Perú, Reuters
Miles de mineros se atrincheraron hoy en una crucial carretera en el sur de Perú, en una protesta que ya ha dejado seis muertos tras choques con la policía y que amenaza generar un conflicto político que empañaría al vital sector económico del país.
Los mineros informales, principalmente productores de oro que iniciaron un paro indefinido el domingo, reclaman la derogatoria de varias leyes y un decreto de urgencia que afirman afectan su “único sustento de vida”.
Las normas fueron aprobadas recientemente por el Gobierno del presidente Alan García para ordenar la actividad informal en el sector, que actúa sin planificación principalmente en zonas de la selva o ríos y contaminan el medio ambiente.
García, en un discurso al firmar contratos de suministro de energía con recursos renovables, afirmó que la minería informal no sólo contamina los bosques y ríos, sino que también promueve la explotación de niños y genera prostitución.
“Queremos formalizar y ojalá se pudiera cooperativizar a los trabajadores pero con tecnología, con respeto social y sin desorden de trata de personas”, afirmó el mandatario.
La actividad informal minera, que se realiza sin permisos medioambientales y con casi nulo cuidado de los trabajadores, ha aumentado en los últimos años y representa hasta el 20 por ciento de la producción aurífera del país, según expertos.
El domingo, tras enfrentamientos entre mineros y policías, seis personas murieron y 29 resultaron heridas, entre ellas 20 civiles y nueve suboficiales de la Policía Nacional del Perú, dijo el Ministerio de Interior en un comunicado.
El choque se produjo en la localidad de Chala, en la región de Arequipa, a poco más de 600 kilómetros al sur de Lima. La mayoría de las víctimas tenían heridas de bala en el cuerpo.
Una de las víctimas murió de un infarto en uno de los cientos de vehículos de transporte varados en la zona.
Oposición rechaza promover paro
Los mineros que bloquean la carretera son al menos 3.800 y los policías en la zona alrededor de 1 200, según testigos.
En Lima, al menos 1 000 trabajadores mineros informales marchaban en apoyo a la protesta, generando caos en el tránsito vehicular pero sin que haya incidentes con la policía.
La minería formal es uno de los motores de la economía local y representa casi el 60 por ciento de las exportaciones del país sudamericano.
Perú es el sexto mayor productor mundial de oro, el segundo de cobre y el primero de plata. En medio de las protestas, el Gobierno acusó a legisladores del opositor Partido Nacionalista, liderado por el militar retirado Ollanta Humala, de promover la huelga minera.
“Lo que ha venido caracterizando al Gobierno es como se dice lanzar la piedra y echarle la culpa a la oposición”, dijo Humala, voceado candidato para la presidencia de Perú el 2011.
“Ya es momento de decirle alto a García, que no puede seguir matando peruanos para imponer sus políticas económicas”, agregó en una conferencia de prensa, en la que también pidió la renuncia del primer ministro por las muertes registradas.
El nuevo conflicto se produce a seis meses de unas elecciones regionales y a casi un año de los comicios presidenciales, en los que García no puede postular porque las leyes no permiten una reelección inmediata.
García, un fervoroso promotor de la inversión privada, ha respaldado las grandes inversiones privadas para apuntalar y sostener el repunte de la economía del país.
El líder de los mineros artesanales, Teódulo Medina, ha acusado al Gobierno de querer destruir a la pequeña minería en favor de las grandes corporaciones. Perú produce 180 toneladas de oro anuales con la operación de importantes firmas extranjeras como Newmont <NEM.N> y Barrick <ABX.TO>. Según Medina, los mineros informales dan empleo a unos 300.000 trabajadores en el país.
Minería salvaje
La manifestación fue convocada por la Federación Nacional de Mineros Artesanales del Perú para demandar la derogatoria de dos leyes y un decreto que dispone la creación de una zona de exclusión minera en Madre de Dios, frontera con Brasil, una de las regiones más contaminadas del país.
La norma prohíbe el uso de herramientas como dragas, que se utiliza para mover tierra del lecho en los ríos y que suponen un peligro para el medioambiente.
“Algún día Brasil puede organizar una protesta contra nosotros porque todo lo que sale de Madre de Dios termina en Brasil o termina en el río Amazonas”, afirmó García.
“¿Cómo vamos a explicar que hemos permitido una minería salvaje que no paga impuestos, que no paga salarios, que no utiliza una tecnología moderna (…) y permitir que se continue contaminando brutalmente la Amazonía del país?”, agregó.
La explotación de la riqueza natural peruana suele despertar choques entre el Gobierno y las comunidades.
En junio pasado, los planes del Gobierno de abrir tierras a perforaciones petroleras, mineras y a la explotación forestal desencadenaron protestas por parte de indígenas amazónicos, en las que murieron más de 30 personas, entre policías y nativos.
Para sofocar la protesta, García derogó dos leyes que según los indígenas ponían en riesgo sus tierras ancestrales.