23 de junio de 2016 15:11

La Supercom registra 896 procesos desde vigencia de Ley de Comunicación

Durante el período de vigencia de la ley se han iniciado 896 procesos administrativos a medios de comunicación. Foto: Isabel Alarcón / EL COMERCIO

Durante el período de vigencia de la Ley se han iniciado 896 procesos administrativos a medios de comunicación. Foto: Isabel Alarcón / EL COMERCIO

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Isabel Alarcón

A dos días de cumplir los tres años de la aplicación de la Ley de Comunicación, la mañana de este jueves 23 de junio del 2016 se realizó una presentación de cifras y evaluación de esta norma en la Superintendencia de la Información y Comunicación (Supercom).

Durante el período de vigencia de la Ley se han iniciado 896 procesos administrativos a medios de comunicación. Según Carlos Ochoa, superintendente de la Información y Comunicación, 427 fueron por denuncia y 469 de oficio. De estos el 30% correspondió a denuncias de ciudadanos comunes.

La ciudadanía, organismos e instituciones se están empoderando de la Ley, dijo Ochoa. Para prueba de esto, desde septiembre del 2015 a junio del 2016, solo en la matriz se han registrado 147 réplicas y 200 rectificaciones en los medios sin intervención de la Superintendencia. Del total de procedimientos administrativos, 56 se encuentran en trámite, 121 han sido archivados, 154 absueltos y existen 565 sanciones.

Las radios son las que más sanciones han recibido durante estos tres años, seguidas por los medios impresos y por último los audiovisuales. Ochoa explicó que estas no solo son pecuniarias, incluyen llamadas de atención y solicitudes de réplica.

En general, los medios privados se posicionan en el primer lugar de los sancionados con 552, le siguen los públicos con 22 sanciones y en tercer lugar están los comunitarios con siete. En la presentación de cifras de este año no se diferenció a los medios incautados en una cuarta categoría.

Los privados registran la mayoría de sanciones, explicó Ochoa, porque existen más medios dentro de esta categoría en comparación a los públicos. El monto recaudado por estas medidas durante estos tres años asciende a USD 630 000. En la planta central es donde más se ha recaudado (USD 423 000). Todos estos datos estarán al alcance de la ciudadanía en la página web de la institución.

Las sanciones han incrementado durante este año, según Ochoa, porque se ha ejercido un monitoreo más colectivo que en los primeros años y en los primeros 12 y 24 meses se ejerció una tarea de educación de los parámetros que deben manejar los medios. Ahora se está yendo más hacia su aplicación.

Para el Superintendente lo que se está logrando es que cada vez las personas ejerzan su derecho a la réplica y a la rectificación, que era lo que faltaba antes. Antes, dijo, había una “asimetría perversa entre medios y ciudadanía”. Además, se refirió a los cambios que se han presentado a la Asamblea Nacional para que se incorporen a la Ley de Comunicación. Por ejemplo, que el 45% de la publicidad estatal se redistribuya entre públicos, comunitarios, locales y regionales.

También cree que una “simple disculpa pública no subsana un error tan grande como el linchamiento mediático”. Están proponiendo se genere un articulo más drástico para estos casos.

En temas como las multas pecuniarias se plantea la posibilidad de que en lugar de que el medio pague sanción económica, le entregue programas culturales a la sociedad y espacios para personas con discapacidad. Las sanciones, explicó, no se destinan para el presupuesto de la Supercom, estás van al presupuesto general del Estado.

Entre las preguntas que se hicieron en la rueda de prensa, varios periodistas se refirieron al problema que se da cuando se piden solicitudes de información, estás no son respondidas y luego de publicadas las notas piden réplicas. Según Ochoa, la Ley destaca que si la autoridad no ha querido o no se le ha permitido generar la parte que le corresponde a ella los periodistas deben dejar sentado que se buscó el punto de vista y el afectado no atendió el pedido. En ese caso se libera la responsabilidad del medio. También aclaró que hay mecanismos legales para solicitar información.

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