5 de December de 2011 00:02

La violencia sacude las vidas de vecinos, jueces, fiscales, personal de hospitales...

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Domingo 27 de noviembre del 2011. Son las 20:35. En medio de la oscuridad en la calle 101 del barrio La Victoria, al noroeste de Manta, fue asesinado José M., de 21 años. Los sospechosos llegaron a bordo de un automóvil gris. Eran tres, dos se bajaron del automotor y dispararon una ráfaga de balas, que presumiblemente salió de una subametralladora.

El joven cayó en la vereda antes de empezar a comer una hamburguesa que había comprado en un quiosco cercano.

[[OBJECT]]“Todo ocurrió rápido que no se pudo distinguir quiénes eran las personas que lo mataron”, comentó José, un vecino del lugar.

Ángel B., un amigo que estaba junto a José, fue herido y se recupera en un hospital.

José, quien trabajaba como albañil, es la víctima 97 que ha sido acribillada en lo que van del año en los cantones manabitas de Manta, Montecristi y Jaramijó. Las muertes violentas han desencadenado en estos tres cantones una suerte de temor ciudadano.

“Nuestra seguridad es vulnerable, no tenemos vida social. Nos toca enclaustrar a nuestras familias en los respectivos domicilios, e incluso hay tres colegas a nivel de Manabí que por amenazas de muerte se movilizan con resguardo policial”, comenta un fiscal que labora en Manta. Este funcionario no puede revelar su nombre, pues los fiscales están impedidos de hacer comentarios de los casos que conocen.

“Rompe el alma ver cuando llegan en busca de noticias sobre su ser querido; en muchas ocasiones las víctimas llegan a morir sobre las mesas de atención médica”, comenta Francisca. Ella es una enfermera que trabaja en la sala de urgencias de una casa de salud. El espacio en la sala de emergencia nos queda corto, los pacientes que son trasladados por atentados de bala llegan cada semana. “A veces lo hacen de a uno, otras veces de dos. Esto sucede con mucha frecuencia desde hace cinco años”, refiere.

“Los amigos de las víctimas llegan mostrando sus armas. Eso desconcentra a los médicos al momento que están haciendo su trabajo”, señala Francisca.

Ramón M. es el padre de José M. Cuenta que La noche del 27 de noviembre su hijo llegó a la casa ubicada a 100 metros donde cayó abatido. “Me trajo una comida en tarrina plástica. Sírvase papá, ya regreso fueron sus últimas palabras”. Ramón sollozaba mientras abrazaba el cuerpo inerte de José. Gritaba y pedía justicia. Finalmente se desmayó por algunos segundos. Él sufre de taquicardia y fue llevado de inmediato a un médico cardiólogo.

El psicólogo Oswaldo Zambrano, quien además es catedrático de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí (Uleam), dice que el tipo de violencia que se ha desencadenado entre los cantones Manta, Montecristi y Jaramijó causa miedo en por lo menos un 30% de los 400 000 habitantes que residen en las tres jurisdicciones de Manabí.

La gente -señala el psicólogo- no quiere salir de sus casas, teme lucir accesorios de valor o comprar por ejemplo un automóvil moderno, pues pueden ser presa fácil de la delincuencia.

Zambrano atiende a familiares de las personas que han sido asesinadas violentamente. “Es muy difícil que una persona pueda superar el duelo emocional cuando su familiar fue asesinado, ahí también nace la desconfianza en el sistema de justicia y el paciente queda traumatizado”.

Los familiares de las víctimas muchas veces no presentan las denuncias después de que sus familiares son asesinados.

Quienes sí lo hacen reciben amenazas de muerte vía telefónica. Por ello solicitan ser incluidos en el programa de protección a testigos. Ese es el caso de Rosa A.

Su hijo murió en un confuso incidente donde están involucrados seis policías, sucedió hace 30 días. Rosa a través de un abogado solicitó ser incluida en ese plan.

“Solicitamos por escrito que le den protección, la llamaron a una entrevista en la Fiscalía de Manta y de ahí no ha pasado nada”, comenta el abogado de la mujer.

Rosa camina por las calles de Manta sin protección. “Es vulnerable igual que un testigo protegido para quien también pedimos vigilancia, pero nada se ha concretado, exigiremos que sean militares los que la resguarden”, señaló el jurista.

Hace tres años, el juez Wilter Zambrano, domiciliado en Manta, fue amenazado de muerte. Solicité resguardo policial. La solicitud fue aprobada y tuvo resguardo durante 90 días.

“El Policía lo acompaña a uno cuando sale de su casa, luego al retornar al hogar. Hasta ahí llega su trabajo. La violencia que experimenta Manta debido a los problemas entre bandas de narcotraficantes ha hecho que la gente deje de salir a sus compromisos sociales. Se pide comida por teléfono y lo mejor es quedarse en casa con la familia”, reflexiona.

Zambrano cree que, por su condición de puerto, Manta se ha convertido en una ciudad apetecible para aquellos grupos fuera de la ley. “Sin duda que operar en el mar es más seguro, es más amplio y tiene muchas complicaciones”, refiere el judicial.

Los policías también necesitaron ayuda psicológica. A mediados del 2010, los gendarmes de Manta recibieron charlas de expertos en psicología. Fueron capacitados para saber cómo actuar especialmente en casos de manejo de situaciones críticas cuando las personas son acribilladas.

Edwin Gómez, jefe de la Policía Judicial (PJ) en Manta, comenta que los policías están preparados psicológicamente para enfrentar a los grupos delincuenciales.

“La nuestra es una preparación diferente. No podemos mostrarnos débiles ante los delincuentes; eso sería darles ventaja, nosotros nos debemos a la sociedad por ello debemos ser fuertes”, refirió.

Mientras las calles de Manta, Montecristi y Jaramijó sean escenarios de muertes violentas, los momentos de dolor como los que vivió Ramón por el acribillamiento de su hijo continuarán.

El hombre todavía no sabe si ubicará una denuncia en la Fiscalía o en la Policía Judicial.

Primero dice que no tiene dinero para contratar un abogado que lo defienda y siga su caso. “Mi hijo está muerto, una denuncia no me lo va a revivir. Únicamente creo en la justicia divina”, cuenta el hombre con un tono triste.

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