17 de abril de 2015 13:17

Cecilia Vaca: “Hasta ahora la seguridad social es un derecho de pocos”

Cecilia Vaca

Cecilia Vaca, ministra Coordinadora de Desarrollo Social.

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César Sosa
Editor (I)

El día que la Asamblea aprobó el Proyecto de Ley de Justicia Laboral y Reconocimiento del Trabajo No Remunerado, la ministra de Desarrollo Social, Cecilia Vaca, confiaba en que la Ley pasaría en la Asamblea con la mayoría oficialista. Eso ocurrió la noche del 14 de abril del 2014, pero todavía quedan varias dudas sobre su aprobación. La principal es el sustento técnico que le permitió al Gobierno afirmar que el IESS es sostenible en el largo plazo sin el aporte estatal del 40%.

Los estudios actuariales del IESS muestran que hay un déficit. ¿Qué estudios tiene su Ministerio para sustentar que la eliminación del aporte estatal del 40% para el pago de pensiones al IESS es sostenible en el tiempo?

Hay estudios que están circulando en distintos espacios y que se refieren a datos del 2010. Y es importante tener información actualizada que permita hacer proyecciones correctas en el largo plazo. En ese sentido, nosotros como Ministerio Coordinador de Desarrollo Social también hemos hecho estudios y proyecciones que nos permiten llegar a las mismas conclusiones a las que están llegando los estudios del IESS. Entiendo que ellos están auditando los estudios.

Hay dos estudios. Uno del 2010, que está auditado, y otro del 2013 que está en proceso de auditoría. Pero ambos señalan que existe un déficit.

Los estudios del 2010 necesitan actualizarse, ya que ha aumentado el número de personas que cotizan a la Seguridad Social y eso le da más sostenibilidad. Ese estudio tenía una gran debilidad porque hacía una proyección lineal de la población y no consideraba la tasa de rendimiento de las inversiones del Biess. Frente a eso, los estudios que se están ajustando en estos momentos toman en consideración una población real y las reformas.

El estudio más actualizado que se tiene sobre este tema es del 2013, aunque no está auditado, y muestra que el déficit actuarial ha crecido. ¿Qué estudios maneja el Gobierno?

Tendría que conocer esos estudios. Lo que insisto en señalar es que los estudios actuariales proyectan una tendencia sobre la sostenibilidad de un sistema. No hay que confundir sobre la liquidez que puede tener el fondo de pensiones del IESS, que no tiene problemas, y lo que puede ser un déficit actuarial a futuro.

Pero hay informes del propio IESS que señalan que el año pasado ya faltaron recursos para pagar las pensiones jubilares y se tuvo que recurrir a los ahorros.

No sé en qué estudio esté eso. No hay un déficit en pensiones. Actualmente tenemos más de 3,1 millones de personas que cotizan a la Seguridad Social, que es la que financia la liquidez de las pensiones que ahora están en marcha. Hay más de 360 000 afiliados que cobran sus pensiones. Por eso me ratifico en decir que no hay problema de liquidez. Lo otro puede ser un problema actuarial, que es diferente.

Los documentos del IESS señalan que en el 2014 ya faltaron USD 44 millones para pagar pensiones y que este año faltarán 339,1 millones. Y para cumplir con esos pagos se acude a los ahorros, descapitalizando al IESS.

Si ese fuera el caso, incluso tienen sentido las reformas que estamos planteando. No vamos a eliminar el 40% de aporte estatal. Estamos diciendo que el Estado garantizará y es responsable subsidiario si al IESS le faltan recursos. Hasta donde yo sé y he podido estudiar, no existe un problema de liquidez en el fondo de pensiones. Si algún momento existiera una falta de recursos para el pago de pensiones ahí entra la garantía del Estado para hacer el pago. En todos los sistemas de seguridad del mundo siempre se hacen ajustes, porque la población va modificándose. De aquí a 50 años, cuando ya no tengamos el bono demográfico que hoy tenemos tendremos que hacer ajustes a la Seguridad Social.

¿Por qué los que se conocen públicamente muestran un escenario diferente a los que dicen las autoridades del Gobierno?

¿Cuáles se conocen públicamente?

Los estudios actuariales del 2010 y del 2013. El primero auditado y el segundo en proceso de auditoría.

Los estudios actuariales consideran en este momento las condiciones reales sobre el número de cotizantes, proyecciones sobre el crecimiento del número de afiliados y los ajustes. Por eso la reforma actual, de ajustar las pensiones al índice de inflación, genera mayor sostenibilidad. La tabla anterior ya cumplió su misión se reducir las brechas en las pensiones jubilares, pues había personas que recibía pensiones de USD 8 mensuales. Ya se han cerrado las brechas y ahora se ha llegado a pensiones más dignas. Una vez cumplido ese objetivo la propuesta es que las pensiones crezcan en función de la inflación. La sostenibilidad de la Seguridad Social se va a dar por el número de cotizantes que se incorporen a la seguridad social.

¿Por qué no se hace públicos este estudio que menciona?

El estudio lo tiene el IESS.

