5 de agosto de 2016 14:30

Dos organismos investigan la subasta inversa de medicinas

La empresa LIFE, en Quito, posee los permisos sanitarios. Tiene estrictos controles de calidad en su planta. Foto: Vicente Costales / EL COMERCIO

La empresa LIFE, en Quito, posee los permisos sanitarios. Tiene estrictos controles de calidad en su planta. Foto: Vicente Costales / EL COMERCIO

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Diego Puente
dapuente@elcomercio.com

En el proceso de subasta inversa de medicamentos, la Superintendencia de Control de Poder del Mercado (SCPM) detectó supuestas irregularidades en empresas participantes.

Indaga presuntas prácticas anticompetitivas y no descarta encontrar, tras el proceso de investigación, delitos contra el Estado. Los detalles se mantienen en reserva.

El titular de la SCPM, Pedro Páez, habló con EL COMERCIO. En su poder tenía hojas de firmas que fueron señaladas por tener relaciones entre sí.

“Tengo en mis manos una impresión de la Superintendencia de Compañías que habla del caso de Limerickpharma, Ginsberg y Sionpharm que tienen esta situación, pero le digo, no es el único caso”.

El Servicio de Contratación Pública (Sercop) informó que se subastaron 416 medicamentos a un costo de USD 220 millones. Este Diario tuvo acceso a información de 78 de los ganadores de los primeros 381 insumos, por USD 118,5 millones.

Limerickpharma, Ginsberg y Sionpharm funcionan en un mismo edificio y ganaron la subasta por USD 34,8 millones. La dirección registrada de Limerickpharma es Juan Barrezueta y Antonio Castillo, en Carcelén, al norte de Quito. Sionpharm y Ginsberg tienen la misma ubicación inscrita en la Superintendencia de Compañías. El gerente general de ambas es Marco Serrano.

Este Diario pidió una entrevista a Serrano, en un oficio dejado el 5 de julio en las oficinas de Ginsberg. También se envío un correo electrónico. Hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta del empresario.

La relación que existe entre representantes de las empresas no es lo único que llama la atención de las autoridades.

Infografía medicamentos

Páez añadió que la investigación recién empieza y luego se determinarán posibles responsabilidades. “El hecho de tener varias empresas no es una infracción en sí. Es la forma en cómo se pudo haber hecho la oferta. Entonces, en algunos casos podría tipificarse una situación de colusión, podría tipificarse engaño. Eso es lo que hay que investigar”.

Asimismo, el Superintendente detalló que han realizado allanamientos e inspecciones. Incluso se firmaron varios compromisos de cese con compañías que presentaron sus ofertas y participaron de la subasta. Estos casos son analizados y pasarán a una investigación profunda que podría durar tres años. “En realidad aquí se tipificarían varios de los 27 tipos de infracciones que tenemos en la ley. Dependiendo de cada caso”.

Hay mecanismos que se pueden tomar sobre la marcha para proteger el proceso. “Tenemos que ser muy celosos con el derecho a la defensa. Hay recomendaciones, compromisos de cese. Están aprobados y pueden dar una solución inmediata”, señaló.

Santiago Vásquez, director del Servicio de Compras Públicas (Sercop), defendió la transparencia del proceso. “Podemos garantizar que no existe ningún proveedor que tenga más del 15% del monto... inclusive si usted suma grupos, empresas, nadie puede tener más del 20% de la subasta”.

Y puntualizó que no hay impedimento para que las compañías tengan mayor porcentaje de participación. Las tres empresas, por separado, (Limerickpharma, Sionpharm y Ginsberg) están en la lista de los 10 que más ganaron.

En la Ley de Contratación Pública, así como en su Reglamento, no se establece un límite al porcentaje de participación de una sola empresa.

Para el Director del Sercop está en marcha un boicot de parte de un grupo de farmacéuticas. Señaló que los controles al proceso son permanentes y que ellos han denunciado irregularidades.

Así, se refirió a Renato Carló, empresario y presidente de la Asociación de Farmacéuticos del Ecuador (ALFE), quien ganó cerca de USD 5 millones en la subasta y prefirió retirarse en la última etapa. La propia ministra de Salud, Margarita Guevara, también habló de un proceso de boicot. Carló lo negó y mencionó que protege la solidez de su empresa.

Varios laboratorios ganadores que tenían que presentar los documentos habilitantes no lo hicieron. El empresario explicó sus razones.

En un comunicado de ALFE detalla que debe pagar el 8% al operador logístico y pagos de los análisis al laboratorio que haga los exámenes a los medicamentos del proveedor adjudicado. “Esto no estaba considerado antes de las pujas realizadas. El Sercop ni el MSP informaron al respecto”. A esto se suma “la impuntualidad en los pagos por parte del Estado a los proveedores de medicamentos de la Red Pública de Salud”. Lo que disminuiría los márgenes de ganancia.

Por otra parte, la Asamblea también investiga el tema. El 6 de julio llamó a la directora (s) de la Agencia de Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa), Luz María Martínez, para explicar porqué se permitió la participación de productos sin registro sanitario. Ella aclaró que solo se suscribirá convenios marco con quienes lo hayan obtenido antes de la firma.

En esa cita, la asambleísta María Kristina Kronfle preguntó sobre si Arcsa constató físicamente las instalaciones de los ofertantes, incluso los del extranjero. Martínez señaló que hicieron verificaciones in situ y que tienen más mecanismos de control a posteriori.

Lejos de la polémica, LIFE, laboratorio que también ganó varios ítems, abrió sus puertas a este Diario para mostrar sus controles. Su gerente, Héctor Enríquez, contó que las autoridades sanitarias envían equipos que evalúan los procedimientos cuando quieren participar en el extranjero.

En contexto
Mientras las autoridades nacionales defienden la adquisición, representantes del sector farmacéutico privado cuestionan el proceso por supuestas relaciones entre algunas empresas que están entre los ganadores. La Asamblea investiga la subasta.

Rectificación solicitada por el Sercop

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