14 de septiembre de 2016 00:00

Los sospechosos de violencia intrafamiliar llevarán brazaletes

El uso de brazalete electrónico será una de las alternativas para las personas que se encuentran en arresto domiciliario. Foto: Cortesía

El uso de brazalete electrónico será una alternativas para las personas que se encuentran en arresto domiciliario. Foto: Cortesía

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Javier Ortega

jortega@elcomercio.com

El dispositivo mide el pulso del sospechoso las 24 horas. A través de un sensor de movimiento detecta en tiempo real su ubicación o si intenta romper la correa de fibra óptica que va alrededor de su tobillo.

Este mecanismo de vigilancia a distancia opera en Estados Unidos, Brasil, Chile, Argentina, Panamá, Colombia y al menos otros 10 países de Europa.

Ecuador lo usará también desde finales de este año. En octubre llegan 400 brazaletes electrónicos de un total de
4 000 aparatos que el Ministerio de Justicia compró a una empresa China en agosto.

Los primeros dispositivos se emplearán en detenidos bajo arresto domiciliario. Datos oficiales refieren que actualmente hay 200 personas con este tipo de medida. Por lo general, las autoridades asignan dos policías para estas tareas, por cada procesado. Es decir, hay un gasto diario de USD 60.

Esa es una de las razones para priorizar la aplicación del brazalete en este grupo.

El Código Integral Penal (COIP), en vigencia desde agosto del 2014, incorporó por primera vez la denominada vigilancia electrónica en las leyes ecuatorianas. En el artículo 522 se precisa que esta es una medida alternativa a la prisión.

Según esa legislación, quienes están bajo arresto domiciliario “no necesariamente se someterán a vigilancia policial permanente”; y esta podrá ser reemplazada por un dispositivo de supervisión a distancia.

Pero hay otros dos grupos que usarán los primeros dispositivos chinos: los sospechosos de violencia intrafamiliar y las víctimas de estas agresiones.

Las autoridades quieren frenar los femicidios. “Ha habido casos en los que la boleta de auxilio ha sido uno de los documentos que formaban parte del levantamiento del cadáver de las víctimas”, asegura Ledy Zúñiga, ministra de Justicia.

La idea es que los sospechoso utilicen el brazalete en el tobillo y las mujeres porten un dispositivo que emita una alerta si el agresor intenta acercarse. Esa señal llegará al centro de monitoreo del ECU 911 y, a su vez, a la Unidad de Policía Comunitaria más cercana al lugar donde se encuentre la víctima.

Aunque no hay una cifra que revele cuántas mujeres asesinadas solicitaron previamente las boletas de auxilio, las autoridades reconocen que “muchas veces” este documento “no ha sido efectivo” en el país.

Doris está en esas estadísticas. En marzo pasado fue asesinada. Cinco meses antes, en noviembre del 2015, la joven de 26 años demandó a Carlos, su exconviviente, y obtuvo una boleta para evitar más ataques.

Pero en realidad eso quedó solo en el papel. Doris fue asesinada en el interior de su casa, en el sur de Quito, en presencia de su hijo de 9 años. Su cuerpo tenía golpes y una laceración del pulmón por arma blanca. La causa de su muerte fue una hemorragia aguda interna.

El niño relató a los agentes que Carlos se quedó a dormir y al día siguiente hubo una fuerte pelea por celos, que derivó en la muerte de Doris.

El uso en otros países

El COIP también establece la aplicación de la vigilancia electrónica para mujeres embarazadas, personas mayores a 65 años, con enfermedades catastróficas y a aquellos sentenciados que ya están por cumplir la pena. Zúñiga, en una entrevista con este Diario, incluso aseguró que puede ser aplicado en sospechosos de delitos menores (tránsito, falsificación de documentos...).

En Argentina, por ejemplo, se implantó por primera vez para detenciones domiciliarias, desde 1997. Pero en este momento abarca a procesados por otros delitos (de naturaleza patrimonial, fraudes, uso de drogas, delitos contra la administración pública, etc.).

Las autoridades de Ecuador consideran que esta tecnología puede reducir el número de internos en los centros de rehabilitación y ahorrar costos.

Actualmente, el Estado invierte unos USD 15 diarios para mantener a una persona en un complejo carcelario (comida, talleres, servicios, etc.).

¿Cuánto se ahorrará con la aplicación de la supervisión a distancia? La experiencia más cercana está en Colombia. Ese país implementa desde el 2008 estos dispositivos y los estudios elaborados en esa nación concluyen que hay un beneficio “costo-efectivo significativo”.

“Mientras que el costo per cápita anual para un interno intramuros es de 12 millones (de pesos), el de un beneficiario del sistema de vigilancia electrónica es la mitad”, aclara un informe del Círculo de Análisis Económico del Derecho.

Pero la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc) hace cuestionamientos a estos aparatos. Al analizar su aplicación en otros países, el organismo advierte que puede ser visto como una medida discriminatoria debido a que para poder operar, en cierto tipo de plataforma, se requiere el acceso a una línea telefónica y esto podría excluir a personas con escasos recursos.

Las autoridades locales admiten que para aplicar los brazaletes se hará un informe técnico previo en el que se verifique que se cumplan con “diversas condiciones”. Por ejemplo, que la residencia donde va a estar el sospechoso tenga buena recepción de señal GPS, que no sea intermitente, etc.

Los dispositivos adquiridos a China tienen tecnología GPS. El contrato tuvo un costo de USD 14 millones y allí se incluye la adquisición del código fuente y las licencias de software; la capacitación a jueces de garantías penitenciarias, penales, a fiscales, policías, y operarios del ECU 911. Además, el pago de salarios a los funcionarios que estarán vinculados con el monitoreo.

De hecho, desde esta semana arrancó la fase de entrenamiento a estos grupos. El Ministerio de Justicia tiene previsto que 113 funcionarios de esa Secretaría de Estado trabajen -desde el centro de operaciones del ECU 911- en la supervisión de las personas que usen el dispositivo.

De ocurrir incidentes, los funcionarios enviarán alertas a las UPC donde esté el sospechoso. Cualquier intento de fuga implica la captura y el regreso a la cárcel.

En contexto

Según el Ministerio de Justicia, ocho empresas internacionales de Israel, España, Estados Unidos y China participaron en el proceso denominado “manifestación de intereses”. Las autoridades dicen que esto les permitió identificar los mejores dispositivos.

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