Una celda de unos tres metros de largo por dos de ancho es el hogar de Rolando Tapia. Siete cuadros pintados por él adornan la pared amarilla de su pequeña habitación. Una cama pequeña que va de pared a pared ocupa todo el espacio del cuarto.
Tapia vive en lo que alguna vez fue una bodega de carpintería. La estrechez no le molesta, pues le garantiza tener una vista “privilegiada” a la av. Occidental y al centro comercial El Condado, ubicado frente a la Cárcel 4.
Este “paisaje” le permitió mitigar en algo los efectos de la claustrofobia que padece desde hace algunos años y que con el encierro se agudizó (ver recuadro).
Él está detenido desde hace 23 meses y 25 días, acusado de atentar contra la seguridad del Estado por los hechos del 30 de septiembre del 2010, a pesar de que nunca estuvo en el Regimiento Quito ni en sus alrededores.
Tapia era el jefe de la Escolta Legislativa. Había asumido sus funciones apenas 10 días antes de la revuelta policial, por una orden superior. Él estaba de vacaciones cuidando a su esposa, Yolanda Cortez, quien sufre de arritmia.
Ese día, Tapia llegó tarde a la Asamblea, porque su esposa estaba delicada. Cuando entró, vio que un grupo de manifestantes quería entrar a este edificio. Dispuso que se reforzara la seguridad y se permitiera el ingreso del personal y de los asambleístas que portaban su credencial.
Tapia no participó de la protesta, no gritó consignas en contra del Régimen ni se unió a la movilización de los uniformados. Su “pecado” fue haber dado una declaración a los medios de comunicación, en la cual decía que se solidarizaba con sus compañeros por lo que pasaba. “Esa solidaridad era moral y espiritual. Ni yo ni los miembros de la Escolta quemamos llantas, ni nos unimos a la movilización”, aclara Tapia.
Su trayectoria policial
La carrera de Tapia se inició en 1983 en el servicio urbano del Guayas. En su hoja de vida consta que en el 2001 tuvo sus primeras funciones en la Escolta Legislativa, como subcomandante.
En sus 30 años en la institución, Tapia fue sancionado con 168 horas de arresto por faltas menores. “Eso es poco con relación a otros oficiales con más de 1 000 horas de arresto”, dice un alto jefe policial, que prefiere mantener su identidad en reserva.
Entre el 2001 y el 2004, fue edecán del general (r) Marcelo Vega, ex inspector de Policía. Lo recuerda como un hombre “muy correcto. Nos tocaba conocer temas delicados, porque investigábamos a todos los policías y nunca cometió una indiscreción”.
Durante su carrera policial le otorgaron ocho condecoraciones por sus años de servicio y su “buen desempeño” en “tareas encomendadas”, según la hoja de vida que está registrada en los archivos de la Policía. El último reconocimiento recibió el 16 de julio del 2010. Fue la condecoración al “servicio distinguido” otorgada por la Policía de Panamá. En ese país, fue agregado desde febrero del 2009 hasta abril del 2010.
Tapia tiene un aire de “papá oso”. No solo por su gran tamaño, mide 1,88 m, sino también porque siempre ayudaba a sus compañeros. Así lo recuerda el coronel (r) Herman Feijóo, quien lo dirigió en el Regimiento Quito, en la década de los años noventa.
Su pasión por los deportes
Tapia, quien en noviembre cumplirá 54 años, está casado desde hace 27 años, tiene tres hijos. No bebe ni fuma. Su pasión son los deportes y en especial el atletismo. Fue campeón sudamericano de 400 y 800 metros planos. Precisamente esto le abrió la puerta para ingresar a la Policía.
Estudiaba Ingeniería Civil en la Universidad Central. Un día, cuando entrenaba en la Concentración Deportiva de Pichincha, un oficial de la Escuela policial lo vio. Le ofreció una beca y le prometió que representaría al país en campeonatos policiales de atletismo. “Ese fue mi reclutamiento”, dice entre risas.
Sus padres no querían que fuese gendarme. Su padre había diseñado un futuro para sus siete hijos, vinculado con la construcción. Tapia prefirió ir a la Escuela policial cuando tenía 22 años.
