Santiago Estrella Garcés
Corresponsal en Buenos Aires
Ha sido un año particularmente duro para la prensa. Algo así como una movida regional en contra de ella, que empeoró las relaciones gobierno-medios. Así lo observaron los miembros de la Sociedad Interamericana de Presa (SIP), cuya 65ª Asamblea terminó ayer en Buenos Aires.
Nuevas autoridades
Alejandro Aguirre, del Diario Las Américas, de Miami, fue nombrado presidente de la SIP, para el perÍodo 2009-2010.
Jaime Mantilla, director del diario Hoy, de Quito, fue electo secretario del organismo. La siguiente Asamblea será en Chile.
“La acción coordinada de gobiernos para controlar el papel de la prensa, el desprestigio al que los más altos funcionarios de gobierno someten a los medios, el avance desmesurado de la violencia contra periodistas, la proliferación de mecanismos legislativos y arbitrarias decisiones judiciales (…) sirven para acosar, entre otros, a periodistas y a medios de
comunicación, son claros indicios del deterioro de la libertad de prensa en las Américas”, dicen las conclusiones de la Asamblea.
El ambiente no era tranquilo en el Hotel Hilton, donde se desarrolló la cita. Unos 25 miembros de la agrupación PJ (Partido Justicialista) intentaron entrar al hotel para rechazar, incluso con bombas de estruendo, la presencia de los editores de los medios del continente, a quienes los consideran un “grupo monopólico que tergiversa la verdad para defender sus intereses económicos”.
“Es algo que ya lo vivimos en Caracas”, dijo el director ejecutivo de la SIP, Julio Muñoz. “Sabemos que esa es la intención de gente del Gobierno, que se siente incómoda con la verdad, pero el periodismo está para informar”.
Los casos que más preocuparon a la SIP, además de lo vivido en Argentina, fueron Ecuador y Venezuela. “No es casualidad que varios gobiernos estén ahora unidos por una ideología exportada por el presidente Hugo Chávez, quien hasta propuso una ley de delitos mediáticos y ha cerrado 34 emisoras. Esta tendencia se refleja en las legislaciones de diversos países, como la nueva Ley de Servicios Audiovisuales en Argentina; el proyecto de Ley de Comunicación de Rafael Correa en Ecuador”, decía el informe.
“Creo que el caso de Ecuador es el más grave, porque está llevando adelante una ley que en Nicaragua ya fue rechazada. Eso de crear una comisión ética, que decida quién es el capacitado para ejercer el periodismo y quién no o sancionar a un periodista y sacarlo del ejercicio es algo grave. Es una intención de todos los gobiernos del grupo de la Alba. Unos avanzan más rápidamente que otros, según las circunstancias internas, por ejemplo la alta popularidad de Correa”, dijo a este Diario Francisco Chamorro, director de El Nuevo Diario, de Nicaragua.
La preocupación de la SIP en Ecuador se refiere al “agravamiento del clima oficial respecto de la libertad de prensa que podrían tener como fin controlar y debilitar a los medios, en su faz periodística, en su independencia económica, el hostigamiento y violencia a varios periodistas, medios y sus directores”.
Además, los más de 500 editores reunidos insistieron en su pedido de que en la Ley de Comunicación que se debate en Ecuador, “prevalezca sin límite alguno el respeto irrestricto a la libertad de expresión, la libertad de prensa y la libertad de acceso a la información pública”. Y recordaron al Gobierno “su compromiso de no utilizar políticamente los medios de comunicación incautados y demandar que se aceleren los procedimientos legales pertinentes para que dichos medios regresen al sector privado, a través del correspondiente proceso público y transparente, o su debido remate o subasta según la Ley”.