Tres proyectos en espera para cambiar la seguridad

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Estefanía Celi y Diego Bravo. Redactores

Con tres proyectos de leyes se marcarán los cambios administrativos y operativos en el interior de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional.

El último que causó polémica en el 2013 fue el IV Libro del Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana (Coesc). Este llegó el 13 de diciembre pasado a la Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea.

La propuesta de esta parte del proyecto es homologar y fortalecer cuatro entes, que ya fueron creados: Unidad de Vigilancia Aduanera, Comisión de Tránsito del Ecuador, de guías penitenciarios y Guardia Forestal.

Por este tema, el Alto Mando militar emitió un mensaje institucional a través de YouTube.

Sin embargo, hay otros dos proyectos que se tramitan allí y que estipulan cambios para los miembros policiales y militares. Se trata de las reformas a la Ley de Personal de las FF.AA. y las de la Ley de Seguridad Pública.

En esas propuestas se prevé un cambio en la función de las Fuerzas Armadas para fortalecer la seguridad ciudadana. Por ejemplo, que colaboren en los patrullajes, control de armas e hidrocarburos, antinarcóticos. Además, hace cambios en el método de ascensos para oficiales.

En medio del debate que han generado estos tres proyectos de normativas, el mes pasado se concluyó el trámite del Código Orgánico Integral Penal. Este está actualmente en manos del Ejecutivo para su análisis y posible veto.

"Es un Código muy bueno, que pone al país en el siglo XXI en materia penal. Va a ser un importante instrumento para combatir la inseguridad ciudadana", recalcó el presidente Rafael Correa durante el enlace ciudadano 353.

Esa normativa habla de la existencia de agentes civiles que participarán en la investigación de los delitos. Se trata del Servicio de Investigación de la Infracción que se prevé crear con el Código de Entidades de Seguridad Ciudadana.

La Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea está a cargo de las tres leyes. Fernando Bustamante, presidente de la mesa, confirmó que se prevé que en este mes se analicen los planteamientos del cuarto libro del Coesc.

Mientras, el segundo debate de las reformas a la Ley de Seguridad Pública fue suspendido, y el primer debate para las reformas a la Ley de personal de las Fuerzas Armadas ya se realizó.

Enmiendas a las labores de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas en un solo proyecto

Código orgánico de Entidades de seguridad ciudadana y orden público

El proyecto de Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público fue enviado por el Ejecutivo, y está en la Asamblea Nacional desde el 2011. El documento fue remitido al Legislativo exactamente un año después de la revuelta policial del 30 de septiembre.

Allí, en la exposición de motivos se habla de que el "modelo policial militarizado (…) está agotado, ya que ha tenido problemas al hacer frente a las nuevas formas de delitos internacionales e incluso del delito convencional".

Por ello, el proyecto de normativa habla de que la Policía debe estar "vinculada básicamente a los gobiernos locales y a la comunidad en sus actividades".

Así es que propone la creación de dos cuerpos civiles que se encargarán en tareas que actualmente realizan los uniformados: la investigación de delitos, actualmente a cargo de la Policía Judicial, y la protección de funcionarios públicos, hoy en manos de los policías y miembros de las Fuerzas Armadas.

En ambos casos, estas nuevas entidades son de carácter civil. En cuanto al Servicio de Protección Pública, los agentes podrán estar armados, mientras que los miembros del Sistema de Investigación de la Infracción estarán facultados para hacer uso progresivo de la fuerza.

Pero también se incluyó un cuarto libro que no estaba originalmente en la propuesta del Ejecutivo. Se trata del IV libro de esta normativa, que fue enviado el mes pasado a la Asamblea por el ministerio coordinador de Seguridad, a cargo de Homero Arellano.

En él, se integra en el Código a cuatro cuerpos. Se trata de la Unidad de Vigilancia Aduanera, Comisión de Tránsito, Guías Penitenciarios y Guardia Forestal.