Entre sus compañeros de clase estaba el coronel César Carrión, quien fue acusado de intentar asesinar al presidente Rafael Correa durante la revuelta policial.
Él fue declarado inocente pero Tapia no tuvo la misma suerte. En abril pasado, la Corte Nacional de Justicia ratificó su condena a tres años de prisión por atentar contra la seguridad del Estado, porque supuestamente evitó la sesión de Asamblea Nacional, el 30-S.
Eso también le costó una drástica sanción: el Coronel fue dado de baja de la Policía, por “mala conducta profesional”, según reza el Decreto Ejecutivo 891, de octubre del 2011.
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Según el oficialista Rolando Panchana, ex segundo vicepresidente de la Asamblea, el policía no cumplió con sus funciones. “Nos dijo a mí y a Irina Cabezas (ex vicepresidenta del Legislativo), que no podía garantizar nuestra seguridad, por las manifestaciones”, comenta.
Incluso, esta es la razón con la que Cabezas justificó que no se produjera la reunión del Pleno anunciada para esa tarde, en la cual se debía debatir la Ley de Servicio Público, que motivó la insubordinación policial.
Pero a las 17:00 de ese día, hora fijada para la sesión, los exteriores del Palacio Legislativo ya estaban en calma. No habían manifestantes, no había enfrentamientos…
Este escenario se repitió desde el mediodía. Los policías almorzaron con algunos asambleístas, funcionarios y periodistas en el comedor de la Asamblea.
Por ello los legisladores de oposición y Tapia estaban confiados en que sí se realizaría el debate y terminaría la protesta. Pero Cabezas prefirió suspender la sesión y dejar el Pleno, en medio de gritos de los policías y de algunos asambleístas, como Vladimir Vargas, quien incluso la llamó traidora.
Ahora, a casi dos años de estar preso, Tapia busca que se le conceda la libertad controlada. Pero aún no se ha concretado porque el director de la Cárcel 4, Esteban Altamirano, no ha firmado el único documento que le falta. Según su abogado, Víctor Hugo Cevallos, el funcionario les ha explicado que necesita autorización de su superior. Pero el Ministerio de Justicia, a cargo de la cárcel, dijo que “el caso de Tapia sigue el proceso normal”. Y que el Código de Penas establece que la libertad controlada será concedida por los directores de las prisiones.
La claustrofobia requiere terapia
En febrero del 2011, la familia del coronel Rolando Tapia presentó una denuncia ante la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (Cedhu), para pedir que interviniera en la defensa de la vida del oficial.
La razón: Tapia padece de un cuadro serio de claustrofobia que le ha desencadenado varios episodios de ansiedad y ataques de nervios.
Esta enfermedad se agudizó en enero del 2011, cuando fue trasladado junto a otros 13 policías desde la Cárcel 4 al pabellón de máxima seguridad del penal García Moreno de Quito. Por supuesta mala conducta en la prisión.
A pesar de los continuos esfuerzos de la Cedhu y las peticiones de la defensa de Tapia, el Ministerio de Justicia dijo que el policía se encontraba en buen estado de salud.
Pero la claustrofobia es una enfermedad que requiere de terapia psicológica para ser superada.
Según el psicólogo Byron López, este tipo de afección puede provocar incluso una lesión cerebral, que puede provocar que los pacientes pierdan facultades como el habla. Además, existen episodios que pueden desencadenar una crisis y ataques. “Por ejemplo, que se vaya la luz y una persona se quede encerrada en un ascensor, puede hacer que pierda el control”, explicó López.
Uno de estos episodios de ansiedad le provocaron a Tapia una descompensación por lo que una ambulancia, pedida por su esposa, acudió a ayudarlo. Le pusieron oxígeno hasta que se restableciera.
Para matar su tiempo, Tapia se concentró en ayudar a Danta Reyes, el ahora anciano ‘cuentero de Muisne’.
Pintó su celda, lavaba su ropa y arreglaba su cuarto.
Finalmente en diciembre del 2011, Tapia regresó a la Cárcel 4, al norte de Quito.