8 de diciembre de 2015 09:42

El sistema electrónico para vigilar a procesados costará 18 millones

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Sara Ortiz

Alrededor del tobillo se coloca una correa de fibra óptica. El dispositivo electrónico va en contacto con la piel. Esto le permite medir el pulso. Tiene un sensor de movimiento y cada día emite cientos de alertas sobre la ubicación y el recorrido de la persona que la porta.

Se trata del brazalete electrónico para la vigilancia en tiempo real de personas involucradas en procesos penales.

Esta tecnología aún no está disponible en el país a pesar de que su funcionamiento estaba previsto que se implemente desde enero de este año.

¿Qué pasó? El Ministerio de Justicia está a cargo de la implementación. Su titular, Ledy Zúñiga, explicó que está por definirse un proveedor que cuente con una tecnología compatible para interconectarse con el sistema ECU 911. Esto lo dijo en agosto pasado, cuando dio un balance del primer año de vigencia del Código Orgánico Integral Penal (COIP).

El uso de este dispositivo generó un debate en redes sociales el pasado fin de semana.

Usuarios de Twitter afirmaban que Luis Chiriboga, presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol y Francisco Acosta, secretario, llevarían el aparato. Ellos tienen arresto domiciliario por una investigación de lavado de activos.

Actualmente el sistema está en fase de selección, con tres posibles proveedores.

El COIP abrió por primera vez la posibilidad de usar este aparato como una posibilidad para que las personas inmersas en juicios puedan usar esta tecnología y no estar recluidas.

Pero no será para todos, sino, por ejemplo, para mujeres que están embarazadas o para adultos mayores, que por su condición de vulnerabilidad reciban arresto domiciliario.

Pero ellos no serán los únicos usuarios. El sistema también está diseñado para que lo utilicen personas que han sido sentenciadas y que a los pocos meses de cumplir la condena recuperan su libertad si cumplen ciertas condiciones.

Entre estos requerimientos están trabajar en las mañanas y por las noches volver a las casas de seguridad. Esto se denomina régimen semiabierto.

O se aplicaría en los casos de personas que cumplieron ya la totalidad de la sentencia, pero son catalogadas como peligrosas: una persona sentenciada por abusar de menores.

En ese caso, el brazalete se le coloca con el objetivo de controlar sus movimientos y mantenerlo alejado de los niños y sus escuelas. También lo pueden emplear en quienes están en el programa de víctimas y testigos de la Fiscalía.

Para Farith Simon, catedrático de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad San Francisco, el uso de este dispositivo es una medida menos traumática que estar detenido.

El procesado puede trabajar y seguir con su familia mientras resuelve su situación legal.

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La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc) también califica esta tecnología como un método eficaz como una alternativa al encarcelamiento.

Pero advierte que puede ser vista como una medida discriminatoria debido a que para poder operar, en cierto tipo de plataforma, se requiere el acceso a una línea telefónica. Esto podría excluir a personas con escasos recursos económicos.

Un estudio del Ministerio de Justicia sobre el proyecto, al que tuvo acceso este Diario, estima que el costo del sistema de vigilancia electrónica ascendería a USD 18 millones para los primeros tres años de funcionamiento. Esto incluye el costo de las 5 654 pulseras de pie que adquirirá, el pago de los sueldos a 142 funcionarios que trabajarán en el centro de monitoreo, la plataforma tecnológica y la capacitación a 1 428 jueces y 572 funcionarios de la Judicatura y la Fiscalía General.

El estudio del Ministerio detalla que hay dos tipos de tecnología: radiofrecuencia y GPS.

Julio Montero
es oficial de la Policía Federal mexicana y trabaja en el área de Aseguramiento de Medidas Cautelares en delitos sexuales.

Explica que en su país esa tecnología se emplea, sobre todo, para evitar que pederastas ataquen a niños y adolescentes.

Detalla que los brazaletes de radiofrecuencia es útil para determinar si alguien está obedeciendo la orden de permanecer en una dirección o localización geográfica específica.

En cambio, los dispositivos con GPS no son totalmente precisos “(...) ya que la determinación de una posición determinada depende del tipo de receptor satelital que se utilice. La mayoría de estos equipos tiene una exactitud en un rango de 15 metros de perímetro de media a partir de la ubicación de un usuario”, dijo a este Diario por correo electrónico.

En Colombia, en cambio, se usan las dos tecnologías y a escala mundial estos dispositivos se emplean en la mayoría de los países desarrollados. Suecia es una de estas naciones.

En este momento, el Estado gasta hasta USD 60 diarios en solo dos uniformados que vigilen a la persona arrestada en su domicilio. Mientras que mantener a una persona en un centro de rehabilitación cuesta al menos USD 6 diarios, en comida, luz, talleres, etc.

Según documentos oficiales, este sistema debe estar implementado totalmente hasta diciembre del 2017. Allí también se habla de una “falta de control y vigilancia del presunto infractor” y de las “notorias debilidades del programa de protección a víctimas y testigos”.

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