23 de February de 2012 00:01

Las víctimas del delito cuestionan asesoría de los defensores públicos

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El hombre lo agredió por la espalda y le clavó un cuchillo de 30 centímetros. La tarde del 23 de noviembre del 2010, Manuel cayó en una de las aceras cercanas al mercado de Santa Clara (norte de Quito) y se desangró.

Mónica J. no dejó el caso de su hijo y buscaba que “se hiciera justicia”. “Fui a la Defensoría Pública y les pedí que me ayudaran. Pero allí me dijeron que no tenían un penalista (para nosotros). La persona que lo atacó sí tenía dos abogados y yo ninguno”.

Su hijo estudiaba en la Universidad Central y ese día los desconocidos le robaron el celular a una de sus compañeras. El joven y otros amigos buscaron a los sospechosos para que les devolvieran el teléfono. Los alcanzaron y se produjo una riña. Un hombre se acercó a Manuel, lo acuchilló, giró el arma dentro de su cuerpo y trató de escapar. En ese momento, policías que recorrían el sector detuvieron a los sospechosos.

“En la Defensoría Pública me preguntaron si yo había cometido el delito y les dije que no, que yo era la mamá de la víctima. Me dijeron que no, que ellos no pueden ayudar a las víctimas, únicamente a las personas acusadas. ¿Entonces necesitaba ser delincuente para que me ayudaran?”, se cuestiona la mamá.

De hecho, la Defensoría Pública, creada en el 2007, defiende solo a los sospechosos. Entre ese año y diciembre del 2011, esta dependencia judicial ha impedido que al menos 14 000 procesados queden libres. En ese grupo se encuentran personas detenidos en flagrancia, cuyos casos están en instrucción fiscal y hasta quienes tienen sentencias.

Las pruebas en el caso de Manuel no fueron contundentes en la audiencia, pues -dice- que los agentes de la Policía Judicial (PJ) no mostraron todas las evidencias del caso. La madre del joven está indignada, porque asegura que el juicio pudo resolverse rápido. “Incluso hubo un video que documentó el crimen y pese a eso uno de los defensores públicos hizo que sea sentenciado a solo ocho años. Lo que hice es apelar y logré que lo sentenciaran a 25”.

Mónica J. no es la única en quejarse del sistema judicial. Otras víctimas contaron a este Diario que si no están “detrás de los agentes, la causa puede quedarse allí”.

Alicia Contero, subdirectora de Patrocinio Penal de la Defensoría Pública, menciona que el trabajo en esta área se centra en tramitar prelibertades y rebajas, atender audiencias de juzgamiento, viabilizar las libertades cuando se han obtenido boletas de excarcelamiento y asesorar jurídicamente a los detenidos.

Para casos de flagrancia, instrucción fiscal y juzgamiento, en Quito hay 42 defensores públicos. De estos, dos son de administrativo penal, cinco de flagrancia, 27 de investigación y dos de impugnación. Semanalmente, ellos evacúan hasta 10 causas. 30 defensores se turnan en los centros de rehabilitación social. Los martes lo hacen en los centros de varones y el viernes en el de mujeres.

En el 2010, el Estado asignó a la Defensoría un presupuesto de USD 3 755 791 y en el 2011, esta cifra subió a USD 8 108 187.

Ante el cuestionamiento de Mónica J. sobre el trabajo de la Defensoría por asesorar únicamente a los procesados, Pablo Corrales, coordinador de Investigación y Audiencias de la entidad judicial, dice que su trabajo se ampara en la Constitución y en el derecho de los ciudadanos a la defensa. “Toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario”.

El art. 191 de la Carta Magna señala que la Defensoría “es un órgano autónomo de la Función Judicial, que tiene como finalidad garantizar el pleno e igual acceso a la justicia de las personas que, por su estado de indefensión o condición económica, social o cultural, no pueden contratar los servicios de defensa legal para la protección de sus derechos”.

Andrés Páez es uno de los asambleístas más críticos al trabajo de este organismo. Esta vez señaló que se trata de una “agencia de defensa de delincuentes que valiéndose de la caducidad de prisión preventiva ha liberado a 14 000”. Páez investiga a la Defensoría Pública y sin adelantar detalles dice que presentará el documento en la Asamblea.

Según el legislador, los defensores demoran los juicios y dejan que los casos queden en la impunidad. “Se alteró la idea de defender a la persona que no tiene recursos para pagar un abogado, de igual manera deben seguir los juicios de alimentos, por ejemplo, pero defienden y sacan en libertad a los delincuentes”.

Pero en el 2008, la Defensoría también comenzó con asesorías en causas relacionadas con accidentes de tránsito y en el 2010 con juicios laborales.

En una sala con 30 sillas, en el norte de Quito, la institución judicial atiende a un promedio de 150 personas por día.

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