16 de mayo de 2016 00:00

Ley de Ordenamiento crea la sexta superintendencia

Foto referencial. La Asamblea aprobó la creación de una Superintendencia desTinada a regular y sancionar a los gobiernos autónomos que incumplan con la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo. Foto: Pavel Calahorrano/ EL COMERCIO

Foto referencial. La Asamblea aprobó la creación de una Superintendencia destinada a regular y sancionar a los gobiernos autónomos que incumplan con la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo. Foto: Pavel Calahorrano/ EL COMERCIO

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Redacción Política.  (I)
politica@elcomercio.com

Una nueva Superintendencia se une a las cinco existentes en el país. La entidad estará a cargo de controlar y sancionar a los gobiernos autónomos descentralizados que incumplan con lo dispuesto en la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo y normas afines.

La normativa fue aprobada el jueves en la Asamblea y el viernes fue enviada al Ejecutivo, que tiene 30 días para analizarla. Al cabo de este plazo puede aprobarla o vetarla.

Si se produce el segundo caso, la propuesta volverá a la comisión de Gobiernos Autónomos para realizar los cambios.

El oficialista Richard Calderón, de Alianza País (AP) y presidente de la Comisión, espera que en el peor de los panoramas, la iniciativa ingrese al Registro Oficial en 60 días.

La norma permitirá regular el suelo con responsabilidad garantizando un crecimiento urbano con acceso a servicios básicos, con un hábitat seguro, saludable en zonas sin riesgo, según el oficialismo.

Calderón dijo que tras su publicación oficial correrán los plazos para cumplir con las disposiciones transitorias. En ellas se ordena que el Consejo Técnico de Uso y Gestión del Suelo se conforme en 60 días.

Un representante del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda y otro de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo delinerán su reglamento. El Consejo emitirá las regulaciones nacionales sobre el uso y la gestión del suelo.

La segunda disposición transitoria señala que 120 días después de la publicación en el Registro Oficial, se nombre al Superintendente de Ordenamiento Territorial. Esta autoridad será escogida de una terna que envíe el Ejecutivo al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.

El elegido debe ser ecuatoriano, ejercer derechos de participación política, tener título de cuarto nivel y experiencia profesional de cinco años en temas relacionados con ordenamiento territorial y uso del suelo.

El Superintendente, mientras ejerza sus funciones o dos años después, no podrá ser propietario, miembro del directorio, representante o apoderado de personas jurídicas privadas, nacionales o extranjeras, que construyan proyectos inmobiliarios.

En el mismo período no podrá tener contratos con el Estado para ejecutar obras públicas. Tampoco se escogerá a quien haya sido alcalde en los cinco años previos a su nombramiento.

El Superintendente expedirá el reglamento de la institución a su mando. No se conoce cuántos funcionarios se necesitarán y si van a tener representación en los 221 cantones del país. Calderón adelantó que actualmente hay herramientas tecnológicas que optimizarán el trabajo.

El legislador pidió que la ciudadanía se enfoque en lo costoso que resulta reubicar “poblaciones enteras”, debido a la mala planificación. Ejemplificó que en Guayaquil hay cerca de 8 000 hectáreas con asentamientos informales. “Ha sido necesaria la intervención del Gobierno. No han ejercido la competencia de control del uso y gestión de suelo”.

Precisamente, el alcalde del Puerto Principal, Jaime Nebot, aseguró que no acatará lo dispuesto por la Ley.

Las sanciones de la Superintendencia irán hacia los gobiernos autónomos descentralizados. Pero tras un juicio de repetición, las multas podrían ser para sus autoridades.

El alcalde de Quito, Mauricio Rodas y la vicealcaldesa, Daniela Chacón, están en desacuerdo con la Ley. Chacón puntualizó que con esta normativa se quitan competencias que tenían, de manera exclusiva, los municipios. Con esto concuerda el asambleísta Montgómery Sánchez, aliado de AP, quien votó en contra de la iniciativa, el jueves.

Para Fausto Cayambe, de AP, una autoridad debe sancionar la falta de control. Aclaró que no se quita atribuciones a los alcaldes o prefectos.

En el país, hay cinco superintendencias: Información y Comunicación; Control del Poder del Mercado; Economía Popular y Solidaria; Bancos; y Compañías, Valores y Seguros. Las tres primeras fueron creadas por el Régimen actual. Las dos últimas ya existían, pero ampliaron su rango de acción.
El Gobierno también creó, en el 2015, la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, que absorbió a la Superintendencia del ramo y a otras dos entidades.

El pago mensual que se hace a los trabajadores de las cinco instituciones bordea los USD 4,5 millones. Al año, sin contar horas extra y otros rubros, el gasto llega a USD 54.3 millones (ver infografía).

El aumento de la burocracia y el gasto público está entre las preocupaciones de los legisladores que se oponen a la Ley. Mae Montaño, de Creo, señaló que en época de crisis no se puede aumentar la masa laboral.

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