11 de January de 2011 00:00

Terratenientes dominan en el noroeste

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Sus rostros aparecen en descoloridos cartelones colgados junto a escuelas de madera. “Ab. Sergio Toral, asesor jurídico, líder popular”.

Sus nombres están marcados en los destartalados buses que recorren caminos polvorientos. “La Ladrillera, Largo, Monte Sinaí' Coop. Marcos Solís”.

Y resaltan en rótulos de bienvenida junto a cerros flanqueados por murallas de caña. “Voluntad de Dios. Hermano Balerio Estacio, defensor de los humildes”.

Sus huellas están grabadas en las tierras del noroeste de Guayaquil, entre la Perimetral y la vía a Daule. Ahí surge una nueva ciudad, de calles lodosas y humildes viviendas, por donde hasta hace dos semanas se paseaban ‘los terratenientes de la pobreza’.

Luis Carrillo solo conserva un certificado de posesión de un solar que le vendieron en la mz. 43 de la Cooperativa Marcos Moroni. Así consta en el papel firmado por Marcos Solís. “No soy invasor. Pagué por la tierra y me estafaron”.

Una covacha con paredes de plástico es el hogar de Graciela Vargas desde hace dos semanas. Así vive en la Coop. Sergio Toral III desde que el presidente Rafael Correa anunciara la reubicación y la lucha contra los “piratas traficantes de tierra”. Fue el 28 de diciembre durante un recorrido.

Ahí pasa el día y en la noche duerme sobre la maleza con sus hijos. “Le pagué al abogado Toral. No he construido porque no tengo dinero”. Como garantía la mujer solo tiene una cartola con un sello. Es la clienta 004181.Sergio Toral III, Voluntad de Dios, Ciudad de Dios, La Fortaleza, Marcos Moroni, Tierra de Canaán, Elvira Leonor, Los Socales' son nombres grabados solo en carteles y pagarés sin legalizar. Pero en los mapas del Municipio de Guayaquil no aparecen.

Todas se levantan en el área rústica o rural de la parroquia Pascuales, según la definición del Cabildo. Nacen justo detrás del límite de las cooperativas Sergio Toral I y Flor de Bastión, los últimos asentamientos consolidados donde termina la ciudad urbana.

Ni las autoridades ni los controles policiales atraviesan esa línea. “Esto es otra ciudad”, dice María Chávez. Hace cuatro años llegó a Ciudad de Dios, una cooperativa cercana al sector de La Ladrillera, en la avenida de Las Iguanas.

Ella nunca ha visto patrulleros rondar las calles zigzagueantes. “Aquí la ley es de don Tony Estacio. Él es el líder”. Cada semana, los vecinos del caserío pagaban USD 1 para la guardia privada.

Al igual que este, casi todos los servicios en el lugar están ‘privatizados’ o en manos de quienes les vendieron los solares. Para tener agua pagan USD 1 diario a vetustos tanqueros. Para tener energía deben hacer un contrato por USD 50 ó 200, una sola vez. Y para movilizarse deben tener USD 1 diario como mínimo.

Eduardo Morán vive en Tierra Prometida. Mientras sostiene una Biblia en su mano cuenta que el nombre lo alentó a comprar un lote en esa cooperativa. “Pero todo en esta vida es de sacrificio”, dice. Desde su casa hasta la vía a Daule hay más de una hora de camino, bordeando una gran pampa que poco a poco se está borrando.

Para el sociólogo Gaitán Villavicencio, mirar hacia el noroeste es retroceder en el tiempo. Explica que desde el siglo XIX las invasiones han marcado la dinámica de crecimiento de Guayaquil.

Los asentamientos ilegales en pantanos tras la creación del barrio Garay, la irrupción en la hacienda de Juan X. Marcos, que dio paso a los Guasmos, la consolidación del Suburbio, la ola invasora que formó la Isla Trinitaria tras la construcción de la Perimetral son algunas de las estampas de las invasiones en la ciudad.

Detrás de cada historia hay protagonistas. Carlos Castro, promotor de Bastión Popular en 1986, y Jaime Toral Zalamea, con Las Malvinas sobre los esteros del sur de Guayaquil, son algunos personajes. “Con las invasiones se ha venido construyendo una relación perversa entre dirigentes barriales, políticos y clientes”, comenta Villavicencio.

Esos nombres dieron paso a nuevos protagonistas, a quienes el Gobierno sigue de cerca. Uno de ellos es el ex asambleísta de País, Balerio Estacio, quien fue detenido el 30 de diciembre por supuesto delito de tráfico de tierras.

