Veeduría internacional presentó 56 sugerencias a la reforma judicial
En el Consejo de Participación. El presidente de la Judicatura, Paulo Rodríguez (izq.) dialoga con el veedor internacional, Baltasar Garzón. Julio Estrella /EL COMERCIO
El primer informe de la veeduría internacional a la reestructuración del sistema de justicia en Ecuador revela inconsistencias y falta de reglas claras en el proceso de evaluación de los servidores judiciales. Ese es uno de los puntos que se analiza en el documento que ayer se entregó en el Consejo de Participación Ciudadana (Cpccs).
Ante los tres vocales del Consejo de la Judicatura y la ministra de Justicia, Johana Pesántez, el coordinador de la veeduría, Baltasar Garzón, dio a conocer 56 recomendaciones para la reforma.
En el documento de 17 hojas se detalla el mapeo de las fortalezas, debilidades y los problemas recurrentes en el proceso. En este contexto, fueron criticadas la formulación de las pruebas psicológicas y teóricas a los servidores judiciales, así como también la falta de experiencia de sus evaluadores.
El 4 de mayo pasado, la Judicatura de Transición presentó un informe de los judiciales que no pasaron las evaluaciones. Luego de cumplir el proceso de reconsideraciones, 839 colaboradores quedaron fuera de las entidades judiciales. 5 456 fueron evaluados desde diciembre pasado.
Garzón y otros cinco veedores internacionales arribaron a Ecuador el lunes y se reunieron con más de 100 organismos judiciales. El propósito era conocer los cambios que se han realizado desde finales del año pasado y plantear las sugerencias para los correctivos que puedan tomarse hasta enero del 2013.
En el informe se señala que hubo tiempo limitado para implementar, evacuar y desarrollar los procesos de evaluación judicial y además que no existieron reglas claras para la liquidación o indemnización cuando los colaboradores fueron evaluados de forma negativa. En estos días, el presidente de la Judicatura, Paulo Rodríguez, señaló que para liquidar al personal que salga de la función Judicial se requerirán unos USD 50 millones.
Los veedores internacionales dijeron que el documento está a disposición de la Judicatura para los cambios que consideren necesarios. “Estamos dando sugerencias y son los organismos competentes quienes deberán tomar la decisión de aceptar o no estas recomendaciones”, dijo Garzón en un salón del Cpccs en Quito.
Fernando Cedeño, vicepresidente del organismo, agregó que el trabajo de esta veeduría terminó por el momento con el primer informe, pero que la observación continúa. “Es el país el que debe vigilar constantemente el cambio en el sistema de justicia y reportar lo que se considere incorrecto o innecesario, pues de ello depende que en nuevas visitas al país los veedores tomen en cuenta esas problemáticas”.
En el informe se detalla que con la implementación de la reforma judicial, en relación al talento humano, se producirán 2 903 vacantes que deberán ser “inmediatamente cubiertas”. Algunas vacantes se presentaron tras procesos disciplinarios (700), jubilación (105), desenrolamiento (798), evaluaciones negativas (893), renuncias (99) y separación de jueces temporales (307).
En este sentido, otra de las debilidades es que las vacantes son ocupadas por personal temporal “que no ha sido preparado para estos puestos públicos”, lo que se “agrava con la ausencia de un plan de contingencia para paliar este problema”. La veeduría resaltó su preocupación por que esta situación afecte a los requerimientos y a la atención de los ciudadanos.
Con respecto a la atención y a las demoras por las cargas procesales, se sugiere que se ponga en marcha la creación de los juzgados de la Niñez y Adolescencia y también los de la Mujer y la Familia. Las comisarías de la mujer tuvieron una tención irregular desde la semana pasada por el relevo y la compra de renuncias voluntarias de servidores públicos. Durante dos días, las usuarias que viven en el sur y en el centro de Quito quedaron desprotegidas.
También hubo observaciones a la Corte Nacional de Justicia y se sugirió analizar la conformación de salas con base en criterios de especialización “al ser este uno de los nudos críticos de la rémora judicial”. En otra parte del informe se advierte que se debe encontrar una solución ante la carga procesal que afecta a este organismo nacional de justicia.
Puntos de vista
Jorge Blum. Juez nacional
‘Se reunió con todos’
La Ley establece que cada juez nacional tiene que ocupar dos salas y así lo estamos haciendo en este momento. Cuando el juez Baltasar Garzón llegó a la Corte se reunió con la mayoría de los magistrados. Yo no estuve allí, pero de lo que conozco se trataron temas relacionados al desarrollo del concurso, en cuanto al sistema oral que se está aplicando y sobre el inmediato análisis y despacho de las causas. Si hay un pronunciamiento sobre el informe del doctor Garzón se hará por medio de la Presidencia.
Jorge Ayala. Dirigente judicial
‘Nos ha dado la razón’
Las pruebas a los judiciales no fueron socializadas, el banco de preguntas nos dieron a conocer de la noche a la mañana tal como lo ha dicho el doctor Baltasar Garzón en su informe. Entonces nos están dando la razón en cuanto a los requerimientos realizados. Lamentablemente se está desperdiciando el talento humano de la institución. Hay gente capaz, responsable y conocedora que vale la pena, pero que no han pasado las pruebas. Esperemos que la Judicatura acepte el informe de la veeduría.
Las limitaciones
La veeduría internacional de la reforma judicial está integrada por seis personas: Baltasar Garzón, Carolina Escobar, Marigen Hornkohl, Marco García, Rafael Follonier y Porforio Muñoz. Inicialmente se invitó a juristas de México, Colombia, Brasil, Argentina, Guatemala, Chile y España.
Para su trabajo, la veeduría creó un equipo de apoyo técnico y el coordinador es Carlos Poveda, quien suministra información desde Ecuador. En el informe de ayer se dice que este organismo ha tenido limitaciones económicas y logísticas, pero que ha cumplido su mandato.
La veeduría dice que esta es la primera vez que se realiza un proceso de evaluación exhaustivo y global del sector justicia.