Gilberto Alejandro Cortez Fierro recobró la libertad luego de seis años, seis meses y 11 días. El pasado 4 de mayo dejó el pabellón de máxima seguridad del ex penal García Moreno, en el centro de Quito, pero no fue deportado.
Cortez es mexicano y, tras cumplir su sentencia, la Intendencia de Policía de Pichincha, que debe ser consultada sobre la excarcelación de un extranjero (que ha cumplido su pena), dejó en suspenso la devolución del narcotraficante a su país de origen, porque él había solicitado una visa de asilo o refugio en Ecuador.
El 27 de abril último, el director de Refugiados de la Cancillería, Alfonso Morales Suárez, emitió una certificación. Señaló que Cortez “se encuentra registrado en la base de datos de la Oficina de Refugiados de esta Cancillería como solicitante de asilo”.
En tal virtud, agregó, está temporalmente en el país “bajo el amparo de las leyes nacionales e instrumentos jurídicos internacionales suscritos por el Ecuador sobre esta materia, y no puede ser deportado hasta que el Gobierno ecuatoriano se pronuncie definitivamente sobre su solicitud”.
Cortez es la segunda persona vinculada al caso Aniversario que ha recuperado la libertad. El ex gobernador de Manabí, César Fernández, dejó la prisión solo un día antes, el lunes 3 de mayo.
Según la Policía, los dos eran parte de una red internacional de tráfico de drogas que operaba en Ecuador, vinculada al cartel mexicano de Sinaloa. En el 2004 ellos fueron sentenciados a 16 años de reclusión por narcotráfico. El último 14 de abril, el presidente de la Primera Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia, Hernán Ulloa, suscribió la reducción de la condena a 12 años. Él consideró “graves violaciones procesales” durante el juicio.
El fallo de Ulloa también favoreció al colombiano Luis Antonio González Ochoa y al mexicano César Saldaña Rangel, ahora sentenciados a 12 años.
Los cuatro se acogieron a la figura del 2×1 (reducción del 50% de la pena por buen comportamiento y méritos) y este día se prevé que González Ochoa y Saldaña Rangel desocupen las celdas del ex penal García Moreno.
Su liberación inmediata no se concretó porque, antes, la Intendencia de Policía de Pichincha revisó sus expedientes.
Edison Loaiza, abogado de los cuatro procesados, aseguró que González y Saldaña tampoco pueden ser deportados porque también son solicitantes de asilo. Según el artículo 15 de la Ley de Migración, “los agentes de Policía del servicio de migración podrán admitir provisionalmente, sin sujetarse a las normas de exclusión, a los extranjeros que soliciten asilo político territorial”.
Con base en esta normativa, el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la Dirección General de Refugiados, también emitió certificaciones en donde se establece que los dos extranjeros “no pueden ser deportados”.
Los documentos tiene la firma de Alfonso Morales y están fechados al 7 de mayo del 2010. El segundo párrafo dice: “el ciudadano González Ochoa Luis Antonio, de nacionalidad colombiana, está temporalmente en nuestro país bajo el amparo de las leyes”.
El mismo texto consta en el certificado de solicitud de refugio del mexicano Saldaña Rangel César, que también fue emitido el 7 de mayo pasado. Allí se detalla que “en caso de cometer delitos o contravenciones, los solicitantes de refugio son responsables por sus actos y “tienen que cumplir las penas que les sean legalmente impuestas”.
En la Policía Antinarcóticos se dijo que Antonio González Ochoa fue detenido en el 2003, porque supuestamente era el encargado del transporte terrestre de la droga del cartel de Sinaloa. César Saldaña Rangel, en cambio, es señalado como un transportista aéreo, al igual que Gilberto Alejandro Cortez.
En los archivos de la Policía, figura como uno de los líderes de la organización el colombiano Guillermo Rodríguez. El extranjero presentó un recurso de revisión de la condena ante la Primera Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia, pero él falleció el 31 de octubre del 2009, en prisión. En el acta de protocolo de autopsia se detalla que la causa del deceso fue un edema agudo de pulmón.
Un foráneo sigue preso
El presidente de la Primera Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia, Hernán Ulloa, redujo la pena del mexicano Raúl Azpetia de 25 a 20 años de prisión, sentenciado como autor en el caso Aniversario. Según la Policía, estaba a cargo de las operaciones de la red internacional. Cumple su condena en el ex penal García Moreno, en el centro de Quito.
La Cancillería analiza la solicitud de refugio de otro narco: el colombiano Danilo Nieves Meza. Él fue detenido en Guayaquil en el 2002, en la operación Calamar. EE.UU. pidió su extradición, pero el Gobierno la denegó el 22 de marzo último. Nieves cumplió su condena. El 27 de abril, la Cancillería certificó que su pedido de asilo se analiza, por lo que no podía ser deportado a Colombia.