10 de October de 2014 20:10

Soterramiento de cables tiene obras inconclusas

La actual administración municipal revisa la ejecución de los contratos para el soterramiento de cables. Foto: Julio Estrella, Archivo/ EL COMERCIO

La actual administración municipal revisa la ejecución de los contratos para el soterramiento de cables. Foto: Julio Estrella, Archivo/ EL COMERCIO

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Ana Guerrero. Redactora (I)
guerreroa@elcomercio.com

En La Mariscal, av. República de El Salvador, av. Napo, av. 24 de Mayo y av. Naciones Unidas los cables enredados en los postes desaparecieron, pero los problemas no. Además, en barrios como Santa Anita y Solanda, en el sur, los denominados ‘tallarines’ continúan cerca de los ventanales de las viviendas.

Alejandro Larrea, gerente de Espacio Público del Municipio, apuntó que los inconvenientes están en al menos tres de los sitios en donde se realizó la intervención y aseguró que esta administración municipal heredó un problema: cajas mal hechas, tuberías mal empatadas, roturas en alcantarillado y mobiliario deteriorado. Estos son algunos de los inconvenientes en La Mariscal, República de El Salvador y Naciones Unidas.

En La Mariscal, la intervención se dividió en dos polígonos: av. Patria hasta la Veintimilla y de la av. Amazonas a la av. 6 de Diciembre. El segundo, entre la av. Veintimilla y av. Colón.

En la primera área, según datos de la Gerencia de Espacio Público, el plazo contractual establecido para la ejecución de las obras fue de 120 días, contados a partir del 27 de junio del 2012.

Los trabajos debieron ­concluir a finales de octubre del 2012. Pero, hubo dos ampliacio­nes del plazo, de 30 días cada una y una suspensión de 103, lo que hizo que el tiempo de trabajo se incrementara en 136%. Las obras concluyeron el 4 de abril del 2013.

En el polígono dos, la historia no fue diferente. Allí, quienes vivieron las afectaciones de los aplazamientos fueron, principalmente, los dueños de locales comerciales y de diversión.
“Hubo negocios que tuvieron que cerrar, porque no pudieron con las pérdidas”, relató Luis Sánchez, dirigente de la Asociación Calama. Les indicaron que las obras durarían cinco meses. Tardaron año y medio.

En la Calama hay cerca de 75 negocios. “El Municipio le echó la culpa a la empresa privada”, dijo Sánchez. En la zona ya no se observan veredas levantadas, aunque en sitios como la Colón aún hay partes de las estructuras que están desprendidas. Para Sánchez, luego de la espera, el panorama cambió y el sitio luce mejor. En la zona hay más de 3 400 locales.

Larrea informó que la administración actual revisa las intervenciones. En el caso de La Mariscal, los contratistas tenían como plazo el 3 de octubre para terminar detalles que aún faltaban. El funcionario dijo que como no cumplieron se empezarán los procesos legales pertinentes.

En la República de El Salvador se evalúa la obra. En la Napo, los problemas no son menores, afirmó Larrea, “pero la gente se queja menos”.

Héctor Cueva, presidente del Colectivo de Barrios y Organizaciones Eloy Alfaro, que integra a 26 agrupaciones del sur, dice que no tuvieron inconvenientes con las obras ni en la Napo ni en la calle ‘J’. Pero algunas cajas ubicadas en la primera han sido robadas. Allí se intervino en 3 560 m.

Jorge Albán, exvicealcalde y actual concejal, señaló que cuando se estableció la Ordenanza (293), que regula el uso del espacio público con cableado, se definieron dos niveles: el soterramiento y ordenamiento de estos elementos.

Según Albán, el primer motivo a la hora de decidirse
por el soterramiento de cables fue la seguridad y otro, la estética. Se escogieron los sitios por ser zonas de mayor densidad de cables y ser lugares emblemáticos de mayor uso.

Se contempló que todo proyecto nuevo debe tener cables soterrados. Agregó que no se intervino en sitios donde los cables estaban cerca de volados o balcones hechos por la gente sin autorización, porque eso implica otro tipo de ordenamiento.

En la ciudad se han registrado personas electrocutadas debido a la cercanía de los cables. Aunque no se tiene un detalle de muertes solo por electrocutados en tendidos eléctricos cercanos a las casas, según el Observatorio de Seguridad, de enero a agosto del 2014, se registraron 10 muertes por electrocución. En ese mismo período, en el 2013 hubo 11.

La inversión para los proyectos de soterramiento, puntualizó el exvicealcalde Albán, estuvo por encima de los USD 25 millones. Fueron cubiertos por la Empresa Eléctrica, empresas privadas y el Municipio.

Larrea informó que primero concretarán las evaluaciones de las obras ejecutadas. Pero ya se revisa la contratación de estudios para hacer soterramiento de cables en nuevos sitios, como El Panecillo, La Floresta, Cumbayá, Los Chillos, Nayón, polígono 3 de La Mariscal y Comité del Pueblo.

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