2 de June de 2010 00:00

Zambrano recibió amenazas previas

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Redacción Judicial

La investigación por el asesinato de Jéssica Núquez, esposa de Carlos Zambrano, asambleísta de País por El Oro, sigue. La Policía estudia la relación que pudiera existir entre la muerte y las actividades políticas y empresariales de la familia.

Fausto Olivo, jefe de la Policía Judicial de El Oro, dijo que la información que se recopile será enviada a Quito para su análisis.

Se conoció que dentro de la indagación se ‘desempolvó’ el pedido de protección policial que hizo, hace cuatro meses, el asambleísta Zambrano. Esa solicitud se relacionó con supuestas llamadas de amenaza que recibió de personas vinculadas a la minería.

Si bien a los cuatro o cinco días, el asambleísta pidió el retiro de los policías, este es un hecho que interesa a los agentes. Carlos Zambrano, antes de ingresar a la política era un conocido empresario minero, actividad familiar que la inició su padre, Víctor Emilio Zambrano, y en la que también participa Alberto, su hermano.

La empresa familiar se llama Compañía Minera Zambrano (Eminza) que opera, principalmente, en la parroquia de Bella María, cantón Santa Rosa. Ahí está la concesión denominada Los Ingleses. En el 2007, reportó una extracción de 14 119 gramos, por un valor de USD 248 670.

Con la participación de Carlos Zambrano en política, su esposa tuvo más responsabilidades en el manejo de la empresa. Al mismo tiempo realizaba labor social a través de la Fundación Manos que Ayudan, que trabaja principalmente con niños y niñas. La organización apoya tareas del Infa en la provincia.

En la elaboración de la actual Ley de Minería, el asambleísta tuvo protagonismo, pues realizó varios recorridos por zonas mineras resaltando la importancia del marco jurídico. Sin embargo, con la aprobación de la ley, desde noviembre del 2009, se eliminaron varias concesiones mineras y otras, que estaban en trámite, se suspendieron.

Hasta inicios del año pasado, en la provincia había más de 470 concesiones. Hasta ahora no hay un número oficial de las que fueron reconocidas, pero se esperaba que el 30%, unas 140, sean revertidas al Estado.

Zambrano también lideró un proceso para que los nombramientos pendientes en las instituciones públicas se lo realice con base en la Ley y a los méritos de las personas e investigaba posibles casos de corrupción. Esto también es analizado por la Policía.

El gobernador de El Oro, Édgar Córdova, aseguró que pocas horas después del crimen, el asambleísta recibió amenazas a su teléfono celular que podrían dar pistas sobre el crimen. Mientras tanto, Zambrano dijo que se ausentará de la Asamblea. Ayer, su alterno, Alberto Franco llegó a Quito para reemplazarlo en sus funciones.

Plan contra sicariato se anuncia

Investigadores de Francia y Colombia asesorarán a la Policía ecuatoriana en el análisis y levantamiento de información relacionada con el sicariato.

Así lo aseguró ayer el ministro de Gobierno, Gustavo Jalkh, quien dijo que se ha conformado un equipo especializado con agentes de la Dirección General de Inteligencia, Unidad de Lucha contra el Crimen Organizado (ULCO) y la Dirección Nacional Antinárcoticos.

Jalkh reconoció un incremento del 5% de crímenes violentos con la característica del sicariato en Guayaquil. Según sus cifras, de 212 casos de homicidios registrados en el 2010 en esa ciudad, el 11% correspondió a sicariato, el 64% a ajuste de cuentas, etc.

La Junta Cívica de Guayaquil y 30 organizaciones de Guayas pedirán este día al Gobierno que declare el estado de excepción en la provincia por 90 días. En ese plazo proponen elaborar, entre los gremios y el Régimen, un plan nacional contra la delincuencia.

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