13 de June de 2010 00:00

El sicariato contamina a las filas policiales

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Un hombre encapuchado bajó del asiento del copiloto de un Chevrolet Aveo, caminó hacia la parte posterior del auto y tomó del cinto una pistola.

La levantó con las dos manos hasta la altura de su rostro; apuntó a un motociclista y abrió fuego. Tres gendarmes que patrullaban en el barrio 20 de Febrero, en Quevedo (Los Ríos), alcanzaron a escuchar las detonaciones.Avanzaron una cuadra, hasta el lugar de donde provenía el ruido, y observaron al encapuchado aún prendido del arma. “Alto, Policía, baje la pistola”, gritó uno de los gendarmes mientras desenfundaba el arma de dotación Glock de 9 mm. “Tírese al piso con las manos en la cabeza”.

El pistolero no vaciló. Volvió a disparar contra los policías, pero fue alcanzado por una bala. Arrojó la pistola e ingresó rápidamente al asiento del copiloto del automóvil Aveo gris sin placas. Dentro había más encapuchados que lograron huir del sitio con el hombre armado.

Los gendarmes dieron aviso a las casas de salud de la zona, para que informaran si acudía un herido de bala en el transcurso de la noche. Solo 10 minutos después, a las 22:45, la alarma de seguridad se activó en el Hospital Sagrado Corazón de Jesús.

En el registro de ingresos de esa casa de salud consta que J. R. G. llegó desangrándose y en estado grave el 25 de marzo del 2010. Un guardia observó que bajó de un automóvil Aveo gris sin placas. “Se veía muy mal y lo acompañaba otra persona que no quiso identificarse”, asegura el vigilante privado.

Un grupo de policías llegó al sitio para custodiar al herido y se sorprendieron al mirar su rostro sin el pasamontañas. Se trataba de un compañero de armas, en servicio activo y asignado a la plaza de Quevedo. Trabajaba en el área de Criminalística.

Los médicos recomendaron que fuera trasladado a Guayaquil, porque necesitaba atención especializada, pero murió en el trayecto. Según la Policía, el arma que se encontró en el sitio donde fue atacado el motociclista era de uso oficial y estaba a cargo del fallecido. Era una Glock 9 milímetros serie MWT-518.

Los exámenes periciales apuntaron a J. R. G. como el supuesto armado que disparó en el barrio 20 de Febrero y atacó a los policías, pero ¿quiénes eran los otros encapuchados que lo acompañaban en el Aveo gris?, ¿también eran gendarmes?

Sicarios policiales

La Unidad de Lucha contra el Crimen Organizado (ULCO) y la Fiscalía abrieron investigaciones. La ULCO realizó un trabajo de Inteligencia y el 23 de abril presentó un informe.Allí se establece que J. R. G. integraba un escuadrón armado ilegal que realizaba ajusticiamientos en Quevedo. “J. R. G. fue parte de un grupo de policías, cuya consigna consistiría en realizar limpieza social, asesinando a los delincuentes que realizarían sus actividades ilícitas en Quevedo y posteriormente se inclinarían por la línea de asesinar con fines particulares”, reza en el informe.

El descubrimiento trascendió en las filas policiales y de ahí se filtró a la ciudadanía. Una decena de personas acudió al Comando de Los Ríos para denunciar que las muertes inicialmente asociadas con sicariato (sin detenidos) habían sido perpetradas por ese escuadrón. “Cobraban por matar a las personas, pero no podíamos denunciarlos porque nadie se atrevía a meterse con ellos, eran policías”, dijo uno de los comparecientes.

Según Inteligencia, la organización policial estaba integrada por 12 cabos y 12 gendarmes. Uno de ellos es S. M. C., el único en servicio pasivo de la lista, detenido en un Centro de Rehabilitación Social de Quito.

S. M. C. fue procesado en otro caso, por el asesinato de Gabriel T., pero Inteligencia sospecha que es el líder de la organización armada en Los Ríos.

Los ajustes de cuentas

No es la única zona en la que habría policías involucrados en grupos de sicariato. En Sucumbíos operó un escuadrón de ex policías que aseguraba luchar contra la delincuencia. En el 2008, aparecieron panfletos en los postes y calles de las principales ciudades de esa provincia.Allí se aseguraba que se iniciaría una “limpieza social” que buscaba la desaparición y muerte de drogadictos, trabajadoras sexuales, vagabundos, guerrilleros y traficantes. “Señores padres de familia, pasen más con sus hijos. No vaya a ser que caiga en esta limpieza. No nos responsabilizamos por la gente inocente que caiga”, se leía en una de las hojas volantes.

Son los escritos que un año después aparecieron en ciudades de Esmeraldas, Manabí, Los Ríos, Guayas y Santo Domingo de los Tsáchilas; en los mismos lugares donde se presentaron oleadas de muertes violentas.

En Los Ríos, durante el 2009, se denunciaron 100 asesinatos, según la Policía Judicial. Fue la cuarta provincia con mayor número de crímenes premeditados luego de Guayas (735), Esmeraldas (246) y Santo Domingo de los Tsáchilas (122). En esas provincias, más del 50% de muertes se relaciona con ajustes de cuentas, según Policía.

El coronel Juan Ruales, jefe del Comando de Policía del Guayas, confirma que la mayoría de muertes en su jurisdicción (60%) está relacionada con ajustes de cuentas. Aquellos fallecidos tenían “antecedentes penales” y eran “pandilleros que peleaban por el control del territorio”.

Según Fernando Carrión, catedrático de la Flacso, las bandas de sicarios, por lo general, están vinculadas a las redes del narcotráfico. “Se podría decir que se desarrollan de forma paralela”. Los asesinos a sueldo son el grupo de choque.

Aunque también hay quienes actúan de forma independiente: los que ofertan sus “servicios” en determinados barrios marginales, valiéndose de panfletos o incluso a través de páginas de anuncios de la Internet.

Según Carrión, estos sicarios viven de la demanda de la población: existe una cultura de intolerancia; las personas prefieren resolver los problemas emocionales, laborales o personales con violencia, en lugar de diálogo.

El escuadrón de Los Ríos

El nombre de S. M. C., apareció en el teléfono celular que se encontró en la ropa del policía fallecido J. R. G. En la bandeja de entrada había mensajes de texto codificados que, según la Policía, pudieran estar relacionados con las órdenes de ejecución. “Ya sabes qué hacer body solo te tengo a ti”, se leía en uno de los mensajes que llegó al móvil el día del ataque al motociclista. “Hoy hay fiesta, métele la cabeza de Homero P. en agua hirviendo”.

El nombre que se menciona en el celular coincide con el del conductor de la moto. Él recibió tres disparos en el cuerpo, pero logró sobrevivir. La fiscal lo citó para que rindiera una declaración, pero ahí negó que el auto en el que escaparon sus agresores haya sido un Aveo gris. “Huyeron en un Hyundai rojo”, dijo.

La ULCO sospecha que recibió amenazas y que por ello no quiso identificar el automóvil. Además, que el motociclista fue acusado por el escuadrón de sicarios de haber lanzado un taco de dinamita en la casa de uno de los integrantes de la banda.

En la Fiscalía se dijo que al no hallarse pruebas que relacionen directamente al policía fallecido, J. R. G., pese al informe de la ULCO, y al no tener acusación particular contra otros agentes, el caso de los policías sicarios podría archivarse el 26 de junio.

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