12 de septiembre de 2017 14:38

La sociedad civil se organiza para exigir una consulta popular

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Adriana Noboa

Las organizaciones sociales reaccionaron a las declaraciones del presidente Lenín Moreno del lunes, 11 de septiembre del 2017. El Mandatario dijo, en el enlace que “realizar una consulta será siempre pensar en: mejorar nuestro sistema político para tener más democracia, profundizar la participación ciudadana, lograr absoluta transparencia en la elección de las autoridades de control, fortalecer el equilibrio entre las funciones del Estado”.

La mañana de este martes la Mesa de Convergencia y la Plataforma por Defensa de la Democracia y los Derechos Humanos se pronunciaron en Quito. Entre ambos colectivos suman alrededor de 50 organizaciones, nacionales y locales, de todo el país.

Los objetivos principales son dos: que se ejecute la consulta y que se tomen en cuenta las propuestas de la sociedad civil. Sin embargo, aún no cuentan con una propuesta en concreto. Al intentar unificar tantas voces, los temas que se quieren proponer también son variados.

Pero se están organizando para alcanzar consensos y tener un documento que presentarle al presidente Moreno el próximo miércoles 20 de septiembre, con motivo de la movilización nacional que están organizando los sindicalistas y a la cual se unirán estas organizaciones.

Luis Verdesoto, de la Plataforma por la Democracia, explicó que ellos ya tienen una propuesta concreta, que la entregaron hoy mismo a la Mesa de Convergencia, para unirla a los insumos que presente la ciudadanía y las demás organizaciones y movimientos.

La Plataforma la integran la Corporación Participación Ciudadana, la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, la Plataforma por la Salud, el Observatorio de Derechos y Justicia, la Federación Nacional de Periodistas, el Observatorio Electoral Ciudadano, Nosotras por la Democracia, la Red de Mujeres Políticas del Ecuador, la Unión Nacional de Periodistas, Fundamedios, la Condeferación de Comerciantes Minoristas, la Ecuarunari, la Unión Nacional de Educadores, entre otros.

Verdesoto explicó que ellos plantean cuatro temas principales para someterlos a un referendum:

Primero, revertir la transformación de la comunicación en un servicio público. Esto fue aprobado con las enmiendas de diciembre de 2015, planteadas por el oficialismo. Sin embargo, no mencionan la Ley de Comunicación.

Segundo, modificar la composición y funciones del Consejo de Participación Ciudadana (Cpccs). La idea es que la entidad esté conformada por tres consejeros y que su única función sea la de promover la participación ciudadana.

Esto implica devolver la facultad de designación de las autoridades de control a la Asamblea Nacional, bajo ciertos lineamientos. Por ejemplo que se requiera el voto de las dos terceras partes de legisladores, para promover acuerdos. Dependiendo de cada instancia, los postulantes provendrían de ternas enviadas por el Primer Mandatario, la Corte Nacional de Justicia y los bloques legislativos.

Tercero, garantizar la independencia de la Función Judicial. Para esto proponen modificar la composición del Consejo de la Judicatura y que este responda a los lineamientos de la Corte Nacional de Justicia.

Cuarto, modificar el sistema electoral. Esta propuesta requiere cambiar el método de adjudicación de escaños y el de votación, para lograr una real representatividad y también garantizar la presencia de las minorías en las autoridades de elección popular. Así como eliminar la reelección indefinida.

Además plantean una serie de disposiciones transitorias, para que estos cambios puedan ser operativizados de forma inmediata.
La Mesa de la Convergencia, liderada por Boris Cornejo, de la Fundación Esquel, explicó que la idea es promover una plataforma nacional que presente al Ejecutivo una propuesta definitiva de la sociedad civil.

Para esto tienen una comisión, compuesta por abogados, que está ayudando a dar claridad a los temas de forma y procedimiento de las propuestas presentadas. Y los representantes de las organizaciones que conforman la Mesa y la Plataforma por la Democracia mantienen reuniones de trabajo. Quieren tener listo un documento en ocho días.

El objetivo es recuperar la institucionalidad de la democracia y luchar por los derechos civiles, explicó Cornejo. “Hay muchas preguntas, pero tres grandes coincidencias”. Según él, se trata de recuperar la independencia de los poderes del Estado, que el Cpccs asegure el control social y ciudadano, y derogar algunas disposiciones transitorias en vigencia.

María Paula Romo, también parte de la Mesa de Convergencia, explicó que para ninguno de los temas que se han analizado se requiere ir a una Asamblea Constituyente, como ha argumentado el oficialismo. Esto solo se requiere para cambiar los métodos establecidos para modificar la Constitución.

Entonces, dependiendo de las preguntas que se planteen basta con una enmienda o una reforma constitucional. Pero cualquiera de las dos opciones tiene que pasar por la calificación de la Corte Constitucional (CC). Romo advirtió que la Mesa estará pendiente de la actuación de los jueces ya que la sociedad civil se movilizará para exigir la consulta popular.

Mauricio Alarcón, director Ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, dijo que “ahí veremos el compromiso de las autoridades, si es con la política o con el derecho”, refiriéndose a la CC y al Consejo Nacional Electoral (CNE), que deberá organizar la posible consulta. “La ciudadanía ha llegado a un punto de no retorno contra los actos de corrupción. No es cuestión de pasar por el capricho de una persona, que desde el altillo solamente habla y habla”.

Entre estos colectivos también está por ejemplo Yasunidos, quienes tienen por meta impulsar una nueva consulta popular por el Yasuní ITT, quieren incluir una pregunta al respecto. Eduardo Pichilingue, su vocero, indicó que el conflicto social y ambiental que causan las explotaciones mineras y petroleras también debe ser parte del diálogo. Y advirtió que no se puede hablar de diálogo si no se incluye a todo el territorio nacional, las comunidades y nacionalidades.

Hay otras voces que buscan incluir la cesación de todas las autoridades de control elegidas por el Cpccs. Por ejemplo, Fausto Camacho, del Observatorio Electoral Ciudadano, sostiene que para salir de una crisis política y hay que dar una respuesta política.

Tienen hasta el 20 de septiembre para preparar una propuesta y poderla entregar en Carondelet. Algo en lo que todos concuerdan es en que se necesitan cambios urgentes y que no se puede esperar más.

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