7 de febrero de 2015 17:26

La sustracción internacional de menores, el secuestro de un hijo

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Hace casi tres años que Alma Camacho no ve a su hijo Josué. El 27 de mayo de 2012 su exmarido Hilario García se llevó al niño a México sin su conocimiento ni consentimiento y a día de hoy las autoridades no tienen pistas sobre su paradero.

Josué nació en enero de 2005 en México, al cabo de un año su padre dejó el hogar familiar en Jalpan de Serra (Querétaro) para buscar fortuna en Austin (Texas) y en el 2007, Camacho y el niño hicieron el mismo camino hasta Estados Unidos, donde los tres se reencontraron.

Indocumentados, como millones de inmigrantes en Estados Unidos, Camacho encontró trabajo en la cocina de un restaurante en el que sigue siete años después, Josué empezó a aprender en la escuela, mientras que García intercalaba empleos temporales.

"Nosotros habíamos tenido problemas, yo le había dicho que se fuera de casa pero él no quiso. Entonces decidimos seguir viviendo juntos para el bienestar del niño, aunque no como pareja, hasta que llegó el momento que yo decidí irme de la casa y divorciarme", explicó a Efe la mujer.

Eso fue en marzo de 2012, y dos meses después, García optó por regresar a Jalpan de Serra y llevarse al niño con él.

El caso de Josué se conoce en el derecho como sustracción internacional de menores y la Conferencia de La Haya reguló en 1980 el procedimiento a seguir por los estados cuando uno de los padres se lleva al niño a otro país sin permiso ni custodia.

"La mayoría de casos de sustracción de menores en el mundo son entre Estados Unidos y México", explicó a Efe Pamela Brown, abogada de Texas RioGrande Legal Aid, una organización sin ánimo de lucro que representa a personas con pocos recursos, entre ellas Camacho.

Según datos del Departamento de Estado de Estados Unidos, en 2013 hubo 484 nuevos casos entre estos dos países, 326 hacia México y 158 que hicieron el viaje opuesto.

Aunque estas son los cifras oficiales, Brown matizó que "hay muchos más afectados que reportados" y que las estadísticas son "un pequeño porcentaje de los casos que hay".

El protocolo dicta que en caso de sustracción un juez debe localizar el menor y ordenar su traslado al sitio de residencia habitual para después dictaminar la custodia, que en el caso de Josué ya está en posesión de su madre.

De hecho, Camacho ha seguido paso a paso el protocolo que dicta la Conferencia de La Haya.

Pero Josué está desaparecido. Las autoridades han hecho una decena de diligencias en Jalpan de la Serra para encontrarlo, hasta la Interpol ha montado, sin éxito, dos operativos: el último en septiembre de 2014, coincidiendo con el cumpleaños de un hermano de García.

Según María José Vallejo, abogada de Camacho, "en muchas ocasiones el niño estaba ahí" y no lo pudieron encontrar porque "la comunidad entorpeció la diligencia".

"Cuando la familia se enteraba que habría una diligencia o que estábamos buscando al niño, en ocasiones llamaban a la policía local para que nos alejara de su casa", explicó a Efe la letrada.

Una actitud muy distinta a la de las otras instituciones mexicanas involucradas (la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Procuraduría General de Justicia, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y el Juzgado Familiar de Primera Instancia en Querétaro), que sí han mostrado predisposición para encontrar al pequeño Josué.

Al principio Camacho se pudo comunicar con el niño por teléfono, pero al cabo de unos meses, cuando empezaron las multas por desacato contra García, cortaron el contacto.

Desde el momento en el que se llevó a Josué, Camacho sospechó que su exmarido urdió el secuestro con la complicidad de la familia de ella, ya que al llamar a su madre para contarle lo sucedido "no estaba sorprendida", sabía que el niño estaba en el pueblo y le dijo que regresara ella también.

De hecho, un informe de 2013 de la Procuraduría recoge el testimonio de la abuela materna del menor, Margarita Servín, que reconoce que "el niño la visita periódicamente en compañía de su padre" y que en ocasiones "se quedan algunos días en su vivienda".

Servín, según la investigación, afirma "desconocer donde se encuentran viviendo ya que el padre del menor por temor a que le quiten a su hijo no refiere su domicilio".

"Entre ellos planearon llevarse al niño, él porque decidí divorciarme y mi familia para que no perdiéramos la casa que habíamos hecho allá y en la que mi familia había invertido dinero", confesó Camacho.

Pero regresar a Jalpan de la Serra no era ni es una opción para ella: en Austin había formado una familia con otro hombre, con el que tiene un bebé; además, su visa, especial para víctimas de delitos graves, no le permite volver en caso de salir de los Estados Unidos.

Su abogada defiende que "Alma ha seguido cada uno de los pasos correctos dentro del proceso para recuperar al menor, pero hasta ahora el sistema le ha fallado", lamenta.

Por si fuera poco, la mujer también ha recibido amenazas telefónicas en diversas ocasiones para que detenga el proceso legal para recuperar al pequeño Josué.

La última vez que pudo hablar con su hijo fue en diciembre de 2013, desde entonces García lo ha movido "de lugar en lugar", sin ir a la escuela, en una vida propia de fugitivos, evadiendo a las autoridades y rehuyendo el desenlace de la historia: el regreso con su madre a Estados Unidos.

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