20 de June de 2010 00:00

El usurero opera con una red criminal

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Redacción Judicial

El único cuarto de la vetusta casa estaba vacío. La puerta se abría una y otra vez con el viento y solamente un pequeño radio sonaba. Julia (nombre protegido) lo recuerda y su rostro se desencaja.La mujer acostumbraba llegar al mediodía luego de vender frutas en el mercado y Felipe, su esposo, la esperaba con el almuerzo. Ese 14 de julio del 2007 la rutina cambió: la cocina estaba apagada y las vajillas en su lugar, excepto un cuchillo con sangre que fue arrojado cerca del baño. Julia levantó la cortina y encontró a su compañero, degollado y sin vida.

Un papel daba indicios de lo que había sucedido esa mañana en la Isla Trinitaria, un barrio del sur de Guayaquil. “La deuda sigue pendiente, nada es gratis”, decía el escrito. Julia guarda el papel y refiere que su esposo fue asesinado por no pagar 700 dólares de 1 000 que un prestamista informal le había dado para tratarse la insuficiencia renal. La joven esposa y su hija de 8 años se refugiaron en la Sierra, sin denunciarlo.

El reporte de casos de usura en la Fiscalía es mínimo. Entre enero y diciembre del año pasado, 642 personas presentaron denuncias. En los primeros tres meses de este año lo hicieron otras 151, aunque la Fiscalía no conoce en cuántos hubo amedrentamientos o crímenes. Lo que sí se sabe en la entidad es que este es un subregistro que puede representar apenas al 10% de afectados.

Julia considera que es preferible callar y “soportar el chantaje”. Cada tarde una moto se estacionaba en su casa y un extranjero le cobraba 15 dólares. Ese fue el acuerdo a cambio de recibir los 1 000 dólares. Al concluir los tres meses pactados para el préstamo, la pareja debía pagar 2 380 dólares. Es decir, el 238% del capital (138% solo de intereses).

La enfermedad de Felipe empeoró. No asistió al médico, los jarabes recetados por los curanderos no hicieron efecto y poco a poco el hogar se quedaba sin dinero. Cuando se cumplió el primer mes, tras recibir el préstamo, fue despedido de la construcción donde trabaja como peón.

Dos días impagos y el televisor de 14 pulgadas pasó a manos del chulquero. Al cuarto día se llevó la refrigeradora. Eran los únicos bienes de valor de la familia. “Como ya no había qué llevarse nos amenazaron con secuestrar a mi hija, luego con mandar a pegarnos y finalmente mataron a mi marido”, narra Julia.

¿Hay relación directa entre los prestamistas informales y el sicariato? El fiscal subrogante, Alfredo Alvear, sostiene que sí. “El usurero se sirve de un sicario para matar, porque no le han pagado la deuda y se convierte en coautor del delito”. El jefe de la Policía Judicial (PJ) de Pichincha, Víctor Hugo Cartagena, también lo cree, aunque asegura que “en Quito esta práctica aún es esporádica”. El pasado 9 de junio, la extranjera Ana Martínez fue degollada en el norte de la ciudad.

Uno de los supuestos autores del crimen afirmó que fue contratado para cobrar una deuda. Según los agentes, él fue arrestado con una foto de la víctima. Los investigadores sospechan que ella debía a otro extranjero que viajó a EE.UU.

Datos de la Fiscalía revelan que la usura es más frecuente en Guayas y en Pichincha (ver estadísticas). Inteligencia de la Policía señala que en Quito los usureros ya no actúan solos, sino que pertenecen a complejas organizaciones criminales con cuerpos de seguridad, lideradas por extranjeros. Los sectores donde tienen mayor injerencia son El Inca y San Carlos (norte); Chillogallo, Quitumbe y La Ecuatoriana (sur); San Roque y La Marín (centro) y Cumbayá (valle oriental).

La Ecuatoriana es un populoso barrio en el extremo suroccidente de Quito. La adoquinada vía principal está enmarcada por panaderías, mecánicas, peluquerías, etc. En el interior de una casa de dos pisos solo se escuchan gritos de niños. Una mujer aparece por la ventana. Antes de aproximarse al portón pregunta tres veces quién quiere hablar con ella. “Disculpe no más, pero aquí estamos traumados por tantas amenazas”, dice en voz baja.

Ella es Marcela (nombre protegido), quien vive con su nieto. Hace tres semanas terminó de pagar 60 dólares que un extranjero le ofreció ‘con facilidades’. Por 50 días que duraba el crédito pagaba 1 dólar diario adicional a la deuda. Al finalizar el plazo, en total canceló 110 dólares, es decir el 183% del capital: 83% extra solo por intereses, igual que el crédito de Felipe. Esta fórmula implica por sí misma delito. La tasa que mantiene el Banco Central para créditos de consumo es del 16,30% anual.

“Solo para ofrecer era buena gente ese señor, pero luego me decía: cuidadito con atrasarte, porque vengo y me llevo las cosas. Ahí es cuando me asusté, porque como garantía se llevó el título de propiedad de mi televisor”.

