Un año de detención para ocho uniformados en Otavalo por paralizar servicios públicos durante el 30S

La audiencia de juzgamiento se desarrolló en las instalaciones de la Corte Provincial de Justicia de Imbabura. Allí, el Tribunal de Garantías Penales de la provincia resolvió declarar culpables a ocho ciudadanos, quienes fueron acusados de paralización de un servicio público durante el denominado 30S, ocurrido el 30 de septiembre del 2010.

Durante el juicio, el fiscal Edgar Pacheco explicó que los uniformados protestaron frente a la Subjefatura de Policía de Otavalo, impidiendo a los ciudadanos el acceso al interior de la institución. Por ello, solicitó que fueran juzgados de acuerdo con el artículo 346 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que sanciona este hecho con una pena privativa de libertad de uno a tres años.

Entre las evidencias que mostró la Fiscalía estaban los informes de pericias de audio y video, así como el de identidad humana, que permitió individualizar a los responsables del delito. Así mismo, Pacheco expuso los testimonios de peritos y periodistas que se encontraban presentes en el lugar durante la protesta.

Al finalizar la audiencia, la Corte emitió una resolución que sanciona a los detenidos con un año de pena privativa de libertad, por el cometimiento de este delito contra la seguridad pública.

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