La ley venezolana solo permite la posesión de hasta dos gramos de cocaína, 20 g. de marihuana tradicional o 5 g. de la genéticamente modificada y 1 g. de opiáceos (derivados de la amapola).
La Asamblea Nacional sancionó en septiembre la tercera reforma a la legislación antidrogas. Esta vez la normativa reforzó el criterio de la dosis para uso netamente personal. Eso lo confirmó Tulio Jiménez, presidente de la Comisión de Política Interior del Parlamento.
“El consumo como tal no está penalizado, pero si la dosis hallada es mayor que la permitida, la persona será sometida a juicio”.
Según la ley, la persona que tenga estas dosis deberá ser presentada ante un juez, quien determinará qué tipo de tratamiento recibirá, basado en estudios toxicológicos. El texto indica que la Policía no podrá encerrar a los consumidores.
Cifras de la Oficina Nacional Antidrogas indican que en Venezuela hay capacidad para atender a 6 600 drogodependientes al año. El 63% lo dan organizaciones privadas.
Pero Jiménez reconoció que esto no es suficiente para atender a las personas con problemas de adicción. Indicó que por eso la nueva ley facilita la confiscación de los bienes a los procesados por tráfico, y además eleva el porcentaje de las ganancias que las grandes empresas deben aportar a planes de prevención.
Los cálculos más conservadores apuntan a que en Venezuela existen al menos 1,4 millones de personas que consumen o han consumido drogas ilícitas.
El presidente de la Fundación José Félix Ribas, Rafael Sánchez, indicó que esa cifra equivale al 5% de la población. No obstante, el número de afectados por ese consumo se elevaría a los 7 millones, si se considera que la conducta de cada consumidor incide sobre su círculo familiar.
Los expertos señalan que los problemas asociados son cada vez más graves. La Cátedra Libre Antidrogas, por ejemplo, determinó que, a principios de esta década, el 40% de los jóvenes estudiantes de bachillerato en planteles de la Gran Caracas tuvo contacto con las drogas.