10 de noviembre de 2017 00:00

El Servicio de Rentas Internas busca más recursos en el sector profesional

El estudio jurídico Nolivos Espinosa contrata un contador para trámites tributarios. Foto: Patrico Terán / EL COMERCIO

El estudio jurídico Nolivos Espinosa contrata un contador para trámites tributarios. Foto: Patrico Terán / EL COMERCIO

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Redacción Negocios

Los profesionales en libre ejercicio, cuyos ingresos brutos superen los USD 300 000 anuales, tendrán la obligación de llevar contabilidad.

Con este cambio, ellos deberán estructurar su sistema de ingresos y gastos, pero además pagarán el anticipo del impuesto a la renta (IR) como lo hacen las empresas.

La disposición es parte del proyecto de Ley para Impulsar la Reactivación Económica del Ecuador, que se analiza en la Asamblea Nacional.

En la actualidad, esta obligación solo tienen las personas nacionales o extranjeras que realizan actividades económicas, si cumplen con algunas condiciones.

La reforma incluye esta obligación a otros contribuyentes como comisionistas, artesanos, agentes y otros trabajadores autónomos.
La normativa busca que los profesionales se conviertan en agentes de retención de todas las compras o adquisiciones de insumos relacionadas con su actividad, explica Carlos Calero, director de la firma el Asesor Contable.

Esto permitirá al Estado, a través del Servicio de Rentas Internas (SRI), llevar un control cruzado sobre los montos que los profesionales gastan y los que declaran por las retenciones, para determinar los valores que pueden ser deducibles para el pago de tributos.

El director del SRI, Leonardo Orlando, señaló este jueves, 9 de noviembre, que esta reforma se planteó para que los profesionales contribuyan con la recaudación de impuestos en función de sus ingresos. El funcionario indicó que menos de un 20% de los profesionales del país pasará a tener un trato similar al que tienen las personas naturales que realizan actividades empresariales.

El titular de la entidad recalcó que las medidas tributarias planteadas en el proyecto de ley afectan a un mínimo porcentaje de la población.

Aunque los llevará a tener un manejo contable similar al de una empresa. Para el experto tributario Napoleón Santamaría, los profesionales deberán contratar los servicios de un contador legalmente autorizado e inscrito en el Registro Único de Contribuyentes (RUC). También, tendrán que llevar una estructura contable de sus transacciones y manejar nuevos documentos como comprobantes de ingresos, egresos, retenciones, etc.

Con la reforma, los profesionales que tengan la obligación de llevar contabilidad ahora deberán pagar el anticipo al IR, con la fórmula que se aplica para las empresas.

Según Santamaría, esta modalidad implicará realizar un pago anticipado del impuesto a la renta aunque la actividad profesional no arroje utilidad.

El presidente del Colegio de Abogados de Pichincha, Ramiro García, se mostró en desacuerdo con esta medida, ya que sería contraproducente cobrar dinero a los profesionales por una utilidad que todavía no se ha generado.

Este pago provocará que cuenten con menor liquidez para invertir en insumos y servicios relacionados con su actividad. Esto porque para el pago del anticipo se consideran porcentajes del patrimonio, activos, gastos e ingresos de los contribuyentes.

No obstante, el presidente del Colegio de Arquitectos, Pablo Moreira, refirió que si bien las medidas de control tributario son importantes y necesarias, no deberían asfixiar a los trabajadores formales, sino atender también el sector informal.

En la actualidad, la norma establece que los profesionales solo lleven una cuenta de ingresos y egresos para determinar el pago de del IR.

Sin embargo, algunos profesionales ya contratan a un contador para este tipo de trámites. Así lo confirmó Iván Nolivos, abogado laboral y representante del estudio jurídico Nolivos Espinosa, Consultores Legales, quien desde hace varios años usa los servicios de un contador para realizar sus trámites tributarios.

Nolivos no cree que, tras aprobarse la ley, su forma de llevar el control de sus gastos vaya a cambiar. Recalcó que ahora se normará a quienes facturen altos montos, pero la forma de manejar los ingresos y los gastos de los profesionales se mantendrá.

Hernando Santillán, cirujano y miembro del directorio del Colegio de Médicos de Pichincha, afirmó que prefiere contar con la asesoría de un experto contable para este tipo de trámites, así como lo hace la mayoría de sus colegas.

Este galeno considera que son pocos los médicos que facturan en un año más de USD 300 000, lo que significa alrededor de USD 25 000 mensuales. La mayor facturación la generan las clínicas y hospitales, asegura Santillán.

De igual forma, el porcentaje de facturación superior a USD 300 000 es bajo en el caso del gremio de arquitectos, como lo indicó Moreira.

Lo mismo sucede entre los abogados. De unos 15 000 agremiados, en el caso de Pichincha, apenas el 5% supera esos ingresos al año, según García.

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