28 de January de 2010 00:00

La situación del fiscal Pesántez

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Editorial Diario El Comercio

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Tras el pedido de renuncia que una mayoría de asambleístas hiciera este martes al fiscal general, Washington Pesántez, la respuesta de este ha sido no admitir los errores por los cuales legisladores de bancadas oficialistas y de oposición impugnaron su actuación en el caso Natalia Emme y aferrarse a su cargo contraatacando a sus críticos.

Pesántez dijo ayer que permanecerá en el cargo “hasta ser legalmente reemplazado” y se respaldó en el Mandato 1 del 29 de noviembre de 2007, aprobado en Montecristi, aunque esta normativa expresa que “las designaciones o nombramientos a los que se refiere este mandato tendrán el carácter de provisional y podrán ser revocadas en cualquier tiempo sin que, en ningún caso, constituyan derechos adquiridos”.

Sin embargo, también evocó el artículo 76 de la Constitución, el cual asegura el derecho al debido proceso y otorga garantías básicas al ciudadano cuestionado.

Todo eso significa que en la Asamblea debería reunir los votos necesarios para plantear un juicio político en contra de Pesántez, única manera de destituirlo y, como él mismo señala, reemplazarlo legalmente.

La decisión legislativa del martes pasado, tomada por una mayoría de 58 legisladores, pudo ser acertada en la medida en que interpretó el sentimiento de miles de ciudadanos que han expresado su indignación y malestar por los hechos ocurridos luego del trágico fallecimiento de la señora Emme, en especial por “abuso de poder”.

Pero si los asambleístas no profundizan el proceso y no siguen de manera expedita la normativa vigente, el pedido de dimisión quedaría como un simple gesto para recuperar imagen y credibilidad frente a los ciudadanos.

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