16 de septiembre de 2014 20:54

Comunidades waoranis recibirán con una ceremonia a los cinco liberados

archivo / el comercio

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Diego Bravo.  Redactor

dbravo@elcomercio.com (I)

Los preparativos de la bienvenida comenzaron ayer. Tras conocer que los cinco waorani procesados por la masacre de un clan taromenane, en marzo del 2013, recuperaron la libertad, dirigentes indígenas y de las comunidades organizan una ceremonia para recibirlos.

“Será hasta el jueves. Habrá una fiesta y también un castigo por lo ocurrido”, manifestó el miembro de la Nacionalidad Waorani del Ecuador (Nawe), Luis Awa, quien ayer recibía llamadas telefónicas de directivos para afinar los detalles del acto que será ancestral de acuerdo con las tradiciones y cosmovisión del pueblo wao.

Los cinco procesados se beneficiaron de que el juez segundo de Garantías Penales de Orellana, Álvaro Guerrero, diera paso al pedido de revisión de medidas cautelares.

En la audiencia que se realizó ayer, dictó medidas sustitutivas a favor de ellos y tendrán que presentarse cada 15 días ante el Juzgado. También se les prohibió salir del Ecuador. “Para las cinco personas se ordenó emitir la boleta de libertad y no se detendrá a quienes se encuentran prófugos”, informó la Fiscalía en su cuenta de Twitter.

17 personas fueron indagadas por esos hechos, que ocurrieron en venganza por las muertes de los ancianos taromenane Ompure y Buganey. Siete wao fueron arrestados. Pero, el 14 de junio del 2014, tres se escaparon del centro de rehabilitación social de Orellana. Uno fue recapturado, a los otros no se les logró apresar otra vez.

Durante la diligencia, el fiscal que investigó el caso, Andrés Cuasapaz, argumentó que se realizaron peritajes antropológicos, sociológicos y de interpretación cultural con base en las recomendaciones dadas por James Amaya, relator especial de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas.

También, insistió en garantizar la comparecencia de los 17 investigados. Ayer por la tarde había expectativa por la salida de los cinco. En un principio se prevé que la ceremonia de bienvenida se realice en la comunidad Dikaro (Orellana). En esta habría cánticos, comida y rituales ancestrales.

La Corte Constitucional

La Constitución dice que atentar contra la vida y los derechos de los pueblos ocultos es delito de etnocidio (artículo 57). En este tipo de ilícitos, el Código Penal establece sanciones de 16 a 25 años de reclusión mayor extraordinaria.

Pero, ¿qué se aplica en el caso de los waorani detenidos? Para Daniela Salazar, catedrática de la Facultad de Derecho de la Universidad San Francisco, lo primero que se debe tomar en cuenta es lo que plantea la resolución de la Corte Constitucional (CC) para resolver el caso.

Los procesados recuperaron la libertad luego de que la CC recomendara que se los juzgue bajo los principios de interculturalidad y no con las leyes ordinarias. Este pronunciamiento fue emitido a inicios de agosto pasado tras una reunión de los miembros de la Corte.

La entidad analizó si procedía o no juzgar a los waorani bajo normas ordinarias o bajo la jurisdicción indígena. En la resolución -de más de 30 páginas- la entidad recomienda al Juez de Orellana tomar en cuenta convenios y sentencias internacionales relacionadas con el delito de genocidio.

Esto, porque los 17 indígenas investigados -solo cinco fueron detenidos- son juzgados por ese delito. De acuerdo con el Código Penal, la pena por esa infracción es de 16 a 25 años.

Esta resolución de la Corte fue emitida luego de que esta misma, a finales de julio pasado, resolviera que los casos de muertes violentas cometidas por gente de comunidades indígenas sean juzgados solamente por la justicia ordinaria.

Patricio Pazmiño Freire, presidente de esa dependencia, lo hizo con base en la Acción Extraordinaria de Protección número 0731-10-EP del caso conocido como La Cocha. En ese hecho, registrado el 9 de mayo del 2010, cinco jóvenes de la comunidad La Cocha (Cotopaxi) fueron juzgados por la justicia indígena después de un asesinato. Luego, ellos fueron sometidos a la justicia ordinaria.

Los días en la cárcel

Los cinco indígenas pasaron 10 meses detenidos. Inicialmente permanecieron en el Centro de Rehabilitación Social Sucumbíos (CRS), en las afueras de Nueva Loja, en la Amazonía de Ecuador. Una alambrada es solo el primero de tres filtros a los que se someten los visitantes.

La dirección del internamiento aplicaba un régimen diferenciado para las personas detenidas por la matanza.

Ellas recibían visitas los martes y jueves y no tenían contacto con los otros privados de libertad. Esos días, Huepera Tocari, hermano de uno de los internos, decía que se trataba de un acto inhumano. “Waorani no ha conocido este tipo de cárcel. Mi hermano está mal. Dice, aquí no hay cómo mover”.

“Los siete waorani pasan todo el día en una celda, mientras los demás detenidos se pasean en los patios”, denunciaba esos días Andrés Acaro, abogado de los indígenas. “Les sacan a caminar solo una hora al día, pero dentro del pabellón”. Después fueron llevados a Orellana.

En contexto

Cerca de 10 000 indígenas no contactados viven en las selvas de América Latina. Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, las actividades de extracción son quizás la mayor amenaza al pleno goce de los DD.HH. de esos pueblos en aislamiento.

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