12 de December de 2010 00:00

El sistema judicial no responde ante el clamor de las víctimas de la delincuencia

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Arturo Torres y Geovanny Tipanluisa

Las víctimas de la delincuencia se enfrentan en el sistema judicial a un nuevo verdugo.

Tratando de que los crímenes no queden en la impunidad, una parte de los afectados (la mayoría prefiere no presentar una denuncia, según varios estudios) busca que el sistema (Policía, Fiscalía, Justicia) les dé una respuesta.

Pero ese es el comienzo de un tortuoso proceso para los afectados que son revictimizados por la justicia inoperante, lenta y colapsada, observa el jurista Farith Simon, quien además recalca la exposición que sufren las víctimas al denunciar a los criminales.

El periodista Rómulo Barcos vivió esa experiencia el pasado 23 de noviembre. Ese día, en Guayaquil participó en una marcha para reclamarle al Estado más seguridad, luego de que su pequeño hijo Bruno falleciera con un disparo. En medio de la manifestación, un desconocido le dijo: “Ya sé dónde vives, cuídate”.

Aunque a los pocos días, la Policía capturó a los supuestos responsables, por la trascendencia del caso, la mayoría de ecuatorianos no tiene la misma suerte.

El 23 de febrero del 2009, Gabriel, de 21 años, fue apuñalado en el norte de Quito. 22 meses después su caso no se resuelve.

El jueves, sus padres llegaron al Juzgado III de lo Penal, para conocer cuándo se fijaría la audiencia de flagrancia para juzgar al presunto responsable.

La causa se inició en esa judicatura el 22 junio del 2010, pues el primer juicio se abrió en el Juzgado X de lo Penal y fue anulado. “Las víctimas estamos en la indefensión. Luego de tantos meses, para la Justicia es como si mi hijo acabara de morir”, dice Eduardo Caicedo, padre del joven.

Un ensayo del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), con base en informes de la Fiscalía, muestra la magnitud del problema: entre el 2005 y el 2008 se denunciaron en Ecuador 646 451 delitos (ver tabulado), se iniciaron 76 120 juicios, quedando sin resolverse 462 371. Y solamente llegaron a sentencia 7 930 procesos.

Anualmente, en cada juzgado penal se acumulan 19 560 juicios. Cada causa le cuesta al Estado USD 327, según un informe del Ministerio de Justicia, creado por el actual Gobierno. Es decir que entre el 2005 y el 2008 se gastaron en procesos que no caminan USD 151,2 millones, equivalentes al presupuesto anual que en promedio recibió la Función Judicial en ese período. Y lo más probable, según informes oficiales, es que el 70% de esos juicios sea desestimado.

Pese a ello, Benjamín Cevallos, presidente del Consejo de la Judicatura (órgano administrativo de la Función Judicial), pone énfasis en lo cuantitativo y dice que para el 2011 se requieren USD 411 millones, para más juzgados y jueces (actualmente hay 320).

Tras la muerte de su hijo, Caicedo pidió la captura de los responsables. Pero debió esperar 28 días para que se extienda la orden judicial. “Nos decían vengan mañana, vengan pasado, que no están los funcionarios”. Luego, capturaron a un sospechoso, y esperaron 45 días más para reconstruir los hechos.

En Quito, Rocío B. es otra víctima de la Justicia. Su madre fue asesinada el 6 de noviembre del 2009. Ahora están detenidos tres sospechosos, gracias a su actuación directa. “A los investigadores tuve que darles tarjetas de celulares, para que se comunicaran. Ofrecíamos el auto para que la fiscal no falte a las audiencias”.

En los últimos 20 años, la tasa de homicidios se ha duplicado. Mientras en 1990 era de 10,3 homicidios por cada 100 000 habitantes, en el 2009 alcanzó 18,7 y los estimados oficiales para el 2010 sugieren un incremento a 20. Según reportes gubernamentales, solo el 1,3% de las muertes denunciadas terminaron en una condena.

“Ecuador tiene una de las tasas más bajas de condena por muertes. En este país la posibilidad de ser sentenciado (a) por dar muerte a una persona es extraordinariamente baja”, alertó en su informe el relator de la ONU, Philip Alston, quien destacó el compromiso del Gobierno por mejorar el sistema de Justicia.

Wladimir Cornejo coincide con sus críticas. A su hermano, Francisco Cornejo, lo asesinaron en noviembre del 2009. La familia presentó la acusación en la Policía Judicial, pero aún no ha recibido ningún resultado.

Para medir el nivel de la satisfacción de los usuarios, Projusticia realizó una encuesta nacional a 1 980 personas. El 70% respondió que tiene poca confianza en la Justicia y el 19% ninguna.

Mejorar la administración de justicia “no es solo cuestión de dinero”, sino ponerse de acuerdo entre fiscales, jueces, abogados y policías, sostiene el presidente subrogante de la Corte Nacional de Justicia, Darío Bravo.

Simon cree que hay fallas estructurales, como la pésima gestión del Consejo de la Judicatura, que ha fracasado como administrador: “No evalúa el rendimiento de los jueces, tampoco identifica los puntos críticos, se ha limitado a exigir más recursos, pero no muestra resultados”.

Quien también vivió de cerca la lentitud de los procesos es Jaime Lema. El 9 de febrero del 2008 le robaron en su sastrería en el norte de Quito. Ese día presentó una denuncia, pero no recuperó sus pertenencias: perdió USD 18 000. “Los primeros meses los agentes venían o llamaban, pero luego se olvidaron”. Le volvieron a robar, pero no denunció. “No iba a perder tiempo otra vez”.

Junto a su local está el negocio de Fabián Rivadeneira. A él le robaron USD 20 000 en efectivo. Tras la denuncia, los agentes detuvieron a un sospechoso, pero por falta de pruebas lo liberaron a solamente cinco días.

La victimización por la inseguridad y los pobres resultados en la Justicia redundan en el deterioro acelerado del Estado de Derecho y la falta de apoyo al sistema democrático. Esa es una de las conclusiones del estudio ‘Cultura política de la democracia en Ecuador’ 2010, escrito por Juan Carlos Donoso, Daniel Montalvo y Diana Orces. “Los datos obtenidos (en base a encuestas) muestran que la victimización en el país aparentemente aumentó y que Ecuador es uno de los países con más alto índice de delincuencia, aunque la percepción de inseguridad se ha mantenido relativamente igual desde el 2001 al 2010”. Eso, junto a la percepción de la corrupción, “tienen un efecto negativo en el apoyo al sistema político (...) y al apoyo del estado de derecho, un pilar fundamental de la democracia, que debe ser fortalecido”.

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