Pero lo que se conoce del IESS son los estudios del 2010 y 2013, que muestran un escenario diferente al que usted señala.

En las próximas semanas seguramente van a publicar ese informe auditado. La institución responsable de compartir los estudios actuariales es el IESS.

En la Asamblea se toman decisiones con base en información que nadie conoce o, en el mejor de los casos, pocos funcionarios del Gobierno.

Sí lo conocen. Usted mismo me hace referencia a los estudios.

Le hago referencia a los estudios muestran un déficit y que recomienda una serie de medidas para cubrirlo. Y el Gobierno, en cambio, habla de superávit y de un ajuste en el porcentaje de crecimiento de las pensiones jubilares, lo cual ha sido calificado como una medida ‘parche’.

La tabla con los porcentajes de aumento a las pensiones cumplió una misión específica. Uno va ajustando los sistemas de seguridad social en el tiempo conforme se van desarrollando los mercados y la población.

¿Qué tanto resuelve eso los problemas de fondo en el IESS?

El ajuste por inflación permite garantizar un consumo mínimo de los adultos mayores. También está la reforma del 40%, que no elimina el aporte estatal, sino que lo reemplaza por una garantía del Estado, para dar al IESS los recursos cuando lo necesite.

¿Por qué eliminar el aporte del 40%?

Actualmente estamos prepagando un déficit actuarial y eso no es justo frente a un sistema de seguridad social que debería procurar incluir al mayor número de personas a este derecho. Hasta ahora la seguridad social es un derecho de pocos, de quienes trabajan en relación de dependencia o han tenido capacidad de cotizar. Lo que decimos es que el esfuerzo que debe hacer el Estado en este momento es incorporar y ser corresponsable de incorporar a otros colectivos. Y un ejemplo de eso son las amas de casa, que representa el 15% del PIB del país. Estamos diciendo que deben cotizar y que el Estado también será corresponsable, porque eso es una seguridad social con sentido de solidaridad.

¿Por qué el 40% no es necesario actualmente?

No hay que confundir lo que es una proyección actuarial con lo que es un problema de liquidez. En eso hay que ser firmes. Actualmente hay 3,1 millones que cotizan

Que nos son suficientes para lo que se necesita, según informes del IESS

Ahí sí discrepo.

Entonces falta la documentación para rebatir los estudios que se conocen públicamente

Hay que reconocer que existe una relación de 8 a 1 entre las personas que cotizan y las que reciben el beneficio por jubilación. Eso genera y asegura el pago de pensiones. Y decimos que el Estado debe garantizar el pago de pensiones cuando se genere un déficit de caja.

¿Cómo se define cuándo el IESS necesitará esa plata?

Se sabe cuántas personas se van a jubilar el próximo año. Ese cálculo lo puede hacer el IESS. Es importante conocer que el aporte del 40% nace en 1942, cuando la coyuntura era otra. En esa época el IESS era una caja de pensiones, que no tenía solidez. Ahí el Estado se comprometió a cubrir los aportes porque eran necesarios. A lo largo de los años se mantuvo ese esquema, pero carecía de un respaldo técnico. En el 2001 se genera la obligación del Estado para contribuir con el 40%, que respondía a la Constitución de 1998, que buscaba otro sistema de seguridad social. Nosotros planteamos un sistema de seguridad social que se caracteriza por ser un sistema de reparto, que busca la universalidad, ser solidario y que genera corresponsabilidades.

Eso amerita una reforma más amplia, ¿por qué no se planteó una reforma integral y se hacen reformas a medias?

Coincido en que hace falta una reforma integral, pero también creo que las reformas puntuales que se están aprobando generan mayor sostenibilidad del sistema. Le dan unos 25 años de sostenibilidad.

¿Por qué la urgencia en esa reforma puntual y no en la reforma integral?

Esa la seguiremos haciendo. En el Ministerio hemos venido trabajando este tema por más de tres años. Es una materia compleja que amerita un debate profundo. Pero las reformas puntuales responden a una coyuntura que busca generar un cambio conceptual en principios importantes como incorporar a las amas de casa, que han sido invisibilizadas en el país. Nos hemos demorado toda la historia del país en crear este derecho.

Con el argumento de incorporar a las amas de casa están metiendo un tema igual o más importante como es la eliminación del 40%, sobre el cual no existe mayor información.

Lo que se propone en el articulado es que existe la garantía del Estado para el pago de las pensiones.

Si hay antecedentes de que el Estado no quiere reconocer la deuda de Salud, ¿por qué creer que el Gobierno, cualquiera que sea, pueda aprovechar la ley para dejar de pagar al IESS?

Por eso es importante entender la historia, para que se vea qué pasó y cómo se determinó ese 40%, para ver la coyuntura de ese momento y la actual.

Por la forma en que se ha presentado el proyecto a la Asamblea, parece que el problema de fondo es fiscal.

No es así. La propuesta la hemos venido trabajando por mucho tiempo, antes de conocer que se podía presentar una situación económica más sensible. Este tema se ha venido debatiendo hace mucho tiempo.

