2 de noviembre de 2015 00:00

Los seguros para autos son más demandados que los de vida

El cementerio de San Diego, en el sur de Quito, posee un pabellón especial para beneficencia que cuenta con un área especial para los niños con familias de pocos recursos. Foto: Alfredo Lagla / EL COMERCIO

El cementerio de San Diego, en el sur de Quito, posee un pabellón especial para beneficencia que cuenta con un área especial para los niños con familias de pocos recursos. Foto: Alfredo Lagla / EL COMERCIO

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Redacción Sociedad
sociedad@elcomercio.com (I)

Murió hace siete días. Tenía 79 años. Luis Alquinga vivía como cualquier otro indigente en las calles de Quito. Sobrevivía de lo que podía encontrar para comer.

Apenas en enero de este año halló un techo provisional para protegerse: el Hogar de Vida N°1 del Patronato San José, ubicado en la Ciudadela del Niño, en Conocoto. Ahí pasó sus últimos días, entre otras 105 personas que acoge el lugar.

Falleció por causas naturales. No tenía familiares, amigos ni un seguro de vida para cubrir los gastos exequiales.

El valor de un seguro de ese tipo puede ser de unos USD 150 al año. Demasiado para alguien como Alquinga, cuya única fuente de ingreso eran las limosnas esporádicas. Ese precio es solo referencial. Hay una amplia gama de coberturas y beneficios en seguros que toman en cuenta factores como edad, sexo, actividad y condición social del asegurado.

Los seguros de vida individual son menos demandados que otros, como los de vehículos o accidentes de tránsito.

Entre enero y junio de 2015, las compañías de seguros privados en el país vendieron un total de USD 13,9 millones por concepto de seguros de vida individual, según la Asociación de Compañías de Seguros (Acose). Para seguros de vehículos la cifra llegó a los USD 222 millones.

Salas, presidente de Acose, dice que hay tres razones que lo explican. La primera es cultural, pues no hay un hábito de prevención. La segunda es económica. “En un país donde la gente vive con niveles de ingresos de subsistencia, lo último en lo que se piensa es en contratar un seguro porque primero hay que comer, vestirse, educarse y cuidar la salud”.

Y la tercera razón es jurídica, porque faltan leyes que incentiven la adquisición de esas pólizas. En Ecuador, hay empresas que ofrecen el servicio como un plus para sus empleados. O cuando se solicita un crédito hipotecario, para proteger la inversión del inmueble si el propietario fallece. Pero no es la regla general. 

Alquinga no tenía bienes. Su vestimenta envejecida y los objetos que encontraba en la calle eran sus únicos bienes. Falleció como llegó a la Casa Hogar; pobre, desamparado.

Por pedido de esa institución de beneficencia, la Sociedad Funeraria Nacional (SFN) cubrió los gastos de su entierro.
Tuvieron que trasladarlo directamente al camposanto, porque el lugar no tenía cuarto frío para conservar el cadáver y el proceso de descomposición fue acelerado. Por eso no pudo ser velado por sus compañeros del Hogar de Vida. Sus únicos acompañantes en la última morada fueron dos sepultureros y Patricia Chiguano, la
trabajadora social.

Cuando una persona está desprotegida y no tiene seguro de vida, generalmente acude a la Funeraria Nacional. Se ha convertido en un referente de ayuda social. Carlos Erazo, socio y presidente, asegura que son la única institución de este tipo que brinda servicios por total gratuidad a personas de escasos recursos.
Antes también se daba ese servicio en el Ministerio de Inclusión Económica Social (MIES) a las personas que reciben el Bono de Desarrollo. Pero ahora ya no hay beneficiarios.

Este Diario pidió información desde el 26 de octubre a esa institución para conocer las razones por las que se suspendió y desde cuándo. Hasta el cierre de esta edición no hubo contestación.

En el cementerio de San Diego, propiedad de la SFN, existe un pabellón exclusivo para fines benéficos, que se ubica junto a la capilla del camposanto. “La idea es brindar un servicio equitativo y sin distinción con el área comercial”, señala Vladimir Rosero, encargado administrativo del recinto funerario.

Las personas que acceden a la beneficencia reciben la porción de tierra para la sepultura a modo de préstamo, pero solo durante cuatro años.

Luego de ese período, los familiares tienen la oportunidad de renovar el servicio con el pago de un arriendo (USD 35 anual); de lo contrario los cadáveres son exhumados y llevados al depósito para que la sepultura sirva para una nueva beneficencia.

No existe un protocolo definido en la SFN para aprobar un servicio de este tipo. Empleados de la organización, amigos de los directivos, exclientes y fundaciones son quienes, generalmente, refieren los casos que ameritan una ayuda en los servicios funerarios.

En la Casa Hogar tienen cada mes al menos un caso de ese tipo. Por eso lo ocurrido con Alquinga no fue una sorpresa.

A él, tras el papeleo de rutina, se le asignó la tumba 202 en el cementerio de San Diego. Ahí, un lápida blanca sobresale de la tierra. Sirve para dos fallecidos.

En un costado está el nombre y fecha de defunción con letras negras de Luis Alquinga. Y, en el otro, el de su vecino de morada, con quien permanecerá hasta que se cumpla el plazo de su estancia y sea reemplazado por otra persona de escasos recursos y sin seguro para cubrir su entierro.

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