20 de junio de 2015 22:51

Históricas sentencias para tres crímenes graves

Mercedes Peralta

“Siempre fue muy directa y no permitió injusticias en su hogar. Tuvo muchas peleas con el chico”. Mercedes Peralta, tía de Samantha, joven asesinada el 9 de mayo del 2014. Foto: Gabriel Proaño/EL COMERCIO

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Redacción Seguridad, Ibarra,
Guayaquil y Riobamba 
seguridadec@elcomercio.com

Te voy a golpear donde más te duele. Este mensaje fue una fría advertencia antes del crimen. A la medianoche, el padre ingresó a la habitación y atacó con un martillo a sus dos hijos. Los pequeños, de 2 y 4 años, fallecieron por las graves fracturas en sus cráneos.

Psicólogos que evaluaron al sospechoso, identificado como Pablo S., concluyeron que actuó con “pleno conocimiento”. En los expedientes se detalla que la agresión, perpetrada en la madrugada del 31 de diciembre del 2014, fue una forma de vengarse de su expareja por una demanda de alimentos.

Seis meses después, en Pimampiro, una pequeña ciudad de Imbabura, aún se habla de esos hechos. El propietario del inmueble en donde ocurrió el ataque, recuerda que esa noche vio a Pablo salir del departamento. Estaba alterado. “¿Qué sucede?”, le preguntó por los gritos de auxilio que escuchó.

“No pasa nada”, respondió y saltó el cerramiento de la casa. Ya en la calle, un familiar lo detuvo hasta la llegada de la Policía. Los agentes dicen que encontraron en una mochila dos martillos y un cuchillo.

Esas evidencias las exhibieron en el juicio que se desarrolló hace dos semanas. Los jueces lo condenaron, en primera instancia, a 34 años y ocho meses de cárcel, una histórica sentencia en el país.

El Código Orgánico Integral Penal, aprobado el 10 de agosto del 2014, fijó en 40 años la pena máxima para castigar los delitos considerados graves, execrables. Antes, el límite era 35, pero la figura de acumulación de penas pasó inadvertida, comentan abogados a este Diario.

En el 2006 ya hubo un intento para endurecer las penas hasta 50 años, pero el Congreso de la época no aprobó la reforma.
Pablo recuperará su libertad cuando tenga 60 años.
Rosa, en cambio, dejará la cárcel de Riobamba en el 2 049. Desde este mes, la mujer cumple una condena de 34 años y seis meses por la muerte de su hija.

El 22 de marzo, cuando la detuvieron, solo dijo que la estranguló “sin querer” porque botó accidentalmente un televisor mientras jugaba.

¿Sabe cuánta plata cuesta eso? Por eso me descontrolé”, repetía la mujer de 32 años a los policías de Chimborazo mientras recorrieron el inmueble en donde se registró el crimen.

Rosa y la pequeña vivían en un negocio de lubricantes para automóviles ubicado en el noreste de Riobamba. Víctor, dueño del local, la contrató. “Era una trabajadora eficaz, tenía una conducta normal, nunca me hubiera imaginado que causara la muerte de su hija. Pensé que fue un accidente”.

Psicólogos la analizaron y ratificaron que no tenía problemas mentales. Esos informes fueron claves para fijar la pena.

El COIP establece una sanción de entre 22 y 26 años de prisión por asesinato (art. 140). Sin embargo, los jueces valoran los agravantes y pueden aumentar en un tercio el castigo.

Rosa cometió un agravante: atentó contra la vida de una persona que forma parte de un grupo considerado vulnerable (niños, adolescentes, adultos mayores, embarazadas, personas con discapacidad).

Datos oficiales refieren que en el 2014 se perpetraron 1 303 muertes violentas en el país. Entre enero y mayo del 2015 se reportaron 372 crímenes.

Parte de esas estadísticas son los dos asesinatos registrados el 9 mayo del año pasado en Mapasingue, un barrio asentado en el norte de Guayaquil. Samantha y su hija murieron apuñaladas. El sospechoso principal: su exconviviente, un muchacho de 18 años.

Aquella tarde de mayo la pareja discutió. Christian -según los expedientes judiciales- sacó un cuchillo y apuñaló 40 veces a Samantha. Mercedes, tía de la víctima, habló con este Diario el viernes. Recordó que los testigos escucharon gritos desgarradores de la joven. Mientras el sospechoso la atacaba, ella pedía a su hija que huyera. Damaris, de 3 años, se escondió debajo de la cama, pero el padre la arrastró y la degolló.

Para procesarlo, la Fiscalía utilizó el anterior Código Penal. Los jueces utilizaron la acumulación de penas para imponer el castigo máximo: 35 años de cárcel. Recuperará su libertad en el 2 050.

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