6 de julio de 2017 00:00

‘Taxirrutas’ de Quito no tienen espacio en nueva normativa

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Evelyn Jácome
Redactora (I)
njacome@elcomercio.com

Desean formar parte del proceso de regularización de taxis que empezará en Quito -en caso de aprobarse la ordenanza que esta semana se discutirá en el Concejo-, pero su objetivo no es brindar el servicio de taxi convencional.

Se trata de las unidades que conforman las llamadas taxirrutas y que brindan el servicio de transporte en un circuito cerrado, generalmente en zonas periféricas.

Se los reconoce porque tienen paradas específicas y esperan a tener el vehículo lleno (cuatro pasajeros), para realizar un recorrido de hasta seis kilómetros. Luego regresan al punto de partida.
El usuario cancela entre USD 0,25 y USD 0,50, dependiendo de la zona.

De hecho, en el estudio que hizo la Secretaría de Movilidad para determinar la oferta y demanda del servicio de taxis en Quito, se reveló que los taxis que brindan ese servicio forman parte de los 13 323 informales que operan en Quito. De ellos, 8 693 podrían regularizarse.

Algunas de las taxirrutas de Quito están en La Ecuatoriana, Turubamba, Atucucho, La Bota, el Comité del Pueblo, Carapungo, Chimbacalle, Chilibulo, El Tejar, Carcelén Bajo y Santo Tomás.

Wiliam Aguaguiña, representante de un grupo que reúne a 850 taxis que brindan ese servicio, asegura que sus compañeros esperan ser tomados en cuenta en el proceso de regularización. Muchos de ellos fueron parte de los rezagados que por distintos motivos no pudieron legalizarse en el 2011.

Asegura que han tenido acercamientos con las autoridades y que no van a salir de las zonas donde trabajan. “Vamos a seguir operando bajo el mismo sistema. Pedimos que se nos reconozca y seremos respetuosos de la norma. Estamos abiertos al diálogo y a hallar una solución, si es necesario”, dijo.

El actual proyecto de ordenanza no contempla las taxirrutas. Fausto Miranda, Supervisor de la Agencia Metropolitana de Tránsito, explicó que ese tipo de servicio no es reconocido como una modalidad de transporte y por lo tanto no está permitido según la Ley.

Según Miranda, se han identificado taxirrutas, por lo que esas unidades podrán participar en el proceso de regularización. Sin embargo, una vez regularizadas deberán brindar el servicio de taxi, tal como lo hace el resto de unidades.

Además, el artículo 389 del Código Integral Penal prohíbe las taxirrutas y prevé una sanción del 30% de un salario básico unificado y seis puntos para los infractores de esta norma.
Juan Moreira, de 31 años, presta ese servicio junto al Condado Shopping desde hace casi dos años, luego de haber perdido su trabajo en una farmacéutica.

Trabaja desde las 18:00 hasta las 23:00 en su automóvil y transporta a quienes desean llegar hasta Pomasqui.
Cobra un dólar por persona y al cerrar el mes reúne unos USD 400, con lo que mantiene a sus dos hijas.

Tiene, lo que él llama, clientes frecuentes. María Guayas es una de ellas, quien trabaja en una fábrica en Carcelén industrial y tiene horarios nocturnos. A esa hora le es imposible tomar un bus, y un taxi común le cobraría más de USD 5.

Justamente uno de los argumentos de Aguaguiña es que en las zonas donde las taxirrutas operan hay problemas de transporte: no llegan unidades, los buses tardan más de 20 minutos en pasar o solo brindan el servicio en ciertos horarios.

Frente a eso, Sergio Garnica, concejal de la Comisión de Movilidad, explica que las taxirrutas deberán desaparecer. Reconoce, sin embargo, que todos los sectores deben ser atendidos y plantea que una de las soluciones podría ser que se incorporen microbuses de 25 o 30 personas que cubran esos circuitos.

Así, dice, seis taxis podrían ser reemplazados por un bus, lo que ayudaría a descongestionar esos sectores.

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