Esa fue la única opción que encontró Marcela para realizar un examen médico a su nieto. Los resultados determinaron que un tumor que el pequeño tenía en el cuello era benigno. Pero los 3 dólares que en promedio gana al día por vender dulces en la calle no alcanzaban para su emergencia. “Ya no podía pagar y le preguntaba si podía esperarme. Este grosero me respondía con palabrotas”.

Patricio Ch. accedió a 600 dólares en La Ecuatoriana. A las dos semanas se quejó por los 8 dólares que le cobraban cada día y no pagó una semana. El cobrador volvió con dos desconocidos más y se llevaron el equipo de sonido. “Me dijeron que mejor me pusiera al día, porque no me gustaría que alguien faltara en casa. Esa gente estaba armada y no se podía decir nada”. Él nunca denunció.

La jueza XXIII de lo Penal, Tania Molina, lleva ocho meses en la Unidad de Delitos Flagrantes de la PJ y sabe que el silencio es el principal escollo en estos casos. “No colaboran los afectados. Entonces, para probar que es delito flagrante se debería montar todo un operativo, determinar el momento en que se pagan los intereses y que las partes reconozcan que es así. Solo eso sería prueba para juzgar, caso contrario no”.

Por falta de acusación, dos personas que el 9 de junio fueron detenidas en Cumbayá “con registros de cobros ilegales” salieron libres luego de ocho horas.

El artículo 583 del Código Penal señala que la usura será penada con seis meses a dos años de prisión y una multa de 16 a 300 dólares, pero en ese caso la normativa no se aplicó. El parte policial al que accedió este Diario señala que los extranjeros fueron trasladados a la Unidad de Flagrancia, en Quito, y que el juez vigésimo segundo, Juan Pablo Hernández, dijo que para determinar usura “debía existir un parte informativo de la investigación del delito, una indagación previa y una denuncia”. Nada de eso se cumplió.

Los detenidos también se defendieron. Dijeron que eran cobradores de almacenes de electrodomésticos que ofertan a crédito. Julia refiere que ese solo es un pretexto. “Siempre que la gente preguntaba, ellos decían que nos cobraban del refrigerador”.

Ahora Julia y su hija viven en Quito, pero lo ocurrido con Felipe las marcó; no deja de hablar de ese 14 de julio, de que intentó auxiliar a su esposo. Recuerda que se sentó a su lado, lo abrazó con su hija y lloraron, con la casa llena de vecinos. Uno de ellos apenas se acordaba que a las 08:00 había escuchado gritos en ese cuarto.

Días después se conoció que dos desconocidos preguntaron en una tienda de la Trinitaria por Felipe: querían saber si estaba con familiares. Por su enfermedad, él pasaba solo en casa, únicamente con la radio encendida, como lo halló Julia ese día.

Mercaderes y carameleros se endeudan a diario

Desde hace cinco años, Juan (nombre protegido) vende verduras y frutas en un concurrido mercado de Quito. “El puesto se mantiene con plata ajena”, admite. Cada madrugada compra mercadería hasta por USD 100, pero en su bolsillo apenas tiene para mantener a sus ocho pequeños hijos.

Para conservar su negocio acude a ‘Don Guevara’, quien le presta al iniciar el día y le cobra con la puesta de sol, con USD 10 más de intereses. “Gracias a Dios sí me ha ayudado bastante ‘Don Guevara’. Si no fuera por él estaría muriéndome del hambre”.

Javier Vaca, director de la Red Financiera Rural (RFR), dice que en esta actividad la usura es permanente, pero que no hay cómo comprobarla, porque de por medio está la mercadería.

Inteligencia policial ha identificado a redes de prestamistas en los mercados que entregan de 50 a USD 2 000 y que el mismo día cobran el capital y el interés de hasta un 15%. En los últimos cuatro años, las redes también se han extendido a informales que venden caramelos en las calles.

Agentes encubiertos de la Policía Judicial (PJ) revelan que una sola persona puede prestar a 30 jóvenes vendedores hasta USD 20 por día. Por la tarde, cobran USD 22. “Pero en estos casos nadie va a denunciar; porque lo ven como un favor”, dice un agente.

Desde marzo, Julián está agradecido por la ‘ayuda’ que recibe para trabajar. Solo tiene 15 años y dejó su natal Salcedo (Cotopaxi). Ahora es caramelero en Quito.

Llegó sin dinero, pero sus primos lo guiaron con ‘El Papá’, que en el sector de La Marín “acolita con la platica”. “Él nos da de una, pero eso sí hay que ser bien cumplidos para pagar”, cuenta el adolescente. ¿Y si no tienen cómo pagar? “Nos quita todo”.

El fiscal subrogante Alfredo Alvear dice que sí se puede actuar en estos casos y retirar el dinero prestado. “La sanción es que los prestamistas pierdan el capital que ilegalmente han entregado. Eso no conocen los policías”.

Pero los jueces consideran que no se puede establecer flagrancia en ese delito, puesto que para ello se requieren acusadores.

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