2 de March de 2010 00:00

En Sucumbíos hay 10 rutas de la droga

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Dimitri Barreto P.

Los 16 botes con motor fuera de borda están casi corroídos, como si hubieran sido abandonados, sin clientes, en el embarcadero de General Farfán. En los locales del poblado fronterizo, al norte de Sucumbíos, no hay compradores. Hasta los comedores que ofertaban guanta y bagre se cerraron.

“Antes del bombardeo la gente venía de Colombia con bastante plata. Ahora ya no hay negocio. La fumigación afectó a las plantaciones”, refiere Alexandra Díaz y estampa un pantalón jean contra las piedras, en la orilla del fronterizo río San Miguel, en Farfán.

Para Inteligencia militar la disminución de la afluencia de extranjeros a ese poblado, también conocido como La Punta, está relacionada con una migración del tráfico de drogas en Putumayo, departamento de Colombia.

Cerca de Farfán está el Puente Internacional San Miguel. Allí, en el extremo norte, Colombia instaló, luego del bombardeo de Angostura, un puesto fijo de FF.AA.

Los narcos colombianos replegaron sus rutas de salida de la droga a otros sitios de la selva, a la altura de Teteyé, al oriente, y al sector de La Bermeja, al occidente. “La disminución comercial en General Farfán se debe a la apertura del Puente Internacional, por allí pasa el comercio formal”, sostiene Hugo Villegas, jefe del Comando de Operaciones Amazonas de las FF.AA., a cargo de Sucumbíos.

Villegas, general de Brigada, muestra en un mapa, en la sede del Comando, en Coca, cómo se mueven los narcotraficantes en Colombia. Inteligencia militar ha identificado 10 corredores del tráfico de drogas hacia Ecuador.

Seis de ellos son fluviales, en los sectores Bermeja, Puerto Nuevo, Gabarra de Canta Gallo, Cuembí, Restrepo y Puerto El Carmen. Y cuatro son terrestres, desde Bermeja, Puerto Nuevo, El Palmar y Puerto El Carmen hasta Nueva Loja. Desde allí, los traficantes de drogas utilizan la infraestructura vial que une a Sucumbíos con la Sierra y el sur de la Amazonia, según un oficial de Inteligencia.

El Ejército reprueba el requerimiento hecho por pobladores de Santa Elena, aldea cercana a Angostura. Los cerca de 50 habitantes solicitaron a las autoridades de la provincia que se complete la construcción de la vía que uniría a esa localidad con Nueva Loja. Solo faltan 4 kilómetros, desde la línea de frontera hacia el interior. Para Villegas, esa ruta sería una vía para las actividades ilícitas.

Villegas sostiene que hay retenes móviles y fijos en esas rutas, y dice que parte del control es “ evitar que personas desaprensivas usen nominativos o insignias de las FF.AA. para llevar droga”. La medida tiene su origen en la captura de un capitán (r) y de un sargento (r) en el caso Aniversario, en 2009. “Fue un golpe tremendo saber que oficiales y voluntarios, al salir del Ejército, se han inmiscuido en actos ilegales. Existe el riesgo de que el personal sea tentado por el dinero del narcotráfico, pero no es alto”.

En el control del acceso vial a Farfán también participa la Policía. El puesto de vigilancia policial de La Punta tiene 12 uniformados. “En la parroquia no hay actos delictivos, como asaltos o robos”, dice el capitán Rodrigo Cáceres, a cargo del puesto desde hace seis meses. “Pero en los alrededores hay tráfico de productos, no a través de las principales vías, sino por vías secundarias”.

Él coordina con el destacamento de la Infantería de Marina, que está en Farfán con 200 hombres. Este reparto depende del Batallón de Selva Santa Cecilia.

Díaz destaca la presencia de la Marina y de la Policía, pero demanda trabajo. Relata que “hasta hace dos años en el restaurante de mi madre vendíamos hasta 50 pollos asados al día”, a colombianos que cruzaban la frontera cargados de pesos. Pero hace más de un año, por los problemas al otro lado, la gente dejó de venir, antes aquí hacían el mercado”.

Los botes fuera de borda ahora trasladan a ecuatorianos que van La Balastrera (Colombia) a vender combustible. “Aquí no tenemos de qué más vivir; no hay trabajo”, dice Jéssica Chiguango, de 18 años. Su padre y su madre, que se dedicaban a la venta de combustible, fueron asesinados hace un año, al otro lado de la frontera. Ella, quien es madre, y sus 10 hermanos quedaron huérfanos. “Agradecemos a la Marina, porque nos da la comida”.

Los pobladores de La Punta dicen conocer poco del Plan Ecuador, pero al evocarlo todos apuntan a Chicuango. En octubre, personeros ofrecieron ayudarla con su hijo, Haider, de 3 años. “El papá de mi hijo no me respondió. El niño no me hablaba, no caminaba, no se sentaba; no podía mantener firme la cabecita... Me ofrecieron una silla de ruedas, pero nunca más vinieron. Mi pequeño falleció el 8 de enero”.

“Ofrecieron ayudarla, pero solo buscaron saber nuestras necesidades”, resalta Díaz, quien también vende gasolina. “Saco USD 7 al día”, dice y sumerge la cabeza en el San Miguel, para aplacar el calor, al terminar de lavar la ropa de sus hijos, quienes saltan al agua desde el embarcadero.

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