el Cabildo resolvió conformar una mesa de diálogo. En esta participarán Juan Zapata, secretario de Gobernabilidad; Sergio Garnica, concejal independiente; Fausto Miranda, supervisor de la Agencia Metropolitana de Tránsito; y técnicos especializados.

En esta mesa se prevé discutir los mecanismos para intensificar los operativos a los taxis informales, el control al uso del servicio vía aplicaciones web y fijar un candado para que no se realicen nuevos procesos de regularización de nuevas unidades en al menos 15 años.

La actualización del estudio sobre la oferta y demanda de taxis en Quito se realiza porque consta en la Ordenanza 047, la cual dio paso a un proceso de regularización de taxis en el 2011. Entonces se sumaron alrededor de 5 500 unidades.

Para Carlos Páez, concejal de Alianza País y exsecretario de Movilidad de la administración municipal anterior, la disposición de actualizar el estudio de taxis cada cinco años fue sustentada. Argumentó que en cinco años la población crece en alrededor del 10%, cambia la dinámica de uso de suelo y los patrones de movilidad en el Distrito.

En los sectores periféricos, Carlos Aguagüiña, dirigente del taxismo informal, mencionó que no hay cobertura de las unidades formales. Por esto considera que se debe generar nuevas oportunidades.

Una vez que se cuente con los estudios sobre la oferta y demanda de taxis, la Comisión de Movilidad analizará el documento para que la propuesta sea conocida en el Concejo. “Antes de saber los resultados ¿cómo podemos reclamar?”, dijo Eddy Sánchez, concejal de MASS.

Por su parte, Guillermo Abad, director de Justicia Vial, enfatizó que tras la experiencia del 2011, el Cabildo debería analizar la posibilidad de cerrar este proceso y no dejar abierta la posibilidad para que se creen nuevas compañías de taxis con la esperanza de acceder a un cupo, en los próximos años.

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