14 de abril del 2015 00:00

El monto del subsidio estatal para las amas de casa no está definido

IESS

El jueves pasado, la Comisión de Derechos de los Trabajadores aprobó el informe de la reforma en un mitin barrial. Foto: Galo Paguay / Archivo EL COMERCIO

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Mónica Orozco, Gabriela Quiroz
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Los subsidios estatales para el pago de pensiones jubilares y para incorporar a 1,5 millones de amas de casa al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) no están claramente definidos en la reforma legal que tiene previsto votar hoy el Pleno de la Asamblea.

En el proyecto, denominado Justicia Laboral y Trabajo No Remunerado del Hogar, ya no consta el aporte estatal del 40% para pagar las pensiones para casi medio millón de jubilados. Fue reemplazado por un artículo que si bien señala que el Estado garantizará las pensiones “cuando haga falta”, no dice en cuánto ni cómo lo hará.

Por otro lado, la reforma busca que las amas de casa del país accedan a una pensión jubilar. El aporte que cancelará este grupo para acceder al beneficio será de acuerdo con los ingresos de su hogar y el Estado subsidiará una parte, aunque tampoco se establece de cuánto será la subvención.

El Gobierno anunció que entregará el subsidio según los ingresos de la familia y será de hasta el 83% en hogares de bajos ingresos, según una tabla difundida por el exvocal del Ejecutivo al IESS, Víctor Hugo Villacrés, en noviembre.

Pero esos porcentajes no constan en el proyecto, el cual solo anota: “El Estado determinará anualmente en el Presupuesto General del Estado el monto que destinará para subsidiar el porcentaje de aportación individual de las personas que realizan trabajo no remunerado del hogar, en función de la situación socioeconómica de la unidad económica familiar, en los términos establecidos en la presente Ley y en el Código de Planificación y Finanzas Públicas”.

La exintendenta de Seguridad Social, Carmen Corral, calificó de grave, antitécnico e irresponsable que no se definan claramente los porcentajes de aportes que entregará el Estado para ambas coberturas: pensiones y amas de casa. Argumenta que esto crea incertidumbre sobre el financiamiento a futuro.

Eduardo Cadena, titular del Centro de Estudios Económicos de la Cámara de Comercio de Quito, dijo que la reforma pone en riesgo las pensiones de los actuales afiliados.

“La reforma está afectando a 3,1 millones de trabajadores que hoy aportan al IESS y a quienes se les está quitando la oportunidad de acceder a una pensión justa en el futuro”.

Dijo que no es verdad decir que el IESS tiene liquidez pues, según anota un informe del propio IESS, a la entidad ya le faltaron USD 44 millones para el pago de pensiones en el 2014 y este año le faltarán USD 339,1 millones, ya que los ingresos por aportes de los afiliados ya no cubren las necesidades para el pago de pensiones.

Para Corral, el traspaso de los fondos de pensiones privados al Banco del IESS, que deberá concretarse este año, así como la eliminación del 40% y el desconocimiento de la deuda de salud configuran un “feriado a la seguridad social”.

Pero ayer, el presidente Rafael Correa a través de su cuenta de Twitter cuestionó nuevamente la supuesta deuda al IESS: “Se dice que el IESS es de los “afiliados”... ¡pero tenemos que subsidiarlo todos! Se dice que el IESS es “autónomo”... ¡pero el Gobierno tiene que cubrir...todas sus ineficiencias! ¿Cuándo habrá un debate honesto? La verdad: No hay deuda. Hay inversiones del Biess en bonos, que se pagan puntualmente”, expuso Correa.

Frases como: “El IESS es de los jubilados, no del Gobierno”, se repetían ayer en la marcha de la Unión Nacional de Educadores (UNE) y del Frente Revolucionario de Izquierda Universitaria (FRIU) realizada en las afueras de la Caja del IESS en Guayaquil en rechazo a la decisión del Gobierno de reducir y desconocer sus obligaciones con el IESS.

El IESS requiere de USD 1 100 millones.

El Consejo Directivo afrontará los efectos

El Consejo Directivo, máximo órgano de gobierno del IESS, es el que deberá afrontar las consecuencias de la reforma. Este se compone de tres miembros: uno delegado del Ejecutivo y quien preside el ente, y otros dos representantes de los patronos y afiliados. Según la Ley de Seguridad Social son los responsables de las políticas y normativas de los seguros que maneja el IESS.

Richard Espinosa, representante del Ejecutivo, sostuvo que con la reforma se garantiza la sostenibilidad del sistema 23 años. Para esto se basa en un reciente estudio actuarial, que no lo ha hecho público y que reconoció no estar auditado, como exige la Ley. Solo aseguró que no subirán los aportes de afiliados y se pagarán puntualmente las pensiones.

La vocal de los afiliados, Paulina Guerrero, reconoció vía correo que el 40% coadyuva a la sostenibilidad del sistema en la actualidad, pero al no contar con este aporte el Consejo Directivo se obliga a considerar varios escenarios, en función de un nuevo cálculo actuarial que sustente en el tiempo dicha decisión, evitando que se afecte a afiliados y empleadores, y haciendo uso de los principios de la seguridad social.

En un oficio presentado a la Asamblea el 18 de diciembre pasado, Felipe Pezo, vocal de los patronos, consideró que la medida “puede ser nefasta para el sistema de pensiones, lo que hace temer por su estabilidad actuarial”. Y dijo que si se quiere eliminarlo debe ser dentro de una reforma legal integral.

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