20 de agosto de 2015 09:48

La situación de Manuela Picq se complica

El proceso de deportación de la periodista Manuela Picq continúa . Foto: Juan Cevallos /AFP

El proceso de deportación de la periodista Manuela Picq continúa . Foto: Juan Cevallos /AFP

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Mariela Rosero

Manuela Picq no quiere hablar ante la prensa este jueves 20 de agosto de 2015. Ha pasado una semana desde el paro nacional, pero ante la insistencia acepta comentar sobre la situación que vive.

Ella cuenta que la resolución de la jueza Gloria Pinza, de la Unidad Judicial Primera de Contravenciones, no está en firme y su caso sigue abierto porque el proceso de deportación podría ser ratificado o negado por el Ministerio del Interior.

El lunes 17 de  agosto, luego de permanecer desde el sábado en el albergue Carrión -un lugar para extranjeros en situación irregular-, la brasileña- francesa, pareja del presidente de la Ecuarunari Carlos Pérez Guartambel, quedó en libertad.

Ese día en la Unidad de Contravenciones, de la calle Roca y avenida 6 de Diciembre, la Jueza dictaminó que no había suficiente causal para que fuera deportada, es decir expulsada del país. Picq estaba contenta y pensando en la forma de arreglar su permanencia en Ecuador, ya que el 28 de este mes caduca la visa 12-8 que le fue revocada.

Pero todo cambió. Su defensa recibió una notificación anoche y la decisión de la Jueza podría ser modificada, por eso evita dar más declaraciones.

Ayer miércoles no participó en la concentración de los indígenas y sindicatos en la matriz del Seguro Social ni en la marcha, pues su situación migratoria no es clara. Por la noche, en Ecuadortv se habló de su caso y se puso ejemplos de extranjeros que participan en política en países que los acogen y son deportados. También se dijo que ha participado en actividades de la Ecuarunari.

"Siento que la opinión es un delito. Como académica tengo derecho de hacer observación participativa. Es un método de análisis que se usa en Ciencias Sociales. Es decir para estudiar movimientos sociales no solo leemos en los periódicos. Vamos al terreno. El estudio de terreno es importante", señaló Picq.

Luego apunta que su visa es de intercambio académico y le permite ser académica y hacer investigación.

Manuela siente que la opinión es cada vez más un delito. Ella quiere creer en la Constitución y en el estado de derecho y dice que hasta ahora sabe que la opinión en Ecuador no está penada.

Picq va a esperar la audiencia de esta tarde, a las 15:00, en la avenida Veintimilla y Juan León Mera. Ahí se espera que se responda a la acción de protección que se exige se anule la revocatoria de su visa.

"El Ejecutivo no debería meter las manos en este proceso judicial", eso aseguró el abogado Juan Pablo Albán en referencia a la posibilidad de que el proceso de deportación de Manuela Picq no sea archivado.

En entrevista con Ecuadoradio, el defensor de la periodista explicó las complicaciones del caso.  Entre otras, los procedimientos de deportación se encontraban a cargo de los Intendentes de Policía, que a su vez estaban subordinados al Ministerio de Gobierno.  Según Albán, eso cambió con la Constitución del 2008, artículo 168, numeral tres, que habla de unidad jurisdiccional en virtud de la cual ningún otro poder del Estado puede examinar decisiones de la justicia, eso garantizaba la separación de poderes como principio.

Pero, cuenta Albán, esa norma no fue derogada de forma expresa y el artículo 28 de la Ley de Migración mantiene esa contradicción.

"Históricamente desde que entró en vigencia la Constitución, los procesos de deportación no han sido elevados en consulta al Ministerio (del Interior), simplemente porque eso a esta altura es inconstitucional", añade el abogado.

Además apunta que el Ministro Serrano sin ser parte del proceso genera un incidente con un escrito a la Jueza y un pedido.  "Y horas más tarde la Jueza sin decir que accede al pedido del Ministro, lo está haciendo. En la parte final de la resolución señala que se eleva en consulta de acuerdo con lo que dice la Ley",  menciona Albán.

La tarde de ayer, el Ministerio del Interior envió un escrito que cuestiona la legalidad de lo actuado por la Jueza que archivó el proceso de deportación y exige que se le remita el expediente en consulta. Albán indica que: "La jueza Pinza nos ha enviado la notificación de la sentencia a las 23:32 y como nos había dicho verbalmente, archiva el proceso de deportación pero dice que el caso está en consulta".

En la sentencia no se hace mención de lo que la Jueza había dispuesto en la audiencia del lunes. Es decir que se oficie a Fiscalía, para que estudie la alteración documental sobre la cual se pretendió hacer la acción de deportación. No hay referencia alguna a eso.

Sobre la posición de Manuela, que prefiere no participar en actividades del movimiento indígena. El abogado Albán señala que eso ocurre cuando se judicializa a una persona y genera un efecto disuasivo. "Se ataca a Manuela para atacar a Carlos Pérez", precisa Albán y cree que ese es el contexto de este caso.

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