7 de January de 2010 00:00

‘La Suptel también actuó sobre supuestos’

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Redacción Política

Desde un punto de vista jurídico, ¿cómo puede  definirse   la conmoción social?

Es el acto o evento que cambia   el sentido de la realidad, que altera la convivencia pacífica de las personas y que provoca una reacción inesperada de la sociedad.

¿Este concepto es aplicable al caso de Teleamazonas, que  fue sancionado por la Superintendencia de Telecomunicaciones?

Esa fue una interpretación jurídica de la Superintendencia de Telecomunicaciones. Esta entidad consideró  que la información que el canal difundió sobre el caso de la exploración de gas en la isla Puná no fue  verificada. También sostuvo que esa información provocó una reacción de los pobladores de la isla y motivó a que se tomaran unos taladros.

¿POR QUÉ
ESTÁ AQUÍ?
Su experiencia. Es abogado y
licenciado
en Comunicación, cuenta con una especialidad en Liderazgo. Está vinculado a la Izq. Democrática.   
Su punto de vista. El Gobierno manipula la información para buscar adeptos a su proyecto. 
Quiere interpretar lo que es conmoción social.

¿El organismo de regulación logró establecer que la información de Teleamazonas motivó esa reacción de la comunidad?

En ningún momento. La Superintendencia de Telecomunicaciones también actuó con base en supuestos. En Derecho nunca  demostró que la información de ese medio de comunicación fue la que motivó la reacción de la comunidad. Por eso, la defensa del canal alegó que no fue  respetado el debido proceso.

¿Quién  debe  definir lo que puede o no ser un caso de grave  conmoción social?

Un juez, en este caso a la Superintendencia de Telecomunicaciones,   que es el organismo de control de ese sector.
 
Pero el presidente Rafael Correa  fue quien primero se pronunció en ese sentido.  ¿Eso es correcto?

A quien le correspondió interpretar si causó o no conmoción social era a la Superintendencia de Telecomunicaciones,   mas no al Presidente de la República.
Él fue quien primero adelantó ese criterio en uno de los enlaces  de los día sábado.

El Mandatario ha puesto el ejemplo del conductor ebrio que es detenido, no porque está en esas condiciones, sino para prevenir que cause un accidente.

¿Es válido el ejemplo para el caso de Teleamazonas?

En Derecho no se puede sancionar con efecto preventivo. Por eso es que incluso cuando se aplican  sanciones se piensa en la rehabilitación del contraventor y en el resarcimiento de la sociedad.
 
La oposición considera que, en las intervenciones de los sábados, el presidente  Correa no  ofrece información verificada. ¿Se pudiera aplicar la misma medida?

La Constitución manda que toda información que se entregue a la sociedad debe ser veraz y verificada. Esa obligación no es aplicable solo para quienes trabajan en la entrega del servicio de información, en este caso los periodistas y los medios de comunicación, sino para todos los que difunden   información para la colectividad.
 
¿La denuncia del presidente Correa, de que los hermanos Gutiérrez estarían creando malestar en los cuarteles con el fin de desestabilizar al Gobierno,
también se puede entender como causante de conmoción social?

Sí. Este es un claro hecho de manipulación de la información  del Gobierno con el objetivo de generar movilización para generar un  respaldo a su favor.  Este es un  proceso de desinformación -porque la denuncia formulada no fue  verificada -  con claras intencionalidades políticas a favor de su proyecto político.
 
¿Se debería regular ese tipo de intervenciones?

Esta y varias denuncias formuladas en esos enlaces no solo que no han cumplido con  el requisito de ser verificadas, sino que adicionalmente han incurrido en delitos de tipo penal porque  se ha infamado e  injuriado, no solo a colectivos sino a personas. En ese caso, estamos hablando de que se atentó en contra del derecho a la honra y al  buen nombre de las personas que está garantizado en la Constitución de la República.

 ¿Cuál es la intencionalidad  del Régimen con ese tipo de afirmaciones?

Desde mi punto de vista, es  manipular la opinión pública. Quienes tenemos conocimientos en materia jurídica nos sentimos insultados en nuestra inteligencia cuando escuchamos ese tipo de intervenciones. Los funcionarios de Gobierno saben que mientras más sea la desinformación a la ciudadanía, esta tendrá menos posibilidad de influir en las grandes decisiones nacionales.

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