¿Con quiénes han debatido? Las personas que saben la problemática del IESS no conocen los estudios que maneja el Gobierno, sino solo declaraciones de las autoridades.

El debate se ha dado en distintas instancias, en el Ejecutivo, en el Legislativo, se ha trabajado con jubilados, trabajadores.

¿Con qué trabajadores y jubilados? Sus representantes dicen que no conocen los estudios.

Sí lo conocen y desde hace mucho tiempo. Habrá que ver qué trabajadores y jubilados no lo conocen, pero el proyecto ha sido sociabilizado.

¿Por qué la reforma del Gobierno no aplicó la misma lógica a las Fuerzas Armadas, a las cuales se mantiene el subsidio del 60%?

Las Fuerzas Armadas son regímenes especiales y responden a temas distintos.

¿Qué distingue al IESS del seguro para las Fuerzas Armadas? Para ambos hay subsidio estatal, en el primer caso del 40% y para el segundo el 60%. Pero ahora se decide modificar solo el primero.

Pero estamos planteando que el Estado será responsable subsidiario. En eso quiero insistir.

Eso también podían ponerlo para el caso de las FF.AA.

Sí se podría ponerlo.

¿Por qué no lo hicieron?

Ahorita estamos analizando una Ley del régimen general. El análisis de los regímenes especiales es un debate que tendrá que darse en algún momento y que es importante seguirlo estudiando. Todos los ajustes a los sistemas de seguridad social tienen que estudiarse de forma constante, porque la población cambia.

Quisiera insistir en los estudios actuariales, ya que permiten saber si las decisiones que se toman ahora están ayudando a cerrar brechas en el futuro. Y los estudios del IESS muestran que no está sucediendo eso.

Las reformas que se están planteando proyectan mayor sostenibilidad del sistema de seguridad social. El incorporar a más cotizantes es la principal fuente de sostenibilidad del sistema, al igual que ajustar las pensiones a la inflación y lograr que los aportes del Estado se den cuando así lo requiera el IESS, pero a su vez que el Estado también pueda generar un aporte importante para incluir nuevos colectivos a la seguridad social. Eso está plasmado en los artículos de la ley.

¿No debe constar expresamente en la Ley el monto del aporte estatal para que esa obligación sea exigible?

Se está garantizando en la ley.

Si llega una crisis económica, ¿cómo se va a pagar esa obligación?

Lo que se tiene que garantizar es el pago de las pensiones en curso de pago. Y si existiera una falta de liquidez, el Estado debe responder frente a eso.

Este año el Gobierno tiene presupuestado USD 1 100 millones para el IESS. ¿Qué pasará con eso?

Los USD 1 100 millones responden a los aportes obligatorios por las pensiones en curso de pago. Y ojo, porque este Gobierno es el único que ha reconocido la deuda histórica del pago del 40% de las pensiones. Ha cancelado esas obligaciones.

Y ahora está desconociendo la deuda en salud con el IESS.


Para hablar de una deuda en salud debemos conocer plenamente cómo se debe aplicar la Ley del 2001. Y en este momento no existe un reglamento para eso.

Ese reglamento le correspondía promulgarlo al propio Gobierno.

Yo me iría más allá del reglamento. Hay un tema puntual en el cual sería importante que Contraloría emita un informe final.

Contraloría ya dijo que Finanzas debía pagar esa deuda

No hay un informe final que establezca claramente cuál es la responsabilidad del Estado frente a la deuda en salud. Me parece importante conocer cuál es el criterio puntual de Contraloría, porque hay una dificultad sobre la aplicabilidad de la Ley, porque no se puede determinar las prestaciones reales que se han dado a los jubilados en salud. No conozco un informe final de Contraloría en el cual recomiende cómo determinar esa deuda.

¿La Contraloría debe decir cómo se determinan las deudas?

Si hay una deuda debo saber cuáles fueron las prestaciones que se otorgaron a los jubilados. Y además hay un problema de inconstitucionalidad en la Ley del 2001.

Han tenido ocho años para resolver ese problema. Y la reforma que se propone ahora ni siquiera está en el plan de Gobierno de Alianza País.

En la agenda de política social de este Ministerio está como uno de los principales objetivos. Y está en el plan del Buen Vivir. Estamos cumpliendo con una promesa de Gobierno y un mandato constitucional como es incluir a las amas de casa. Tampoco es justo decir que no se ha hecho nada. Construir estas propuestas no es de la noche a la mañana. Por eso quiero insistir en que este es un tema que se ha venido trabajando muchísimo tiempo y que busca garantizar un derecho para todos y todas las ecuatorianas.

Finalmente, ¿cómo se puede acceder a los estudios que maneja el Gobierno?

Eso se debe preguntar al Seguro Social

En la Ley de Seguridad Social se exige que las decisiones que tome el IESS deben sustentarse en estudios actuariales auditados, que no los hay.

La institución responsable de entregar los estudios es el IESS. Ellos cuentan con esos estudios y entiendo que están por entregarse en las próximas semanas.

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