Según explicó el presidente Correa durante su enlace ciudadano 350, estos cuerpos se formarán con los miembros actuales de las Fuerzas Armadas que lo decidan voluntariamente.

En total, se espera contar con 13 433 agentes que formen parte de estas entidades. Todas ellas serán de carácter civil y podrán estar armadas. Actualmente, ya hay 5 523 funcionarios que trabajan en estas tareas.

La protección del Presidente ya no será tarea de los edecanes

El proyecto fue enviado por el Ejecutivo en febrero del 2013, y en julio ya se realizó el primer debate en el Pleno.

Los principales cambios que proponía el Presidente en las reformas a la Ley de Personal de las FF.AA. incluían que los ascensos de los oficiales ya no se realicen mediante decreto ejecutivo sino por acuerdo ministerial de la Cartera de Defensa.

Además se establece que el superior por antigüedad en la carrera será aquel que tenga mayor tiempo de servicio en el grado.

Sin embargo, durante el trámite del proyecto en la Comisión de Relaciones Internacionales, que está a cargo de su análisis, se incluyó en la reforma a la normativa la propuesta de eliminar la figura de los edecanes, que son miembros de las FF.AA.

Según el Estatuto Orgánico por procesos de la Presidencia de la República, los edecanes se encargan de cumplir cinco funciones. Estas tareas incluyen supervisar que se cumplan las disposiciones del Presidente de la República, el Vicepresidente u otro servidor al que sea asignado.

Sin embargo, el análisis hecho por la Comisión señala que esas tareas "son más bien de asesoría y podrían realizarlas los asesores" de la Presidencia.

Los edecanes también se encargan de coordinar la seguridad de los funcionarios a los que son asignados. Pero, según la Comisión, "la seguridad del Presidente cuenta con una verdadera estructura que torna innecesaria la figura del edecán".

El Servicio de Protección presidencial, que actualmente se encarga de esas funciones, fue creado en junio del 2010.

Está constituido por cuatro cuerpos: el grupo de protección presidencial, el de transporte aéreo presidencial, el de ayuda técnica y logística, y los Granaderos de Tarqui, encargados de la seguridad del Palacio de Carondelet.

Reformas a la ley de seguridad pública

Las reformas a la Ley de Seguridad Pública, que permiten la participación de las Fuerzas Armadas en el combate en contra de la inseguridad, se encuentran en la Asamblea desde el 2011. Se trata de una propuesta enviada por el Ejecutivo.

A inicios de ese año, el exvicepresidente del órgano legislativo, Rolando Panchana, suspendió el segundo debate en el Pleno para que la Comisión de Relaciones Internacionales haga cambios al proyecto reformatorio y conseguir consensos.

Esta propuesta de ley plantea que, ante la creciente inseguridad, es deber del Estado tomar medidas que combatan la delincuencia y la violencia.
También reconoce que, si la misión fundamental de las Fuerzas Armadas es la defensa de la soberanía y la integridad territorial, “siempre debe considerarse, aunque con un carácter subsidiario la oportuna y eficaz intervención de las Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía Nacional, para hacer frente a la delincuencia o al fenómeno de violencia que exhiben creciente organización, poder financiero y sofisticación”.

Actualmente, los soldados actúan (desde el 2010) con una disposición judicial. Los patrullajes militares se realizan, pese a que la Constitución de la República, en el artículo  158, determina que la seguridad interna será tarea de la Policía Nacional.

Como parte de las operaciones, los soldados colaboran actualmente en operaciones contra la droga, el tráfico de armas, combustibles y controles de armas. En estos operativos trabajan junto con la Policía y Fiscalía.

Frente a los cambios que plantea la Ley de Seguridad Pública, el presidente de la República, Rafael Correa, manifestó que la nueva normativa  “no busca transformar a Fuerzas  Armadas en policía militarizada o que se debilite a la Policía Nacional”.



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