29 de mayo de 2017 17:00

El subsidio al transporte público en Quito está en estudio

La tarifa de USD 0,25 está vigente desde enero del 2003. Foto: Vicente Costales/ EL COMERCIO.

La tarifa de USD 0,25 está vigente desde enero del 2003. Foto: Vicente Costales/ EL COMERCIO.

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Mayra Pacheco

Mantener la tarifa del transporte público en USD 0,25 demanda de una inversión económica. Aunque los usuarios no sienten, directamente, este costo, para subsidiar la tarifa real en el transporte convencional urbano, la ciudad invierte USD 20 millones.

Además, se destinan USD 40 millones para la operación de la Empresa Metropolitana de Transporte de Pasajeros; entidad que administra la operación del Trole, Ecovía y de los tres corredores.

Para analizar la continuidad o no de la entrega de estos recursos, está en marcha en el Cabildo un proceso para actualizar el pasaje del transporte urbano, rural, combinado, Trolebús, Corredor Oriental, Corredor Sur Occidental y Corredor Central Norte.

Para esto, la Secretaría de Movilidad deberá presentar en junio una propuesta de Ordenanza que permita establecer una política tarifaria.

Si esta propuesta tiene acogida en el Concejo, el pasaje en los buses se actualizaría en función de parámetros técnicos como: costos de operación, rentabilidad, demanda de pasajeros, gastos administrativos, sistemas tecnológicos. También se incluirán indicadores de calidad.


Los USD 0,25 que se pagan en el transporte público en Quito es una de las tarifas más baratas de las ciudades de Suramérica. Este monto es el tercero más bajo.

En la revisión de las tarifas está planificado que participen transportistas, autoridades, usuarios, especialistas. Estos aportes servirán como insumo para la elaboración del proyecto de Ordenanza, precisó Eddy Sánchez, concejal de MASS y presidente de la Comisión de Movilidad.

En esta semana se realizarán reuniones con los representantes del sector para conocer detalles de la consultoría sobre la estructuración del modelo tarifario. Luego se convocarán a mesas de diálogo sobre índices de calidad, tarifa técnica y participación ciudadana.

La aspiración de los transportistas es que el tratamiento de la Ordenanza concluya en julio del presente año para no afectar a la operación del servicio. El convenio que permite entregar las compensaciones vence a fines de junio próximo.

En esta discusión Renata Moreno, concejala de Vive, expresó que en el Concejo se deberá considerar la realidad social para evitar que una posible alza tenga un impacto negativo en los usuarios.

Los recursos económicos destinados al transporte público son recursos de la ciudad, que constan en el presupuesto municipal. Mediante estos valores se solventa, en parte, la diferencia de la tarifa de este servicio que está congelada hace unos 14 años, precisó Sergio Garnica, concejal independiente e integrante de la Comisión de Movilidad.

Los cerca de USD 60 millones invertidos representan, por ejemplo, cuatro intercambiadores De la Granados. Esta obra inaugurada en marzo pasado costó 15 millones.

Aunque la entrega de estos recursos a los transportistas urbanos ha permitido mantener la tarifa en USD 0,25, para el sector este reconocimiento no resulta suficiente.

“Los 25 centavos son insatisfactorios para los gastos que asumimos. La compensación económica ajusta pero tampoco satisface”, sostuvo José Santamaría, presidente de la Cámara de Transporte del Distrito Metropolitano de Quito.

La entrega de compensaciones de USD 450 o 1 000 se realiza de manera mensual, en función del cumplimiento de índices de calidad. Pero no todos cumplen con este requisito.

La Empresa Metropolitana de Transporte de Pasajeros, en cambio, requirió de USD 40 millones para cubrir los costos de operación del 2017. Esto implica, entre otros, el mantenimiento de la infraestructura, de flota nueva y de la antigua.

En ambos casos, por tratarse de empresas privadas o municipales que brindan un servicio a los ciudadanos, Daniela Chacón, concejala independiente e integrante de la Comisión de Movilidad, justificó la entrega de estos valores. “Los servicios de transporte público aquí y en todas partes del mundo son subsidiados”.

Por esto, la edil consideró importante que en el Cabildo se transparente la información para conocer cuánto cuesta, realmente, operar estas unidades. Esto permitirá fijar una política tarifaria y determinar, en el caso que se requiera, la entrega de subsidios con mayor responsabilidad.

En Quito, a diferencia de otras ciudades, se debería considerar la realidad económica y las necesidades de la urbe para no centrar los gastos en un solo ámbito, enfatizó César Arias, consultor en Movilidad.

Los recursos que se destinan para subsidiar el costo del pasaje se podrían destinar, según Arias, a mejoras en la infraestructura vial, en la recolección de la basura. “Estudios determinan que un 80% de los usuarios está en condiciones de asumir un posible incremento de la tarifa”.

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