10 de diciembre de 2015 23:22

La SIP califica de 'duro revés para la libertad de expresión' la enmienda sobre la comunicación

Votación enmiendas

Con 100 votos se aprobaron las enmiendas constitucionales, el pasado 3 de diciembre del 2015. Foto: Pavel Calahorrano / EL COMERCIO

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Sara Oñate

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) catalogó de un "duro revés para la libertad de expresión en Ecuador", una de las enmiendas constitucionales aprobadas por la Asamblea Nacional el pasado 3 de diciembre. Se trata de la enmienda que le concede al Estado la propiedad y la potestad de regular a la información como si se tratara de un servicio público, según la página web de la organización.

Pierre Manigault, presidente de la SIP, señaló que "una vez más el gobierno ecuatoriano nos sorprende aplicando una vuelta más del torniquete contra la libertad de prensa y de expresión". Agregó que de esta forma, el gobierno de Ecuador "se arroga la potestad y el poder de conceder o no el derecho del público a la información, un derecho humano que no le pertenece a la autoridad sino al pueblo, como rezan los principios internacionales tal como la Declaración Universal de los Derechos Humanos y también la Declaración de Chapultepec".

Para Claudio Paolillo, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, "darle al Estado el poder de determinar que se trata de un servicio público, como un equivalente a otros servicios estratégicos como pueden ser el del agua, la electricidad, la salud o la seguridad pública, demuestra claramente que el gobierno se arroga para sí la posibilidad, por razones de su entera conveniencia, de controlar la información".

Paolillo agregó que con la enmienda, "el gobierno de Rafael Correa ha querido simplemente darle legitimidad constitucional a la Ley de Comunicación que por sí misma no se sostenía, ya que el grado de censura que por ella se aplica, es a todas luces un atropello a la Constitución y al Estado de Derecho".

La aprobación de las 15 enmiendas a la Constitución el 3 de diciembre desató una ola de protestas en ciudades como Quito, Guayaquil, Cuenca, Ambato, entre otras. En la capital se registraron incidentes entre manifestantes y la Policía dejando como resultado 21 personas detenidas que fueron sancionadas con 15 días de prisión.

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