Al finalizar el proceso por la caricatura de Agustín Delgado, Bonil y El Universo debieron ofrecer disculpas públicas. Foto: Archivo / EL COMERCIO
Multas por miles de dólares, órdenes de publicación de portadas y páginas y amonestaciones escritas forman parte de las 342 sanciones que hasta octubre pasado ha impuesto la Superintendencia de la Información y Comunicación (Supercom) a canales de televisión, estaciones de radio y periódicos del país.
En ese mes se cumplieron dos años de gestión del organismo que fue creado en el 2013 una vez que cobrara vigencia la Ley Orgánica de Comunicación (LOC).
Rommel Jurado, experto en temas de comunicación y uno de los principales asesores para la creación de este cuerpo legal, considera que la Supercom es institucionalmente necesaria para que los derechos de las personas en los ámbitos de la comunicación y de la información puedan ser protegidos y exigidos.
Jurado señala que sin una Superintendencia, estos derechos se quedarían solo en el papel y no pasarían de meras declaraciones. Además, implementar la LOC es un desafío que implica un cambio cultural sobre la gestión de la comunicación desde los medios y desde los individuos.
De un total de 569 procesos abiertos desde que empezó su gestión, la Supercom inició 252 casos de oficio. En septiembre pasado, Luis Vivanco, editor general de La Hora, interpuso una acción de protección en el sistema judicial frente a un caso en el que la Supercom le ratificó a ese diario una sanción interpuesta por la misma institución, a partir de una denuncia que se creó dentro de esa misma Superintendencia.
Él llegó junto a sus abogados a la sala de sorteos, con una caja de donas en sus manos, en alusión a Homero, personaje de la serie ‘Los Simpsons’, como un símbolo de que una situación tan “ridícula” como esa no ocurría ni en Springfield. Vivanco dice que los medios que no se alinean al Gobierno están en estado de indefensión, porque la Supercom se vuelve juez y parte.
Sin embargo, Jurado sostiene que esto es una “enorme confusión conceptual en los términos, que puede producir confusión social y política”.
Argumenta que esta y cualquier otra superintendencia manejan cuestiones administrativas sobre un determinado grupo de actores y por eso puede abrir un proceso administrativo no solo por denuncias, sino también por iniciativa propia.
Pero si un ciudadano o medio no está de acuerdo con una sanción de la Supercom, puede apelar dentro de la institución y luego acudir a otras instancias, como el Tribunal Contencioso Administrativo, la Corte Provincial, la Corte Nacional de Justicia y, finalmente, aplicar a un recurso extraordinario de protección en la Corte Constitucional.
Todo esto, dice Jurado, está dentro del debido proceso. “No se trata de jueces sino de controladores administrativos y sus decisiones son impugnables ante la Función Judicial”.
Además, Jurado señala que la difusión sobre los derechos que realiza la Supercom han hecho que la ciudadanía se empodere de la LOC y acuda al organismo con reclamos. Según datos de la institución, 164 denuncias fueron realizadas por ciudadanos particulares.
Entre ellos está una denuncia de organizaciones afroecuatorianas en contra de diario El Universo y su caricaturista Xavier Bonilla, ‘Bonil’, por un dibujo en el que, según el medio, aludía a “la falta de preparación” del asambleísta Agustín Delgado y no a su condición de afroecuatoriano, como se decía en la denuncia.
Al respecto, Vivanco considera que no se ha logrado que las capacitaciones a 138 845 ciudadanos que dice haber realizado la Supercom logra que se apersonen de los contenidos de la LOC.
Más bien cree que la ley y la Superintendencia se han convertido en una herramienta del poder público para controlar a los medios, porque este ha sido el principal usuario de la LOC. En su criterio, los lectores, televidentes, radioescuchas o cibernautas son el único gran sensor para los medios.
Según Jurado, desde este mes habrá control sobre la publicación de contenidos interculturales, luego de una fase explicativa de dos años sobre cómo deben difundirse.