12 de November de 2011 00:01

Los servidores judiciales temen despidos

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Apenas se abren las puertas de acceso a los juzgados, una marea de gente se arremolina junto a las oficinas y escritorios de los jueces, secretarios y asistentes.

Los funcionarios atienden en medio de un ambiente que ellos llaman incierto. Esto, ante el anuncio del Consejo de la Judicatura de Transición (CJT) de iniciar las evaluaciones a 7 000 servidores judiciales, entre jueces, secretarios, asistentes, fiscales y otros.

Ayer se conoció que el 24 de este mes se realizarán las pruebas psicológicas y el 10 de diciembre las de conocimiento.

Un funcionario que trabaja 23 años en los archivos de uno de los juzgado de Pichincha dice que él y sus compañeros temen que las evaluaciones sean para despedirles de sus puestos de trabajo.

En talleres simultáneos realizados en Quito, Cuenca y Guayaquil, el CJT informó sobre la metodología de las evaluaciones.

Ayer, la vocal del Consejo de la Judicatura (CJ), Tania Arias, estuvo por Bolívar y explicaba la metodología de las evaluaciones.

Sin embargo, la mayoría de los empleados ignora cómo serán calificados. “Solamente hay rumores de que nos harán pruebas de conocimiento y psicológicas”, comentó otro funcionario.

El reglamento está listo. El CJT lo aprobó el 25 de octubre pasado. Tiene 15 páginas y allí se dice que se medirá la productividad, el expediente personal, pruebas de conocimiento y psicológicas y capacitación recibida.

El artículo 13 del documento dice: “Se considerará evaluación positiva al puntaje obtenido entre 70 y 100 puntos.

Los judiciales piden claridad en las evaluaciones. Una delegación de las asociaciones provinciales de servidores judiciales incluso se reunió con los vocales del CJT.

Allí plantearon sus inquietudes, hicieron reparos a las cuatro variables que incluye el instructivo.

En los considerandos del Reglamento se dice que quienes “merezcan evaluación positiva no deberán someterse a concursos de méritos y oposición para su permanencia”. Luego se indica que aquellos funcionarios “que no alcanzaren los mínimos requeridos serán inmediatamente cesados en sus cargos, liquidados e indemnizados de acuerdo a la ley”.

En juzgados como el XIV de Garantías Penales de Pichincha, los funcionarios aprovechaban los espacios de tiempo en las jornadas diarias para avanzar con el inventario de causas retrasadas. Estos pretendían inventariar todas las causas. En el artículo 6 de la resolución Nº 012-2011 del CJT se estableció que los resultados de las ocho jornadas de los sábados serán consideradas en la evaluación de desempeño de cada uno.

Jorge Avilés, presidente de la Asociación de Servidores Judiciales de Azuay, dijo que no se puede utilizar un mismo esquema para medir el rendimiento de los empleados de uno u otro juzgado: las cargas de trabajo son distintas.

Los dirigentes insistieron que en el caso de las oficinas de la Niñez y Adolescencia resulta imposible ponerse al día con el despacho de las causas. Esto, porque los juicios se cierran cuando los hijos de los litigantes cumplen 21 años, pero si se trata de dependientes con discapacidades, los procesos no pierden vigencia.

A los servidores judiciales les preocupa que al considerar sus expedientes personales se vaya a restarles entre 2,5 y 10 puntos a quienes durante su carrera haya tenido alguna amonestación.

Según Manuel Cabrera, dirigente de Cañar, aquello “sería un doble juzgamiento por una misma causa y eso es inconstitucional. Para esto debe existir otra visión, porque si una persona es reincidente será correcto que quede fuera (de su cargo)”.

Ángel Rubio, presidente de la Federación Nacional de Judiciales, manifestó no oponerse a las evaluaciones, pero hizo una aseveración: “Parecemos conejillos de Indias ante los ensayos que se pretende hacer”. Se refirió a que el CJT armará un perfil del servidor público ideal para utilizar como modelo de medición.

No obstante, el presidente del CJT, Paulo Rodríguez, insistió en que hay tranquilidad entre los servidores judiciales. “Solo les preocupaba las pruebas psicológicas, pero ya les explicamos”. En el Reglamento se dice que estas pruebas tendrán un enfoque psicojurídico y psicotécnico, “cuyo objetivo es garantizar el perfil adecuado de los servidores”.

Hasta ayer no se sabía exactamente el lugar en donde se desarrollará este proceso.

En capacitación se tomará en cuenta la formación académica y puntuarán los diplomados, especializaciones, maestrías o títulos de PhD. Estas deberán ser acreditadas con una copia certificada o notariada que conste en la carpeta del expediente personal que en este proceso presenten los funcionarios judiciales.

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Las evaluaciones

El Decreto 813 contempla la  compra  de renuncias.  Los judiciales  consideran    que no deberían  dejar sus puestos  mientras no concluyan las evaluaciones.

El presidente del CJT,   Paulo Rodríguez, dijo que se invertirán alrededor de USD 8 millones en el proceso de evaluación a los servidores judiciales.

Según Mario Mejía,   vicepresidente de los judiciales de Pichincha, las evaluaciones deberán enmarcarse en cada área de servicio y no basarse en parámetros generales.

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