13 de diciembre de 2014 19:37

El silencio rodea al decreto presidencial sobre el Enipla

Mónica Hernández, en el 2008, fue miembro del Observatorio de la Política Fiscal. Foto: Archivo / EL COMERCIO

Mónica Hernández, en el 2008, fue miembro del Observatorio de la Política Fiscal. Foto: Archivo / EL COMERCIO

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Adriana Noboa

El silencio llama la atención. Transcurrieron 18 días hasta que el presidente Rafael Correa respondió a las críticas, este sábado, 13 de diciembre en la sabatina. Pero los demás funcionarios no se han pronunciado sobre la designación de Mónica Hernández como directora de la Estrategia Intersectorial de Planificación Familiar y Prevención del Embarazo en Adolescentes (Enipla).

Esta medida se suma a una lista de polémicas que han ocasionado las decisiones o comentarios del Mandatario frente a temas sensibles, aún tildados de tabú, como la identidad de género, los derechos Glbti, el aborto por violación y ahora la educación sexual y la anticoncepción.

Y, como en anteriores ocasiones, tampoco hay quien ponga en duda el Decreto Ejecutivo. El Presidente sentó un precedente, en octubre de 2013, cuando un grupo de legisladoras oficialistas pidió debatir el aborto por violación en el proyecto de Código Penal. Fue, dijo, “una puñalada por la espalda”, hubo sanciones e incluso una advertencia de revocar su mandato.

El Mandatario decretó el 26 de noviembre que su asesora, Hernández, encabece la Enipla. Desde entonces nada se ha dicho al respecto. Pero Correa dejó en claro que su decreto marca un cambio de estrategia. “No se hablaba de la familia. Vamos a cambiar eso, hablaremos de valores, de amor, de familia”.
Hernández, por su parte, no otorgará entrevistas hasta enero, según informaron desde su oficina cuando EL COMERCIO solicitó su opinión sobre este tema.

Dos días después de expedido el decreto se presentó el Informe Sombra Ecuador 2014, de la Convención sobre la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de la ONU. Una de las conclusiones es que la garantía constitucional del Estado laico “presenta muchas debilidades”.

El documento señala “la incidencia cada vez mayor de los grupos antiderechos en las decisiones presidenciales y el disciplinamiento que impone el Ejecutivo” en las políticas públicas. Y que “impera el moralismo religioso por sobre el mandato de la protección de los derechos”.

Hernández es doctora en medicina y máster en administración de empresas. Pero es conocida en los pasillos oficiales como “la asesora Opus Dei del Presidente”, aclara Silvia Buendía, abogada especialista en DD.HH.

No hay prueba de que pertenezca a dicha organización religiosa, pero los grupos en contra de su designación son en especial feministas y de la comunidad Glbti, los que la apoyan responden a criterios más conservadores.

De todas formas, las críticas no se centran en la libertad de religión de la funcionaria, sino en sus criterios respecto a la Enipla y en la decisión presidencial, según Buendía.

La Estrategia estaba a cargo de los ministerios de Coordinación de Desarrollo Social, Inclusión Económica, Salud (MSP) y Educación, desde enero de 2012. Nació después del censo de 2010, que mostró que los embarazos adolescentes habían aumentado un 74% en esa década.

Cecilia Vaca, Betty Tola, Carina Vance y Augusto Espinosa, encargados de dichas carteras, tampoco se han pronunciado. Más silencio, aunque el Decreto manda que la Enipla se ejecutará según las directrices que “imparta el Jefe de Estado”.

El año pasado, Vance decía que se deben “integrar políticas públicas en el marco de los derechos” y no “por principios y creencias religiosas”. Tola era ministra de la Política y rechazaba las “campañas” de los “grupos de derecha” que culpaban a las políticas públicas por el aumento de embarazos adolescentes. Espinosa enfatizaba que se debe “fomentar el diálogo sobre los temas tabú de la sociedad”. Y hace apenas dos meses, Vaca advertía que la práctica de la abstinencia es una decisión personal, por lo que los jóvenes requieren información confiable.

Ahora nadie dice nada, pese a que no habrá más trabajo transversal y a que los criterios de Hernández contradicen sus posturas. Bastó un decreto ejecutivo para silenciarlos a todos.

Este Diario también intentó hablar con los 15 funcionarios de los ministerios que trabajaban en la Estrategia, pero por ser “un tema delicado” únicamente los ministros pueden pronunciarse. Más silencio. Solo el Mandatario ha hablado: ratificó que hará este tipo de cambios “cuantas veces sea necesario”.

En octubre, Hernández envió dos oficios al MSP con sus observaciones a la Enipla, una de ellas que el uso de anticonceptivos “vuelve a las personas más irrespetuosas y posiblemente más violentas y desconsideradas”. Hablaba del verdadero amor, el “hedonismo que supone el ambiguo derecho al placer” y promovía la abstinencia. Así dejó en claro que la estrategia no se enmarca con “la política planteada por el Presidente”.

El cambio de dirección causa inquietud también en sectores del oficialismo, en particular entre las legisladoras defensoras los derechos de las mujeres. Pero tampoco hay pronunciamientos.

No pueden prejuzgar una gestión que empieza, pero estarán atentas para fiscalizarla. Saben que las críticas no funcionan porque confrontar al Mandatario ya ha demostrado dar resultados negativos, sobre todo en temas en los que Correa tiene marcada su posición personal.

Gina Godoy, asambleísta de Alianza País, confirma que deben esperar a tener más información sobre la Enipla. Para su compañera Mariángel Muñoz es necesario de tener diferentes criterios dentro del programa. Y según Paola Pabón es fundamental la participación de los cuatro ministerios.

Para Buendía el problema es claro: hay poco diálogo en el Gobierno sobre políticas públicas. Por eso “las asambleístas están calladas, los ministros también y la misma doctora Hernández”.

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