14 de June de 2010 00:00

Las víctimas del sicariato, sin protección

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Redacción Judicial

Con tres disparos en la cabeza, dos desconocidos asesinaron a Mario M. Sucedió hace cinco años, a 50 metros de su pequeña casa, en el sector de La Colmena (centro occidente de Quito). A las 08:15 de ese 4 de junio del 2005, él se dirigía a un taller de ropa, para que el sastre le confeccionara el uniforme completo de guardia.

Cuando caminaba por la acera, una moto se detuvo frente a él, uno de los tripulantes sacó la pistola y disparó a quemarropa. El cuerpo quedó en la calle. Un día antes, un pescado podrido, hallado en la puerta, desconcertó a la familia.En la noche y a punto de dormir, él tomó la mano de su esposa Martha Ch. y dijo que si algún día él no estaba con la familia, que cuidara a la hija que en ese momento esperaba la pareja, de 30 años.

Tras cinco años del hecho, ella recuerda que nunca recibió protección alguna, pese a que por teléfono recibió dos amenazas.

Los familiares de Blanca Cando, oficial mayor de la II Sala Penal de la Corte Superior de Quito, asesinada el 14 de diciembre del 2006 por sicarios que la confundieron con la jueza Pavlova Guerra, tampoco tuvieron asistencia.

Igual ocurrió con las esposas de dos guías muertos en Quito.

Dos meses después de la muerte de su esposo, Martha Ch. dejó la casa en que vivían. Tenía miedo de ser atacada. “Una mañana, en la puerta de mi casa dejaron un papel escrito a computadora y me dijeron que siguiera en silencio, que la gente que mató a Mario ya estaba fuera del país”.

Tras presentar las propuestas para reformar el Código Penal e incluir la figura de sicariato, el fiscal general, Washington Pesántez, señaló que este tipo de víctimas “tienen todo el apoyo”. Pero el jefe de este Departamento, Cristina Lombeida, dijo que se da protección policial solo cuando los afectados la solicitan oficialmente.

A la fecha, en la Unidad están registradas 3 087 personas, pero no se sabe cuántas fueron afectadas por el sicariato. Lo que sí se sabe es que el 20% de ellas está protegida por secuelas de asesinatos.

Cuando murió Mario M. nadie supo la razones. “Mi hermano mayor me decía que son sicarios, pero casi no se hablaba de esas cosas”, recuerda su esposa.

El Código Penal ecuatoriano no establece esa figura delictiva, sino únicamente homicidios y asesinatos. Un estudio sobre sicariato, que en el 2008 presentó la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), dice que esta actividad existe desde siempre. Pero que Ecuador lo ha negado, pese a que se incrementó desde principios de los años noventa, “con la influencia del narcotráfico y el paramilitarismo colombiano”.

En la Fiscalía General solo reposan estadísticas bajo las figuras de homicidio y asesinato. Entre el 2002 y el 2009 se registraron 17 168 crímenes (ver cuadro).

En el 30% de casos hubo detenidos y solamente en el 10% los autores fueron condenados. En la investigación de la Flacso también se revela que la mayoría de afectados no presenta acusación particular. Por miedo a represalias, Martha Ch. calló.

A Marlene (nombre protegido) también la amenazaron, pero ella sí acusó a seis personas que la Policía detuvo dos días después de ese 12 de abril del 2002, cuando desconocidos asesinaron con 11 disparos a su esposo Iván E. Él fue guía penitenciario en la antigua Cárcel 2 (centro de la urbe). A esa fecha tenía 33 años y dejó en la orfandad a tres niñas. Marlene asumió el trabajo de su esposo y se convirtió en celadora.

Sentada en el patio de un centro penitenciario, cuenta que hasta antes del crimen se dedicaba exclusivamente a cuidar a sus hijas.

Ahora viste uniforme café, gorra del mismo color, botas negras y chaleco antibalas. Cuando empezó en esto, su última hija apenas tenía 5 años y se quedaba con las tías. Las dos primeras se criaron solas, se preparaban la comida cuando llegaban de la escuela.

La primera cárcel donde laboró fue en el centro de mujeres de El Inca.

Precisamente en ese sector fue en donde esa mañana su esposo y dos personas más murieron mientras desayunaban. Tras cumplir el primer año en ese reclusorio, Marlene pasó al ex penal García Moreno, en donde el único detenido por la muerte de su esposo paga una condena de 25 años. “Tenía mucho miedo y pensaba que en algún momento nos toparíamos y llegó la hora”.

A los cuatro días de estar allí, se encontraron en el Policlínico, porque en una riña con compañeros de celda el detenido fue herido con un cuchillo en el abdomen y fue atendido por el médico. “Lo primero que dijo es: ahora debe estar contenta por lo que me hicieron. Me daba mucho miedo, pero me aguantaba”. Marlene llora al recordar este episodio.

La única ayuda que recibió fue permitirle que sea celadora y cobró el seguro de vida de USD 14 000 de la Dirección de Rehabilitación Social. “No hay ayuda de nadie. Cuando pasan estas cosas, a una la dejan abandonada”.

Con la jueza Guerra no ocurrió eso. Desde la muerte de Cando, ella mantiene seguridad personal. “La vida cambia, la privacidad termina después de estas cosas. Ahora, (cuando escucho la palabra sicario) me da escalofrío por el dolor de mi amiga y compañera Blanca”, confiesa la jueza.

Cando fue asesinada en el restaurante Che Garufa, en La Pradera y Diego Almagro (norte). En ese lugar ahora funciona una agencia de viajes. Vecinos del sector dicen que la dueña del local enfermó de los nervios y cerró el negocio.

“Ella siempre lloraba y recordaba que durante cuatro días, tres extranjeros visitaron el local y consumieron de todo. Decía que tal vez ya estuvieron tras la señora”, cuenta la dueña de otro local.

La familia Cando se cambió de casa y solamente se llevó una blusa que gustaba a la funcionaria. “Fue un cambio total, desde la sopa que se preparaba para ella, hasta las mañanas que se desayunaba en familia”, dice un familiar que la noche anterior del crimen comió hamburguesas con ella.

“Decía que estaba un poco asustada, porque en la Sala donde laboraba estaban casos muy graves de narcotráfico y que días antes, en las afueras de la Corte, habían encontrado un perro muerto”, cuenta el familiar.

Recuerdos como estos afectaron a Martha Ch. Solo lloraba, no comía y descuidó su apariencia personal. Cuando Mario M. falleció aún debían USD 2 500 en una Cooperativa de Ahorros y como estaba a su nombre, Martha pagó sola. También adeudaban USD 130 de un televisor y la última cuota de USD 40 de un equipo de sonido. Por su embarazo no trabajaba, pero cuando dio a luz y la niña cumplió el primer mes de nacida, la dejó con su madre y comenzó a lavar ropa ajena.

Ahora labora en un local de calzado. Después supo que el asesinato se dio por USD 300 que su esposo no pudo pagar a una persona que estaba detenida. Estaba desempleado tres meses y una semana después debía comenzar como guardia, pero no pudo.

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