18 de julio de 2017  00:00

60 días, la máxima suspensión a cooperativas de transporte

El bus disco 45 de la Cooperativa La Maná se incineró el viernes. 14 personas murieron. Foto: Christian Segarra/EL COMERCIO

El bus disco 45 de la Cooperativa La Maná se incineró el viernes. 14 personas murieron. Foto: Christian Segarra/EL COMERCIO

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Sara Ortiz

Luis Barragán no sabe de dónde sacó las fuerzas para ingresar de nuevo al autobús de la Cooperativa La Maná, que se incendiaba la noche del pasado viernes 14 de julio del 2017.

En medio de gritos y llantos de los demás pasajeros, se arrastró con sus piernas fracturadas hasta el vehículo y rescató de entre los asientos a sus hijos de nueve y siete años.

Los dos estaban con vida, pero cuando llegó la ambulancia, el más pequeño no respiraba. Luis y su hijo mayor se recuperan en un hospital de Quito. Las escenas que vivió en el kilómetro 30 de la vía Alóag-Santo Domingo aún no se borran de su mente.

Experimenta varias emociones: dolor, indignación y rabia. “¿Cómo es posible que ese bus saliera de la terminal?”, se pregunta ahora.
Tras el accidente, la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) abrió una investigación y anunció la suspensión indefinida a la cooperativa. Pero hasta ayer, 17 de julio del 2017, las unidades seguían operativas en Guayaquil, según confirmó este Diario.

Bus interprovincial se incendió al volcarse en la vía Alóag-Santo Domingo. Captura


Personal de la empresa señaló que todavía no recibían la notificación del cierre.

La inhabilitación temporal es una medida recurrente que utiliza la entidad para castigar a las operadoras de transporte.

El último informe elaborado por la ANT indica que en el 2016 se abrieron 55 expedientes en contra de cooperativas que causaron siniestros en el país. Sin embargo, solo siete recibieron sanción. La entidad las suspendió entre 15 y 60 días. Otros 47 procesos, que se arrastran desde el 2011, permanecen en investigación.

La ANT ha dicho que los procesos se dilatan por las maniobras de los abogados que defienden a las compañías.

Ayer, este Diario levantó datos de los seis últimos accidentes de buses interprovinciales y contabilizó 52 fallecidos, entre diciembre del 2016 y el viernes último. Salvo la empresa de La Maná, el resto de cooperativas involucradas han sido sancionadas con suspensiones temporales, pero actualmente ya están operando.

Restos del bus 45 de la Cooperativa La Maná. El automotor circulaba por la vía Alóag-Santo Domingo. Foto: Cristhian Segarra/ EL COMERCIO


En ese grupo aparece la cooperativa Pullman Carchi. En diciembre pasado, una de sus unidades se accidentó en Oyacoto (Quito) y dejó 14 muertos y 19 heridos. “¿Solo un mes de castigo por 14 vidas?”, se preguntaban entonces los familiares de los fallecidos.

Evelyn, de 11 años, es una de las personas que murieron el viernes. Ella iba en el bus acompañada de su tía, Inés Lata, y su primo, también de 11 años. Los tres quedaron atrapados entre las llamas. El domingo, sus parientes recordaron que la menor viajaba hacia Santo Domingo para pasar sus vacaciones y visitar la playa.
Ese día, su madre, Paola Yépez, identificó los restos carbonizados de la pequeña por una chompa que llevaba puesta y que no se destruyó. Ahora pide que esto no se repita.

Fidel Martínez también exige sanciones más duras. Él perdió la movilidad de sus piernas por una fractura en la columna que sufrió cuando el bus de la Cooperativa Zaracay en el que viajaba chocó contra otro auto, el 23 de junio pasado. Ese día murieron cinco personas en el kilómetro 33 de la vía Santo Domingo-Quevedo. Otros 25 pasajeros quedaron heridos.
“Ninguna sanción va a devolverme mi vida, pero al menos las autoridades deberían ser más estrictas y darse cuenta que la vida de las personas es lo que está en juego”.

En enero pasado, el entonces director de la ANT, John Hill, admitió a EL COMERCIO que las sanciones administrativas para las cooperativas no pasan de los 60 días de suspensión.
¿Cómo se calcula el tiempo? Hill señaló que se toma en cuenta, por ejemplo, la conmoción social que causa el siniestro. “No le puedo decir que es por heridos o por muertos, es sencillamente por la conmoción social del accidente”, dijo.

En ese entonces, el funcionario también anunció que la ANT endurecería las sanciones administrativas para las cooperativas. Y planteó como posibles medidas la prohibición para incrementar cupos para nuevos buses y lo mismo si es que solicitan nuevas rutas.

Hasta ahora estas reformas no se han concretado. Ayer se consultó a la ANT sobre este tema, pero hasta el cierre de esta publicación no hubo respuesta.

La Ley de Transporte tiene una sección que habla de las infracciones y las sanciones administrativas para las operadoras. Allí solo se mencionan multas económicas que van desde cuatro hasta ocho remuneraciones básicas.

En el art. 81, numeral 10, se señala, por ejemplo, que las cooperativas que no tengan al día las evaluaciones técnico-mecánicas serán castigadas con seis salarios (USD 2 250).

En el caso del bus de La Maná, las autoridades confirmaron que no pasó la revisión. Ahora el Gobierno analiza la posibilidad de que el transporte público vuelva a ser chequeadas dos veces por año, como regía hasta el 2015.

En abril del 2016, el presidente Rafael Correa dispuso, vía decreto, que los análisis sean solamente una vez al año.

En contexto
Los accidentes de tránsito en unidades de transporte público son recurrentes en varias provincias. Las autoridades no han establecido un sistema integral y efectivo de control y sanción. El Gobierno se reúne mañana con familiares de las víctimas para revisar la ley.

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