Según los informes del Registro de la Propiedad de Guayaquil, el abogado y pastor evangélico es propietario de dos terrenos en la parroquia Tarqui Popular. Los compró en julio del 2005 (en Flor de Bastión) y en mayo de 2006 (junto a la entrada de la línea 8).

Ambos alcanzan 431 050,29 metros cuadrados, en donde creó su propia ciudad, conocida como ‘Baleriolandia’. Allí, una escuela, un centro médico, una línea de buses y otra de mototaxis llevan el nombre del ex asambleísta.

Pero Estacio también estuvo vinculado en la venta de otros dos predios (544 466,50 m²), uno en la parroquia Pascuales y otro en la Tarqui.

En un historial de registro de tierras aparece como comprador en sociedad con Daysi Benalcázar, Piedad Pazmiño, su esposa, y Sergio Toral, quien también es investigado por las autoridades. Estos fueron vendidos en 1999 y en el 2003.

Una fórmula similar aplicó Marcos Solís, otro de los investigados. Él es conocido como líder comunitario entre quienes se asientan en la cooperativa Monte Sinaí, donde tenía una oficina que ahora permanece cerrada.

Su esposa y abogada, Dilia Saverio, conoce de cerca la historia del lugar. Cuenta que es parte de la hacienda La María, de más de 1 000 hectáreas, y de las cuales 388 fueron expropiadas a favor de una cooperativa de agricultores. Solís les daba asesoría.

“Mi esposo es licenciado en Administración de Empresas. En el 2003 entró a trabajar allí, hizo muchas cosas por el lugar. Y en el 2007 la cooperativa, que es solo de 30 hectáreas, fue constituida legalmente”, dice Saverio. Como prueba muestra certificados y un mapa que conoce a la perfección.

Tanto las etapas de la Balerio Estacio como Monte Sinaí aparecen en el listado de la Ley de legalización de tenencia de tierra en los cantones Guayaquil, Samborondón y El Triunfo. Esta fue inscrita en el Registro Oficial Nº 183 del 3 de octubre del 2007.

Esa Ley es el argumento de defensa de Saverio, quien dice no comprender el porqué de la persecución. “Me siento traicionada. Cuando fue la campaña electoral para la Alcaldía, yo trabajé muy cerca de María Duarte. Y ella no ha sido capaz de decirle al Presidente (Correa) que está equivocado, que no es verdad lo que hablan de Marcos (Solís)”.

Manabitas, esmeraldeños, chimboracenses, cañarenses, de zonas rurales de Guayas. Esa masa diversa hace de las cooperativas del noroeste un bastión atractivo para los políticos. Sus callejones de tierra, en invierno o en verano, son el escenario de mítines y recorridos de campaña.

Esa fue la ruta de varios funcionarios del Régimen, que ofrecieron obras y servicios en el lugar. El gobernador Roberto Cuero, la ministra María de los Ángeles Duarte -cuando fue candidata a la Alcaldía de Guayaquil- y el presidente Rafael Correa aparecen en fotografías junto a moradores y dirigentes como Marcos Solís.

Hilario Espinoza tiene un solar en la cooperativa Elvira Leonor. Desde que los militares armaron un campamento cerca de su casa no se despega de su machete.

La tarde de ayer, el ruido de los tractores volvió a resonar. Más de 10 casuchas fueron derribadas. “No es justo que nos tumben nuestras casas. Ya no se acuerdan cuando venían a buscarnos para ir a las marchas. Ahí sí éramos de A. País. Ahora nos dicen invasores”.

 El caso Estacio, a instrucción

La Unidad de Crimen Organizado de la Fiscalía del Guayas pidió ayer que se fijara fecha para formular cargos contra Marcos Solís y Tony Estacio. Con ello, se iniciará la instrucción (90 días para investigar). Pero la solicitud no fue recibida, porque a las 17:15 en la oficina de sorteos tenían represadas más de 3 000 boletas, según justificó una encargada.

En contra de los hermanos Balerio y Tony Estacio y del dirigente Marcos Solís se emitieron boletas de captura el 30 de diciembre; aunque solo Balerio Estacio, ex asambleísta Constituyente de Alianza País, fue detenido.

En la Fiscalía, a Balerio Estacio se lo investiga por cometer delitos contra la seguridad de las personas y por invadir tierras. El fiscal Julio Bacacela dijo que inició el proceso en su contra bajo dos artículos del Código Penal. El art. 575 numeral 1 menciona que se dará prisión de dos a cinco años a quienes “con el propósito de sacar provecho personal y a título de dirigentes, organicen seudocooperativas, e invadan tierras tanto en la zona urbana como en la rural, atentando de esta manera el derecho de propiedad privada”.

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